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Pedro Arrojo, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, rechazó, «aún en el ámbito de sus funciones económicas» la gestión del agua desde criterios de libre mercado. Abogó este profesor por una gestión «desde responsabilidades públicas», aunque añadió como necesarias «profundas reformas institucionales que garanticen la transparencia y la participación ciudadana».La intervención de Arrojo arrancó con el diagnóstico que establece la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, por el que la gestión de las aguas en el mundo durante el siglo XX se ha caracterizado «como una crisis de insostenibilidad social y ambiental» que ha conllevado la crisis de biodiversidad «y un trágico balance social, con más de 1.000 millones de personas sin acceso garantizado a aguas potables, lo que lleva a 10.000 muertes diarias, en su mayoría niños».
Hizo un recorrido por «la crisis del estructuralismo hidráulico». Según Arrojo, las aguas superficiales «pasaron a considerarse y gestionarse como de dominio público en la mayoría de los países, si bien sus utilidades productivas tendieron a privatizarse de facto, a través de sistemas concesionales que instituyeron sólidos derechos de uso equivalentes a cuasi-derechos de propiedad».
A su juicio, la crisis del estructuralismo hidráulico se produjo pasada la década de los 70. Confluyeron razones de insostenibilidad, como «la imprudente ocupación de los espacios de inundación de los ríos por parte de grandes infraestructuras de regulación», junto a la rectificación, estrechamiento y profundización de cauces y la construcción de miles de kilómetros de diques de ribera en grandes ríos», como el Rhin, el Danubio o el Mississipi.
Junto a ello, se extendió en otras cuestiones relacionadas con la falta de racionalidad y rentabilidad económica, así como en «los problemas de gobernabilidad y la falta de aceptación social». A juicio del ponente, la participación no debe limitarse a los regantes, compañías eléctricas e industrias, «sino que debe abrirse al conjunto de la ciudadanía».
Arrojo desgranó la Directiva Marco europea, antes de adentrarse en la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, que propone «asumir nuevos principios éticos» y establece criterios de máxima eficacia, la eficiencia social y la eficiencia económica en la gestión del agua.
