BILBO
Las iniciativas en denuncia del apartheid político e institucional que sufre la izquierda abertzale se siguen llevando a cabo a lo largo del país. Es el caso de Leitza, donde la plataforma Larrain presentó a finales de junio una moción que fue debatida en el pleno del Ayuntamiento. El texto, respaldado por un total de 14 colectivos y agentes de esta localidad navarra, pedía que se aplique el artículo 182 de la LOREG «para que el Ayuntamiento refleje la voluntad de los vecinos».Los cuatro concejales de Aralar (uno de los cuales ocupa el sillón que las urnas otorgaron a la plataforma independentista anulada por los tribunales españoles) se abstuvieron, mientras que los ediles de UPN abandonaron el salón de plenos al iniciarse el debate de la moción.
Larrain recordó en un comunicado que Aralar «sigue sin devolver el cargo», por lo que acusó a la formación de Patxi Zabaleta de «seguir adelante con su robo político» y de «ponerse a la misma altura que UPN al legitimar con su actitud el apartheid».
Por su parte, la plataforma Baga Boga ha acusado al PNV de impulsar el apartheid en el Consistorio de Donostia y le reprochó «hacer oídos sordos a la voz de 10.000 donostiarras». La plataforma popular había solicitado, como en meses anteriores, participar en el pasado día 13 en las comisiones municipales, la mayoría de las cuales están presididas por jeltzales. La respuesta volvió a ser negativa.
Respeto a la voluntad popular
En Antzuola, el inicio de las fiestas, el pasado jueves, estuvo marcado por la denuncia del apartheid institucional, ya que la tradicional danza del aurresku por parte de la Corporación municipal tuvo lugar sobre una pintada en la que se leía «Apartheid ez».
Además, varios vecinos se concentraron en las inmediaciones para exigir el respeto de la voluntad popular y la aplicación del artículos 182 de la LOREG.
