El día anterior a la aprobación de la Ley del Suelo en el Parlamento Vasco, varios encapuchados asaltaron la sede de Ezker Batua en Vitoria-Gasteiz causando varios destrozos y amedrentando a las personas que allí estaban. El mismo día 30 hicieron lo mismo en nuestra sede de Barakaldo y, el día 3, en Bilbao. En paralelo, la plataforma Etxebizitza Guztiontzat lanzaba una campaña de rechazo a la ley y algunos de sus representantes publicaban un artículo de opinión en algunos medios, con idénticos mensajes y eslóganes.

Hemos debatido la política de vivienda que venimos desarrollando en los últimos años y mantenido estrechos contactos durante el proceso de elaboración de la ley con algunos de los grupos que conforman la plataforma, Etxebizitza Guztiontzat. Como saben esos grupos, nos gustaría seguir escuchando y colaborando, como hemos hecho hasta ahora, siempre que su posicionamiento sea de rechazo a unos hechos tan graves como los anteriormente expuestos.

Los interrogantes que se plantean con este modo de actuar son los siguientes: ¿Qué sucede con determinados grupos ubicados en el entorno de la izquierda abertzale? En un momento de negociación política como el actual ¿van a estas alturas a poner en marcha la violencia callejera en lo social? Y, además, ¿no se les ocurre mejor adversario que Ezker Batua-Berdeak para inaugurar este nuevo «estilo» de confrontación?

Quisiera pensar que se trata de una actitud de profundo recelo de quienes saben que tienen que entrar en la política normalizada y se encuentran con el sitio de la izquierda ocupado, en este caso, por Ezker Batua-Berdeak. Porque si de algo estoy seguro es de que ninguna otra fuerza política de este país habría logrado que se aprobara una ley con un calado tan progresista como la que el último día de junio aprobó el Parlamento Vasco.

Y es que el primer mérito en este momento es que la ley haya sido aprobada. En 25 años nadie antes lo había conseguido. Y no es casual. Los enormes intereses económicos que hay detrás de esta ley lo habían impedido de forma sistemática. Era mucho mejor para los especuladores un entorno desregulado que la existencia de una norma que les marcase límites. Parece que esto a algunos que se dicen de izquierdas no les importa y que hubieran preferido permanecer sin ley del suelo, dejando al mercado operar sin ataduras. ¿Les hubiera dado igual que las 120.000 viviendas que se van a construir en los próximos años se hubieran desarrollado en un entorno dominado por los propietarios de suelo y las grandes promotoras?

El texto final de la ley tiene un carácter progresista y social sin precedentes. Y lo hemos conseguido desde Ezker Batua-Berdeak, un partido con una pequeña representación de sólo tres parlamentarios, aprovechando las coyunturas que se han dado y, sobre todo, priorizando la resolución del problema de acceso a la vivienda de miles de personas en Euskadi sobre otras cuestiones. Ésta es la clave de la aprobación de la ley: en un entorno político en el que han sido otras las cuestiones que están sobre el tapete, hemos sabido jugar nuestras cartas para favorecer a la parte de la sociedad con mayor dificultad para acceder a una vivienda, en concreto a los jóvenes.

Y digo que esta ley es la más progresista que se podía aprobar por varias razones: En primer lugar, las reservas de suelo para vivienda protegida son las más elevadas de todo el Estado. Si en Euskadi el 75% de las viviendas que se construyan en suelo urbanizable van a tener con esta ley precio limitado, en otras Comunidades Autónomas, que se rigen por la misma legislación estatal de valoraciones de suelo, ese porcentaje, salvo la excepción de Navarra que llega al 50%, oscila entre el 20% y el 30%. Como se puede ver, una diferencia abismal. Algo parecido sucede en las reservas para suelo urbano, donde el 40% que se aplicará en Euskadi es muy superior al que recogen las legislaciones autonómicas que contemplan esta reserva, ya que en la mitad de las mismas ni siquiera existe.

Además, la ley vasca introduce un concepto novedoso que afecta al conjunto del Plan, y no a cada sector como el resto de las reservas, y que tiene una gran importancia, por más que algunos se empeñen en esconderlo: la dotación de suelo para apartamentos sociales en alquiler supone, de hecho, incrementar en no menos de un 15% el total de viviendas protegidas, pero asegurando su gestión pública y en régimen de alquiler. Si a esto añadimos el hecho de que una parte de las reservas de cada sector se destinará a alquiler protegido, como sucede en la actualidad, el resultado final, que superará el 30%, será realmente satisfactorio desde la perspectiva de las personas con menores recursos necesitadas de vivienda.

Se puede estar de acuerdo o no con estas medidas, pero no es de recibo ignorarlas como si no existieran en la ley.

La ley es también progresista desde la perspectiva de la sostenibilidad, que ha sido otra de las claves con las que, desde Ezker Batua-Berdeak, hemos orientado nuestro trabajo. Para ello, hemos introducido un concepto también novedoso en las legislaciones autonómicas, como es la edificabilidad mínima, que junto a las restricciones a la construcción en núcleos rurales y en el suelo no urbanizable, impide la ocupación extensiva de los escasos suelos de que disponemos en Euskadi con urbanizaciones de chalets, garantizando la preservación de los espacios para uso agroforestal y reserva natural.

Pero sin duda el motivo principal para considerar esta ley de izquierdas es que antepone el derecho a la vivienda sobre el derecho a la propiedad del suelo. La eliminación del sistema de gestión por compensación, de iniciativa exclusivamente privada, es un logro de primera magnitud cuyos efectos se verán en los próximos años y que va a suponer un vuelco completo del modo de hacer urbanismo en Euskadi. Si hasta ahora eran los propietarios privados y las grandes promotoras los que, movidos por intereses especulativos, controlaban el mercado de suelo y vivienda, a partir de ahora ese control pasará a la ciudadanía y a los Ayuntamientos, quienes utilizando los sistemas de gestión de expropiación, cooperación, agente urbanizador y concertación, decidirán cómo y cuándo han de desarrollarse los suelos.

Además, los sistemas de participación que introduce la ley son también los más avanzados del Estado y permitirán a la ciudadanía en general, y al movimiento asociativo en particular, conocer y controlar la labor de los Ayuntamientos. La creación del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal, en el que deberán estar presentes el movimiento vecinal y el movimiento ecologista, es un hito en la historia del urbanismo en Euskadi que, hasta los detractores de esta ley, utilizarán con profusión en el futuro.

Es cierto que la ley no resuelve una situación compleja como la de la vivienda vacía, entre otras cosas porque no es el lugar para resolverlo. Aunque las cifras reales de viviendas vacías en Euskadi son muy inferiores a las que algunos grupos quieren trasladar a la ciudadanía vasca, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que esos pisos sean ocupados por demandantes de vivienda.

El programa Bizigune del Departamento de Vivienda ya ha movilizado 3.000 viviendas pero tenemos que conseguir entre todos que ese volumen sea mayor. Esperamos contar en los próximos pasos en estas materias con el apoyo de la izquierda abertzale, que con ocasión de la ley del suelo ha preferido mantenerse al margen a pesar de los esfuerzos que hemos hecho. Pero mirando al futuro, animamos a la izquierda abertzale a sumarse al impulso que desde Ezker Batua-Berdeak hemos dado con esta ley a la solución del problema de vivienda de tantas personas en Euskadi. Estamos convencidos de que la ley será un gran instrumento para actuar en todos los municipios, también en aquéllos a cuyos gobiernos acceda la izquierda abertzale tras las próximas elecciones. Sin duda, les ayudará a mejorar sus experiencias anteriores. -