En Euskal Herria las leyes reconocen una serie de derechos sociales, pero tienen enormes carencias y son inalcanzables para una parte importante de la sociedad como son los sectores más desfavorecidos (mujeres, jóvenes, inmigrantes o personas con discapacidad). Las instituciones vascas tienen una enorme responsabilidad en esta situación, ya que sus políticas neoliberales llevan, por ejemplo, a que:

El Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra sean las instituciones que menos recursos destinan a la sanidad pública, lo que deteriora la calidad del servicio y precariza las condiciones de trabajo en el sector.

En gasto público en educación estemos a la cola europea, existiendo carencias graves como la insuficiencia de plazas públicas en el tramo de 0 a 3 años.

No existan derechos efectivos que puedan reclamar las personas con dependencia. Cada vez son mayores las necesidades sin cubrir, repercutiendo en que el cuidado se haga en el ámbito familiar, es decir, por las mujeres.

La política de vivienda del Gobierno de Navarra y del Gobierno vasco está siendo muy insuficiente, con lo que las viviendas sociales de alquiler siguen siendo excepción, y el precio de las viviendas sigue batiendo récords día a día.

Por todo ello, y porque creemos que lo único que hace falta para avanzar hacia otra sociedad más justa es voluntad política, ELA, ESK y STEE-EILAS presentamos en los Parlamentos vasco y de Navarra sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILPs), reivindicando derechos concretos en dependencia, sanidad, educación y vivienda.

La Mesa del Parlamento vasco (compuesta por PNV, EA, EB, PSE y PP) decidió por unanimidad la no admisión a trámite de la ILP. Lo mismo ha ocurrido en Nafarroa, aunque alegando motivos muy diferentes. Se cercena la posibilidad de que se lleve el tema al Parlamento.

La negativa de la Mesa del Parlamento vasco a aceptar la tramitación de la ILP nos parece inaceptable y muy grave. Se pretende justificar en un informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento, informe en el que consta que existen muchas dudas y que es preceptivo, pero no vinculante. La última ILP presentada en el Parlamento, la ‘‘ILP para una Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos’’ fue admitida a trámite pese a que el informe jurídico era contrario.

Los argumentos con los que se ha rechazado son dos: La falta de homogeneidad de los temas que se recogían. Sin embargo, tiene un nexo de unión claro: el modelo de sociedad justo y solidario que defendemos. Y desde luego no hay más hetereogenidad que en otras ILPs admitidas a trámite.

Que la propuesta sobre la enseñanza de 0 a 3 años es idéntica a la de una proposición no de ley aprobada por el Parlamento en esta misma legislatura. No es así, a pesar de lo cual ya transmitimos a los miembros de la Mesa nuestra disposición a modificar este punto de la ILP.

Cuando se nos ha notificado la decisión de no admitirla se ha subrayado que «no se ha tenido ninguna duda». Una seguridad muy preocupante si tenemos en cuenta lo que dice el propio informe jurídico.

La causa real del rechazo de la ILP es exclusivamente política. Quienes mandan (y una parte importante de la oposición) reservan en exclusiva la participación política a los partidos, negando un valor tan importante como es la democracia participativa, demostrando el nulo interés para que los grandes déficit sociales que denunciamos puedan condicionar en modo alguno el trabajo del Parlamento.

No hacen leyes, y no pueden soportar que a través de las ILPs la sociedad les obligue a discutir medidas efectivas de avance social. Si ellos y ellas no las toman es porque no quieren.

En Nafarroa el argumento para no admitir ha sido que mediante una ILP no se puede reclamar el derecho a la prestación de los servicios sociales en euskara. Este hecho es sumamente curioso y denunciable. De todos modos, modificando este apartado, vamos a ver cuál es la voluntad real de la Mesa del Parlamento, ya que volveremos a presentar la ILP en este territorio.

Lo ocurrido con las ILPs es una muestra de lo poco que importa a nuestros políticos y políticas el modelo de sociedad. Y también es un ejemplo de la necesidad de seguir reivindicando, luchando, sensibilizando y movilizándonos. para conseguir un cambio de las políticas públicas. La lucha por un cambio del modelo de sociedad es parte de la lucha de clases, y, aunque hay quienes quieren hacernos creer lo contrario, ésta está plenamente vigente. -