Dado que la Ley del Suelo está dando bastante que hablar en estos últimos días, y dado que el tráfico de artículos y opiniones está siendo cuando menos intenso, desde Elkartzen queremos una vez más valorar dicha ley y, de paso, responder a un artículo de opinión que por su sugerente título nos ha llamado la atención. El pasado día 13 de marzo GARA publicó una colaboración firmada por el Sr. Dean, viceconsejero de Vivien- da del ejecutivo de Lakua y miembro de Ezker Batua, con el sugerente titulo “Ley del Suelo de izquierdas”. Quisiera hacer unas reflexiones sobre ese barniz de izquierdas con que se quiere disimular una ley cocinada en el seno de un gobierno de derechas, que ha pactado todos los cambios económicos neoliberales y que está desmantelando el ya raquítico estado del bienestar que había en este país. Y es que desde 1993 el peso del gasto público vasco ha pasado del 24% al 19% del PIB.

El Gobierno Vasco asumió temas importantes que han posibilitado la situación actual de insostenibilidad de la vivienda como el desmantelamiento industrial iniciado en la década de los 80, que dejaba grandes reservas de suelo a la especulación; el cambio de la Ley de Arrendamiento Urbano, liberalizándolo; o una fiscalidad que prima la propiedad sobre el derecho al uso de la vivienda. En definitiva, el Gobierno Vasco lleva más de 25 años legislando sin que hasta ahora le haya preocupado no tener una ley del suelo propia, lo que ha permitido desembocar en el actual proyecto de ley que consolida la privatización de la gestión del suelo, dejándolo en manos de los promotores privados.

Tras analizar el acuerdo alcanzado sobre el Proyecto de Ley y Urbanismo vasco, podemos señalar algunos puntos.

1.-Vivienda. Esto es lo que más les ha interesado, la construcción de nuevas urbanizaciones. En el proyecto no se trata de forma específica la especulación que se genera con la vivienda vacía, ni la generación de dinero negro a través de los alquileres abusivos que se cobran y que no son declarados. Habla de las 3.000 viviendas logradas en el programa Bizigune, de las más de 144.000 vacías en la CAPV (datos reales del censo). Lo que no dice es que con este programa están traspasando dinero de las arcas publicas a bolsillos de los dueños de los pisos, puesto que subvencionan alquileres privados pagando a los propietarios según los precios de mercado, la diferencia que el solicitante de alquiler social no puede pagar; precios que son aceptados por el Gobierno, a pesar de que un alquiler medio significa casi el 150% del Salario Mínimo Interprofesional.

Volviendo a la construcción, decir que no sólo se han rebajado los estándares de VPO introduciendo las VPO tasadas, sino que una parte de éstas pasan a convertirse en Viviendas de Protección Municipal (los ayuntamientos han comenzado a modificar sus Planes de Ordenación para poder especular con las viviendas que les corresponden), más caras todavía y dejando en manos de los ayuntamientos las condiciones de adjudicación, que si son como las que conocemos, no es requisito carecer de vivienda, por ejemplo. Ha estirado el baremo por la parte de los que pueden pagar. No hay que olvidar que una de las condiciones que pone el PSE, recogiendo las peticiones del sector, es que el precio de venta cubra los costes de construcción, compra de suelo y urbanización. Supongo que la parte social la deja en los apartamentos de alquiler transitorio como equipamiento dotacional. Esto es, en un 10% del total de una urbanización, como muy bien dice, 2.000 de 20.000 en Donostia. Sólo hay que hacer cuentas a cuántos toca del total de las más de 100.000 peticiones. Unas peticiones que significan sólo la mínima parte de los necesitados, porque hay muchas personas que no llegan ni a poder apuntarse en las listas de peticionarios por carecer de rentas mínimas o falta de estabilidad laboral; ­y éstas no son las que tienen rentas de 43.000 euros­, y que sí quedan cubiertas con la nueva ley.

Otro tema que el Sr. Dean no menciona es la razón por la que sólo es obligatoria la reserva de suelo para construir Viviendas de Protección en municipios de más de 3.000 habitantes, porque la consecuencia va a ser una emigración en dos sentidos, de rentas bajas a municipios grandes y de rentas altas a municipios pequeños, con precio de vivienda de mercado libre.

2.- Sistemas de ejecución. El proyecto inicial contemplaba dos sistemas públicos de ejecución, Cooperación y Expropiación, y un novedoso y contradictorio sistema privado de ejecución, el Agente Urbanizador. El acuerdo pactado introduce un nuevo sistema privado denominado de Concertación. Éste, entre otras cosas, rebaja el requisito mínimo para llevar adelante la ejecución de la urbanización por los propietarios de los terrenos al 50% de la propiedad (en el antiguo sistema de compensación este requisito era del 60%). Así, tenemos que una ley de izquierdas introduce y desarrolla dos sistemas de ejecución privados, el del polémico Agente Urbanizador y el de Concertación, todos ellos con amplios poderes para desarrollar los instrumentos de urbanización, limitándose la institución a dar el visto bueno. Esto se denomina privatización del suelo, dejar lo que concierne a la ejecución del urbanismo en manos privadas, lo que unido a la posibilidad de una revisión permanente de los planes de urbanización nos da como resultado que la construcción de las viviendas futuras dependerá de las necesidades y ritmos que mar- quen los promotores que, según sus intereses, podrán crear verdaderas zonas marginales en los pueblos. ¿Planificación social para los más necesitados?

3.- Suelo No Urbanizable. Este proyecto de ley que prima el carácter economicista y el concepto neoliberal del suelo, no protege en absoluto al agricultor y ganadero. Lo deja a expensas de lo que las urbes necesitan: campos de golf, pistas de carreras, grandes infraestructuras, etc. No contempla medidas que protejan a los trabajadores del sector primario frente al ataque de la especulación, todo se puede vender y transformar.

4.- Participación social. La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en lo referente a la elaboración de las normas urbanísticas es muy pobre, y por supuesto no es para nada vinculante para los regidores institucionales. Se limita al dere- cho de información y recurso a la hora de elaborar los planes, excluyendo a los agentes sociales. Es muy clarificador que en la fase de elaboración del proyecto de ley presentado el año 2005 no se ha consultado con ningún agente social que trabaja en el campo de la vivienda.

En la tramitación del proyecto de ley, Eudel y los representantes del sector de la construcción han podido exponer su punto de vista ante la Comisión de Ordenación del territorio y Medio Ambiente, mientras que a Elkartzen, así como a otra serie de agentes sociales que trabajan en el campo de la exclusión social, uno de cuyos factores es la vivienda, no se les ha dado esta oportunidad, aun habiéndolo pedido en tiempo y forma reglamentarios en alguno de los casos.

Es de reseñar asimismo que el Departamento del Sr. Dean envió una copia del acuerdo alcanzado con el PSE al sector de la construcción y a los ayuntamientos, mientras que los organismos sociales hemos debido obtenerlo por nuestros propios medios. Aunque este caso omiso a los agentes sociales no nos coge de sorpresa, ya que en las últimas elecciones al Parlamento Vasco Elkartzen solicitó una entrevista a todos los partidos políticos que se presentaban para analizar conjuntamente el programa social del partido y las reivindicaciones básicas de los grupos sociales recogidas por Elkartzen. A esta solicitud no respondió IU, a pesar de que sí lo hicieron otros partidos.

Esto son algunas pinceladas de esta “Ley de Suelo de izquierdas” que va a sacar adelante un Gobierno vasco de derechas que utiliza a IU para poder venderla. -