Escucho “Ganbara” el pasado viernes y no salgo del estupor que me provocan algunas de las opiniones que se vierten en torno al acuerdo del Parlamento Vasco de ese día solicitando anulación de la aberración que supone el macrosumario 18/98, especialmente la exposición que desarrolla Mª Antonia Iglesias.

Reconoce el despropósito del sumario, lo que no es óbice para ella para tratar de «atrabiliaria» la decisión del Parlamento Vasco, argumentando que hay que dejar que funcione el estado de derecho y, posteriormente, confiar en que al albur del proceso se den las circunstancias que propicien decisiones judiciales acordes con la situación.

Reconoce la susodicha el esperpento de todo el procedimiento, en su planteamiento, inicio y desarrollo pero insiste en que «..aunque sea a trancas y barrancas» el macrojuicio tiene que desarrollarse hasta el final. ¿Qué final?

Algún contertulio matiza que si se admite que la falta de tutela jurídica es evidente en todas las fases del proceso habría que solicitar en consecuencia que se detenga; pone de esta forma en evidencia la contradicción que supone el hecho de que en aras de un pretendido respeto al estado de derecho se esté perpetrando un dislate jurídico desde hace meses y que puede prolongarse por varios meses más.

¿Es tan importante esa razón de estado de derecho que se invoca para justificar el mantenimiento de este demencial sumario como para pasar por encima de ya tres fallecidos incursos en el mismo, de varios accidentados en carretera, de otro sacado del juicio por enfermedad grave, de uno más en estado grave por infarto, de otros varios con afecciones provocadas por los efectos del juicio dentro de un amplio colectivo cuya media de edad rebasa los 45 años?

¿Es posible hablar de juicio justo propio de un estado de derecho, cuando se obliga a cincuenta y seis personas a viajar semanalmente a Madrid durante un año, con la deriva de coste económico personal, familiar, laboral (varios imputados han perdido su puesto de trabajo) que provoca esta situación?

¿Como compensar los daños irreparables provocados a lo largo de ¡ocho años! desde que se producen las detenciones, encarcelamientosŠ con fianzas salvajes?

Ciertamente en Euskal Herria es muy amplio el espectro social que ha manifestado públicamente su rechazo a este macrosumario, pero el hecho sangrante es que sigue ahí, como un quiste, en un proceso que se ve con esperanza.

A los procesados nos paran en la calle ¿y eso qué, quedará en nada, no? Pues no lo sabemos, pero mientras tanto seguimos ahí sufriendo las consecuencias ya que, pase lo que pase, llevamos ocho años cumpliendo condena, independientemente de la sentencia final, presentándonos periódicamente en el juzgado, pagando intereses de fianzas multimillonarias, con bienes embargados, con dificultades para salir la extranjero...

En este contexto resulta obsceno escuchar opiniones como las descritas al inicio de estas líneas. Se nos invocará la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad de ideas, pero me parece excesivo que en aras a tan nobles principios se facilite la plataforma de la radio pública vasca para que alguien haga gala, con un desparpajo rayano en el insulto, de su falta de sensibilidad ante el sufrimiento gratuito de unas personas representativas de las ideas y anhelos de amplios sectores de nuestro pueblo, que han recibido muestras públicas de solidaridad masiva.

Deseo un pronto y feliz restablecimiento a nuestro compañero José Ramón Aranguren. -