Entre los 300 colectivos sociales que se unieron en el grupo «30 Años: Memoria, Verdad y Justicia» para convocar la marcha figuran Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas, HIJOS, varios partidos políticos y asociaciones vecinales.

La historia fluye y recorre los años alimentando páginas de libros y de la prensa, siendo parte de un acontecer demasiado vertiginoso. Es en estas fechas cuando las sociedades ven en perspectiva qué pasó en el camino que las llevó por determinado rumbo.

Muchos argentinos seguramente harán ese ejercicio este 24-M. Veamos qué momentos se pueden recopilar para reconstruir y entender una historia que nació en una noche de hace tres décadas, la noche más larga y sangrienta.

La era del proceso

En marzo de 1976 estaba en el poder Isabel Perón, viuda del legendario líder y vicepresidenta de su tercer y último gobierno. Juan Perón murió en 1974 e Isabel Perón quedó al mando de un país con crisis inflacionaria, estancamiento económico y movimientos guerrilleros incontrolables que atacaban con virulencia.

Para acabar con ellos el Gobierno de la presidenta Perón acudió a dos métodos. El primero, que resultó la primera forma de terrorismo de Estado, fue permitir que se organizara la Triple A, una organización paraestatal y paramilitar que acosaba, amenazaba y mataba a supuestos subversivos.

El segundo método fue firmar un decreto, en el ocaso de su gobierno, en el cual daba a las Fuerzas Armadas argentinas toda la libertad para luchar contra la subversión.

Esto no bastó para la voracidad de la corporación militar, que se dejó ganar por su hambruna política y por la condescendencia de los grupos económicos más poderosos del país y del Gobierno norteamericano, y decidió golpear al Gobierno constitucional.

Cabe aclarar también, en justicia con la historia, que amplios sectores en Argentina, incluso peronistas, apoyaron este golpe de Estado.

Las Fuerzas Armadas argentinas decidieron que una Junta militar integrada por los tres jefes de cada fuerza gobernaría la nación e inauguraron el nuevo período histórico bajo el ambicioso lema de Proceso de Reorganización Nacional, cono- cido popularmente como «el proceso», que duraría siete nefastos años.

La Junta militar declaró como objetivo principal derrotar la subversión armada y sanear la economía. En nada tuvo éxito. Con respecto a la economía, el objetivo soslayado que tenían los militares y sus respaldos en los sectores económicos no era sanearla, sino implantar el neoliberalismo más feroz y radical: se propició la contracción de la demanda interna, el desmantelamiento del poderoso aparato industrial argentino, un tipo de cambio favorable a la importación indiscriminada y la promoción del sector financiero y de servicios.

El amanecer democrático

Tras varios intentos de los militares para ganarse a la ciudadanía y así perpetuarse en el poder (como el dudoso triunfo argentino en el Campeonato del Mundo de Fútbol de 1978, la casi guerra con Chile por el Canal de Beagle o el inducido fervor patriótico por la Guerra de Malvinas), la noche del Proceso llegó a su fin en 1983 y las Fuerzas Armadas argentinas debieron convocar a elecciones, hastiadas por la crisis económica y el rechazo popular que se hacía notar de forma creciente.

El candidato que ganó las elecciones argentinas fue Raúl Alfonsín, de la rama más progresista de la UCR, cuyo hincapié en los valores cívicos y constitucionales enamoraron a un pueblo que volvía a creer en la democracia.

Raúl Alfonsín, sin embargo, tendría que luchar durante todo su mandato con las reacciones de la corporación militar del país.

El primer round fue en 1984. La primera intención de Alfonsín era que las Fuerzas Armadas argentinas se depuraran a sí mismas. Mientras, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (la célebre CONADEP) entregó al Gobierno su informe, en el que se probaba la desaparición de al menos 8.960 personas.

Ante la negativa de las Fuerzas Armadas argentinas a hacer justicia entre los propios, la Cámara Federal realizó en 1985 el megajuicio contra las Juntas Militares que gobernaron en los años del Proceso, determinando su culpabilidad.

Medidas de impunidad

Para evitar cataratas de juicios contra oficiales de menor grado acusados de violación de los derechos humanos, en 1986 el presidente Alfonsín envió al Congreso los proyectos de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

La primera ley definía la inocencia de los militares de rangos inferiores a causa de que seguían órdenes de superiores, y la segunda ley daba por extinguidas todas las causas judiciales contra militares que no fueran juzgados en un plazo de dos meses.

Estas leyes fueron una clara concesión a las presiones de los militares, algunos de los cuales, bajo la denominación de «carapintadas», se sublevaron varias veces, amotinándose en sus cuarteles.

El brote hiperinflacionario y la oposición aguerrida del peronismo y sus gremios adictos provocaron el derrumbe de Raúl Alfonsín, que renunció anticipadamente en 1989.

Seguidamente sería electo presidente el peronista Carlos Menem, quien sufrió en diciembre de 1990 un sangriento levantamiento militar de los «carapintadas», quienes esgrimían reivindicaciones para las Fuerzas Armadas argentinas. La insurrección fue aplastada pero, pocos días después, Carlos Menem decretaría el sello definitivo de la impunidad: el indulto a todos los militares enjuiciados en 1985.

Pese a las manifestaciones populares y al rechazo social registrados en el país, Carlos Menem no revocó su decisión y se ganó así el apoyo de los militares, quienes con el correr de los años disminuyeron drásticamente su influencia social y política.

Sin embargo, la sensación de impunidad motorizó a los organismos de derechos humanos del país, quienes continuaron su lucha por la justicia y por la memoria en relación a los crímenes de lesa humanidad.

Los organismos de defensa de los derechos humanos buscaron métodos para perseguir a los militares acusados. El indulto presidencial los exoneraba de todos los delitos menos del de sustracción de menores. Gracias a ese agujero legal, los ex dictadores argentinos fueron apresados, pero dada su elevada edad gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.

También se utilizó la metodología del «escrache» (término local que significa hacer notar enfáticamente la presencia de los militares delincuentes), para alertar en los barrios el domicilio de los militares y colaboradores. Este ritual lo realiza desde los años 90 la agrupación HIJOS.

El giro K

En 2003 fue electo presidente Néstor Kirchner. Su pasado como militante del peronismo juvenil en los 70 le hacía ver el conflicto con los militares de una manera muy distinta al resto de sus partidarios. Desde el primer momento, Kirchner modificó la política estatal de derechos humanos: relevó a integrantes de las cúpulas militares ligados a la represión ilegal; expropió el edificio de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), principal centro clandestino de detención y torturas, y lo convirtió en Museo para la Memoria; y encaró un fluido diálogo con las Madres de Plaza de Mayo (ambas vertientes), las Abuelas y los distintos organismos de DDHH. El último gesto gubernamental llegó la semana pasada, cuando el Congreso sancionó que el 24 de marzo sea «feriado nacional inamovible».

Pero su decisión más contundente fue promover que el Congreso declarara la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La Corte Suprema, además, declaró en junio pasado la inconstitucionalidad de estas leyes, argumentando que ninguna ley puede favorecer la impunidad de delitos de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. Este hecho trascendental permite enjuiciar a todos los que hasta ahora eran protegidos por el paraguas legal de las leyes del perdón. Varios juicios ya han sido activados.

Sin embargo, los organismos de DDHH persisten en reclamos específicos pero claves: la nulidad de los indultos de Menem, el traspaso de los culpables a cárceles comunes y revocarles la prisión domiciliaria, la remoción de todos los jueces que fueron cómplices durante la dictadura y el enjuiciamiento a los médicos, enfermeros y autoridades eclesiásticas que participaron activamente.

Cada aniversario del 24-M, los jefes de las FFAA realizan en sus discursos de días previos un mea culpa donde aseguran denostar las actividades de la represión ilegal. Sin embargo, en el último «escrache» realizado al ex dictador Videla, la presidenta de Madres (Línea Fundadora), Nora Cortiñas, aclaró, para que nadie olvide, que no hay mea culpa que alcance, si no informan ellos mismos dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos, cómo fueron sus destinos. -

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