El editorial de “El País” de ayer apuntaba que la declaración de ETA no es ajena a contactos habidos entre ésta y el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y llegaba a sugerir incluso que el texto podía haber sido «pactado». Sin entrar a valorar la exactitud o no de los datos que aporta, la afirmación de este diario ­presuntamente bien conectado con La Moncloa­ de que han existido contactos que han gestado esta nueva situación sí indica que las oportunidades políticas no se producen por generación espontánea. No está de más recordar que, en una entrevista concedida a “Berria” hace casi un año, ETA reconoció que estaba intentando abrir un proceso de negociación con el Gobierno español. En estas coordenadas, las lecturas que atribuyen la última decisión de ETA a cuestiones más técnicas que políticas, como las derivadas del daño que le puede hacer la presión policial, tienen escaso fundamento. Las proclamas sobre la derrota de la organización armada deben entenderse más como intentos de evitar preguntas incómodas y de contentar a determinadas parroquias que de aportar un mínimo de rigor al debate político.

El anuncio de ETA provocó, asimismo, reacciones en torno a la necesidad de constituir una mesa entre los agentes políticos vascos para alcanzar un acuerdo que lleve a este país a un nuevo escenario.

Así pues, con la mencionada declaración se han puesto de manifiesto las dos vías definidas en la proposición de Anoeta como método para abordar un proceso político de resolución del tan traído y llevado conflicto: la de ETA con los estados y la de los agentes de Euskal Herria.

Recientemente, en una entrevista concedida a GARA, el dirigente jelkide Joseba Egibar hizo unas ilustrativas declaraciones so- bre ambos carriles y su interrelación para un proceso de carácter integral. «Esa primera mesa ­dijo en alusión a la de ETA con los gobiernos­ va a posibilitar el inicio de la mesa de partidos, y el desarrollo de esta segunda cerrará la primera». Planteado de esta forma, podría entenderse que el primer paso ya se ha dado y que la declaración de alto el fuego abre el camino a la constitución del segundo foro. Si seguimos el razonamiento, recae sobre los agentes políticos la responsabilidad de alcanzar en su mesa un acuerdo cuyo contenido permita la desmilitarización efectiva del conflicto, es decir, la responsa- bilidad de colocar la base en la que la existencia misma de presos políticos, la ocupación militar y la cuestión de las víctimas puedan superarse acordada y definitivamente.

Si determinados partidos se resisten a entrar al fondo del problema (derecho a decidir de todos los ciudadanos vascos) y sólo pretenden ensayar fórmulas de seudosolución (reparto de poder competencial dentro del modelo autonómico y de división territorial), asumirían la responsabilidad de dejar irresuelto el conflicto.

En el camino de la solución integral, aparece como elemento sustantivo la implicación directa de la sociedad. Así se ha dicho en muchas manifestaciones y comparecencias de los últimos días, empezando por la propia declaración de ETA. La participación social no se limita a un determinado tiempo del proceso, sino que debe servir para impulsarlo, blindarlo y, finalmente, a través de la consulta popular, concluirlo y legitimarlo.

El respeto a la decisión que adopte la ciudadanía vasca sobre el acuerdo alcanzado entre los diferentes agentes adquiere en estos momentos una importancia capital. La exigencia a los estados español y francés de que asumirán, sin injerencias, la voluntad de los ciudadanos vascos debe ser atendida positivamente, mejor hoy que mañana.

Se debe producir, asimismo, la desactivación de los mecanismos represivos que pueden impedir avanzar en el camino, además de mitigar desde ya mismo, con la simple aplicación de la legislación ordinaria y sin necesidad de futuras negociaciones, el sufrimiento ex- tremo al que se ven sometidos los presos vascos. No hace falta ser muy avezado para comprender, por ejemplo, que las actuaciones contra interlocutores o las limitaciones impuestas por la ilegalización torpedean las opciones de dar continuidad al proceso.

Todos estos mimbres son necesarios si se quiere construir el cesto de la resolución conflicto. -