MOSCU
«Al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) no le conviene reconocer la auténtica magnitud de la catástrofe», declaró ayer Viacheslav Grishin, presidente de la asociación Chernóbil. A pocos días del 20 aniversario del fatídico accidente en el reactor número cuatro de la central nuclear ucraniana de Chernóbil (26 de abril de 1986), Grishin arremetió contra ese organismo por manipular las cifras de los muertos en la catástrofe.
«El OIEA sólo reconoce unos miles de muertos, cuando sólo en Rusia casi 30.000 liquidadores perdieron la vida desde el 26 de abril de 1986», agregó. Según esta asociación, unos 100.000 «liquidadores» de la antigua URSS, término que incluye a bomberos, soldados, especialistas y voluntarios civiles, murieron en los últimos 20 años por el contacto con la radiación desprendida. Grishin acusó a los funcionarios del OIEA de «minimizar» las consecuencias del accidente en la salud de millones de personas, «desoyendo» las advertencias de especialistas rusos y extranjeros.
Más de 600.000 «liquidadores» combatieron durante semanas contra la radiación en condiciones «paupérrimas» sin trajes ignífugos ni cascos lo que a la postre les supondría la muerte o la invalidez de por vida. Los soldados son los que han salido peor parados, ya que, en su mayoría, no han recibido indemnizaciones, puesto que el Ejército ruso no les reconoce sus derechos como «liquidadores».
Además, del medio millón de niños rusos afectados de primera mano o de manera hereditaria por la radiación sólo un millar tiene derecho a compensa- ciones. «Los niños sufren mutaciones que debilitan su sistema inmunológico, con consecuencias fatales para su salud», subrayó. Grishin cifró en unos 2 millones a los rusos afectados por la catástrofe, «cuya sombra persigue a las familias de generación en generación».
El presidente de la citada asociación denunció que el Estado ruso les debe más de 50 millones de dólares en compensaciones, el doble que en 2004, según han dictaminado los tribunales. «Es una gran injusticia. Ocho diputados de la Duma rusa participaron en su momento en la liquidación de las secuelas de Chernóbil, entre ellos un general, pero las autoridades no se lo toman en serio», dijo.
Grishin recordó que las autoridades de la Federación Rusa dieron carpetazo a una investigación judicial sobre la catástrofe que fue iniciada por el Soviet Supremo (Parlamento) de la Unión Soviética en 1989. «De haber concluido, la investigación habría puesto sobre la mesa la negligencia de las autoridades soviéticas antes, durante y después del accidente».
A pesar de que unos 25.000 rusos han sido condecorados por su labor, sus pensiones oscilan entre los 1.500 y los 6.000 rublos (entre 53 y 214 dólares), cantidad del todo «insuficiente» para costearse el tratamiento.
La asociación ha remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo varios casos de «liquidadores» y sus descendientes que no han recibido indemnizaciones.
Entre sus reivindicaciones, figura la expedición gratuita de seguros médicos y bonos de transporte a todos los liquidadores con invalidez (unos 70.000 en Rusia). Además, demandan una urgente reforma de la ley sobre salud infantil y la concesión de paquetes gratuitos de viajes de descanso a los niños afectados. La ley que contempla la protección de los afectados por Chernóbil ha sido enmendada en 16 ocasiones desde su promulgación en 1991 y no siempre en favor de las víctimas, denuncian. La nueva ley redujo el número de medicamentos subvencionados por el Estado, excluye las prótesis dentales y la rehabilitación en sanatorios públicos.
