MADRID

A este respecto, Arkauz, que fue detenido en La Jonquera en 1997, explicó que las declaraciones que la acusación le atribuye y que utiliza para argumentar la relación entre ambas organizaciones es realmente un informe elaborado previamente por la Guardia Civil y que le obligaron a firmar.

Señaló que, tras ser entregado al cuerpo militar español, fue conducido a la Dirección General, donde le torturaron hasta que tuvieron que trasladarlo a un centro hospitalario. «De allí me sacaron arrastras, en contra del criterio del médico, porque se acababa el plazo de incomunicación», relató, señalando que de vuelta en dependencias policiales le obligaron a firmar ese informe, que rechazó después ante el juez.

Tanto él como Arregi y Mujika descartaron que ETA hubiera delegado ninguna de sus actividades en otros organismos. En este sentido, estos dos últimos, detenidos en Bidart en 1992, explicaron que la organización armada se valía de sus militantes, tanto para recabar información de todo tipo de organismos políticos y sociales, y elaborar así sus análisis políticos, como para desarrollar sus relaciones internacionales.

Explicaron también que la kale borroka no tiene relación con ETA, sino que es «una respuesta espontánea por parte de la sociedad ante determinadas situaciones».

Si las declaraciones de estos dos presos fueron contrarias a lo expuesto por la acusación, ésta tampoco salió bien parada tras el interrogatorio a Juan Manuel Soares Gamboa, ya que el preso arrepentido incurrió en tantas contradicciones que su credibilidad quedó más que en entredicho.

Fue tal la situación que, saltándose la más elemental normativa procesal, Enrique Molina volvió a tomar la palabra después del interrogatorio de la defensa para que Soares Gamboa puntualizara sus declaraciones. Jone Goirizelaia quiso hacerle otra pregunta después, pero la presidenta ­que ordenó leer un documento sin que nadie se lo solicitara, para apuntalar la tesis de Molina­ no le dejó. La letrada recordó que la defensa debe tener siempre la última palabra, y denunció que el fiscal se había valido de las preguntas de los abogados para sus últimas intervenciones.

Tras formular la consiguiente protesta, hizo que constara en acta su pregunta, que hacía referencia a los beneficios que el que fuera consejero de Interior de Lakua Juan María Atutxa le prometió por regresar de Santo Domingo en 1995 y al documento que firmó a este respecto.

Suposiciones y olvidos

Admitió no tener tampoco ningún conocimiento de reuniones entre ambas organizaciones y, para consternación del fiscal, dijo no tener constancia de que miembros de KAS les visitaran durante su estancia en Santo Domingo. En su declaración ante el juez en 1995 manifestó que Rafa Díez y otra persona les visitaron en nombre de KAS, aunque ayer dijo no recordar que fuera así.

De hecho, su testimonio estuvo marcado por las lagunas de memoria, y el fiscal tuvo que pedir que se leyera lo manifestado años antes ante el juez a fin de que lo ratificara. En una de esas declaraciones dio cuenta de dos acciones armadas que ni siquiera constan para la Policía española.

Soares, que afirmó sentirse «fuera de ETA» desde 1992, se encuentra en tercer grado y ha cumplido 10 años de prisión de más de 2.000 de condena. Admitió haber colaborado con la Justicia española y haber delatado a ex compañeros, pero negó que los beneficios penitenciarios que le han aplicado tengan que ver con este hecho. «Me correspondían», sostuvo.

También negó que tuviera animadversión hacia ETA ­«me es indiferente», afirmó­, a pesar de que en el libro “Agur, ETA”, elaborado conjuntamente con Matías Antolín, tildara de «inquisidores» y de «profanadores de la juventud a los que maldigo» a los militantes de esta organización. Ayer dijo que esas palabras no eran suyas, sino que se las había «inventado» Antolín. «Hay mucha parte que no es mía, que es inventado», apuntó ante la Sala.