Hay un principio jurídico (y moral) que dice: el derecho (o la ley) administrado con sumo rigor y rudeza, sin proporcionalidad alguna, con el fin sólo de castigar y por pura venganza, aplicando leyes cualesquiera, y por jueces nombrados de manera incorrecta y por intereses espúreos, o por tribunales poco normales, se convierte sin más en suma injusticia. En esos casos el símbolo de la justicia tiene las balanzas desequilibradas y mira por el rabillo del ojo al desgraciado reo. Hay estados llamados «de Derecho», pero que en realidad son de pura prevaricación, porque se dictan leyes sabiendo que son inválidas, se montan en una democracia tribunales excepcionales, y se nombran jueces a dedo y según los intereses del que manda, como es el caso del Estado español.

Esto para mí, entre nosotros, es cruda y general realidad, que no sólo pervierte el uso de la justicia y a la justicia misma, sino que corrompe la conciencia de los ciudadanos gravemente, impulsándoles a cometer por sí mismos toda clase de injusticias. Si el abad juzga a los monjes... Bastarán pocos ejemplos, llamativos y hasta clamorosos, para mostrar que esto es así en el Estado español.

La llamada Ley de Partidos es por su propia naturaleza una ley inválida. Además de sus imprecisiones clamorosas (estilo Garzón) que dan para lo que uno quiera y recortar derechos sustantivos individuales y colectivos, falta a uno de los principios que deben regir la promulgación de las leyes. Es nula de iure la que se da para una persona o para un grupo muy reducido de gentes en comparación de toda la sociedad. Aplicarla simplemente porque está en vigor es pura prevaricación, lo haga Agamenón o su porquero.

Un tribunal de excepción en un contexto que quiere ser democrático no es admisible, es incapaz de administrar justicia con equidad y objetividad. ¿Hasta cuándo el Estado va a seguir haciendo el ridículo y desacreditándose con el proceso 18/98? Lo estamos viendo todos los días cómo funciona y qué justicia administra, y qué tipo de jueces crea, como Garzón, Marlaska o Murillo. Instituciones grotescas, procedimientos escandalosos, sentencias de pura y ruda vergüenza, son el pan nuestro de cada día por pura necesidad, dada la naturaleza de un tribunal así y de los personajes que lo componen. Tribunales de guerra a cuyos autores y componentes algún día habrá que juzgar muy seriamente en tribunales populares.

La llamada grotesca y dramáticamente «ley Parot», creada por los jueces usurpando poderes legislativos y administrativos, además con el agravante de tener efectos retroactivos, implantando de hecho la cadena perpetua, es anticonstitucional y mula de pleno derecho. Un monumento a la insensatez y a la crueldad.

Los propios tribunales superiores que se nos muestran con pomposas apariencias están formados a dedo, por puros intereses del que manda, para que todo salga como ellos quieren. Eso somete a los jueces al poder político, y es fuente inevitable de flagrantes injusticias.

Lo dicho: aquíse da, en su estado puro, aquello de «summum ius, summa iniuria». Y todo esto se agrava cuando ha sobrevenido una situación muy prometedora, que clama a gritos, y con urgencia,a que cuanto antes se ponga remedio a esta flagrante situación. Cada día que pasa es una baza gratuita a todos los energúmenos que a todo trance quisieran impedir un proceso de pacificación y de normalización política que tanto necesitamos. Ampararse en la llamada «alarma social» que previamente se crea adrede es, simplemente, aberrante, gratuito y falaz, algo que de ningún modo podemos consentir.

Y como creyente, para algo sirve la fe, termino con una frase de Jesucristo a los suyos: «Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos (legalistas empedernidos), no entraréis en el Reino de los Cielos». -