La privatización de La Naval es «el principio del camino de su cierre», según Batasuna
Eusebio Lasa y Mikel Etxaburu rechazaron, en nombre de Batasuna, la privatización de La Naval de Sestao, porque ese paso será «el inicio del camino para su cierre y desaparición». Con esta tesis coincidió la Federación del Metal de ELA, que aseguró que el astillero «necesita estar dentro del sector público, porque es el único que puede financiar proyectos del orden de 220 millones». A esta situación se llega porque los planes trazados por el Gobierno español se han seguido al pie de la letra por CCOO y UGT que, aunque se muestran críticos con su final, lo aceptaron hace dos años.
BILBO
En mayo de 2004 comenzó la cuenta atrás para el astillero de La Naval, en este caso, pero, en general, para el sector público de la construcción naval. El Gobierno español anunció entonces que la Unión Europea había abierto un expediente por ayudas ilegales al grupo Izar durante la anterior legislatura.Los argumentos se aceptaron sin más, al contrario de lo que es práctica en otros países, y se trazó una línea de trabajo quesegregó la actividad en dos sectores: el militar, que mantiene un 20% de producción civil con el astillero de Puerto Real; y el civil: La Naval, Gijón, Sevilla y Manises que, a juicio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), «no tiene futuro» y, por lo tanto, se iniciaría su privatización. El acuerdo tardó unos meses, pero en diciembre de 2004 se firmó por parte del Gobierno español, CCOO, UGT y USTG. ELA y el Colectivo Autónomo de Trabajadores (CAT) lo rechazaron, porque llevaría «al cierre a esos astilleros». En ese contexto, Eusebio Lasa y Mikel Etxaburu, en representación de Batasuna, afirmaron que el Gobierno español, en manos del PSOE, CCOO y UGT «han planteado la muerte lenta de la industria naval, como ya lo hizo antes con la reconversión industrial que sufrió la Margen Izquierda». Lasa criticó, de forma directa, a los dos sindicatos «porque han asumido el cierre lento» y han tenido «una actitud claudicante, que ha debilitado a la clase obrera y a la lucha por el mantenimiento del sector público». Etxaburu incidió en el papel que han jugado el Gobierno de Lakua y la Diputación de Bizkaia, que «no han movido ni un dedo para cambiar la situación para que la propiedad se quedase en manos públicas». En este caso, los representantes de Batasuna dejaron claro que «en la práctica, el Gobierno de Lakua ha hecho una apuesta clara por la privatización, en línea con su política neoliberal». Como conclusión, Lasa y Etxaburu explicaron que «el proceso de privatización del PSOE con el acuerdo de Lakua abre el camino al cierre de La Naval». Batasuna se reafirmó en la apuesta por «un sector industrial público eficaz en el sector de la construcción naval, que sea motor y tire de la economía vasca». También llamaron a oponerse a esa medida, «porque es el principio del camino del cierre de La Naval». La Federación del Metal de ELA señaló, por medio de un comunicado, que la privatización conduce al cierre del astillero de Sestao, porque sólo bajo el amparo del sector público pueden acometerse operaciones económicas de financiación superiores a los 232 millones de euros. Acusó a CCOO y UGT de evitar que se votase en La Naval el acuerdo que lograron en mayo en Madrid con SEPI y que ha contado con el rechazo de los otros tres centros «de su propia gente». La Federación del Metal reconoció que que «el fantasma de la especulación urbanística está presente» y recordó que «el proceso quema etapas y va perdiendo trabajadores por el camino». Por otro lado, EA, Ezker Batua y Aralar criticaron la decisión de la SEPI. La formación que lidera Begoña Errazti señaló que «la industria naval es estratégica para Euskal Herria».
Las condiciones que exigen CCOO y UGT en la actualidad
J. B
BILBO CCOO y UGT han amenazado que impugnarán la venta de los astilleros civiles a empresas privadas en el caso de que no se acepten una serie de condiciones favorables a los trabajadores, pero que no las tuvieron en cuenta ni cuando firmaron el acuerdo de segregación el 16 de diciembre de 2004 ni cuando alcanzaron el acuerdo final con SEPI en mayo pasado. La marcha atrás de ambos, por la presión de sus afiliados y simpatizantes, es un nuevo maquillaje ante una hoja de ruta que está prevista y acordada en Madrid. UGT plantea, entre otras modificaciones, que durante los próximos tres años los trabajadores que cumplan una edad determinada puedan entrar dentro del nuevo plan de prejubilaciones. CCOO, por otro lado, ajusta términos que en mayo no se tuvieron en cuenta, como el mantenimiento de las condiciones laborales y salariales para los trabaja- dores durante los tres años siguientes a la venta, por ejemplo. En diciembre de 2004, antes de la firma de la segregación, explicaron que la nueva sociedad que se crearía con los astilleros civiles tendría control público, porque SEPI tendría un 49% del capital y las cajas de ahorro garantizarían la mayoría pública. Los sindicatos marearon la perdiz en este tema, pero SEPI se encargó de decir que no está firmado. El presidente de SEPI, Enrique Martínez Robles, descartó esos cambios y, por otro lado, ayer Patxi López (PSE) y Josu Onaindi (CCOO) se felicitaron por la privatización, «porque será buena». Negociar las condiciones con los nuevos dueños
Javier Madariaga, presidente del Foro Marítimo Vasco y de Ingeteam, empresa integrada en Construcciones Navales del Norte, nuevos propietarios de La Naval, afirmó que la opción que existe en la actualidad es que las condiciones y convenios se negocien entre los sindicatos y los nuevos propietarios. El próximo martes habrá una reunión en Madrid en este sentido, para aclarar el futuro. -
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