Cuando desde distintas instancias vascas se solicita la paralización de juicios en la Audiencia Nacional, la revisión del papel de este tribunal, el fin de los abusos policiales, la legalización de Batasuna o el restablecimiento de los derechos de los presos, la respuesta de manual que llega desde los apéndices del Estado es que «el estado de derecho no está de vacaciones» o que «no es la democracia la que se tiene que acercar a la izquierda abertzale, sino la izquierda abertzale a la democracia». Sin embargo, el hecho de que haya un conjunto de leyes no significa que exista realmente un estado de derecho o una democracia. Sólo cabe recordar que también Francisco Franco denominó a su dictadura «democracia orgánica». La cuestión es si ese cuerpo legal se ajusta a los estándares internacionales vigentes en el derecho. Quizá no se pueda evitar una detención, pero sí la incomunicación y las denuncias de torturas. En más sitios hay leyes de partidos, pero no se redactan para prohibir uno en particular. Dice el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, que no se puede pedir a los jueces que «prevariquen», cuando la pregunta es cuántas sentencias ha firmado ya ese tribunal de excepción primando la razón de Estado sobre lo que dicta la justicia. Por ejemplo, ¿cuántas condenas sólo con la inculpación no ratificada de un detenido? Lo que se tiene que paralizar no es un estado de derecho, sino el estado de excepción. -