IRUÑEA
«Toda iniciativa que plantee penas alternativas a la cárcel se debería hacer dentro de un contexto de lo que serían alternativas al actual sistema penal. Tenemos un sistema penal que, por su propia dinámica, hace que cada vez haya más personas presas, y es precisamente el recurso a la penalización, a la hora de afrontar los conflictos sociales, lo que está generando una inflación punitiva». De esta forma valoró César Manzanos la iniciativa presentada ayer en Gasteiz por Iñigo Lamarka. A juicio del portavoz de Salhaketa, cualquier tipo de alternativa a las penas de cárcel «está condenada a fracasar si no se revisa en profundidad el porqué nuestra sociedad está recurriendo sistemáticamente a la penalización».
En esta línea, constató que «el hecho de que las penas en beneficio de la comunidad se hayan aplicado tan poco en Euskal Herria, y en general en todo el Estado español, es un síntoma de que realmente no hay una apuesta por buscar alternativas a la prisión, sino que hay una apuesta clara por desarrollar lo que se ha venido en llamar el negocio del encarcelamiento».
«En principio, el que se hagan trabajos que planteen este tipo de alternativas son positivos, pero lógicamente matizó no dejan de caer en saco roto si están descontextualizados. Es decir, habría que apostar por una respuesta de prevención a los delitos que sea alternativa al recurso a la cárcel».
También recordó que en algunos países europeos se aplicó en los años 70-80 lo que se denominó «sistemas de libertad a prueba, que incluían trabajos en beneficio de la comunidad, pero la crítica que se hacía era que al final los programas tenían las mismas características que la propia cárcel, es decir, son sistemas en los que a la persona se le está sometiendo a trabajos obligados».
«Hay que tener en cuenta que son una especie de servicios sociales que muchas veces supone sustituir mano de obra remunerada por trabajo ‘voluntario’ de personas que trabajan gratuitamente», añadió Manzanos.
A su juicio, esto plantea otras cuestiones, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como de su utilidad. «Si se plantea como un trabajo voluntario de utilidad social dijo, se supone que esos trabajos son necesarios y que tendrían que hacerlos personas cualificadas».
A modo ilustrativo, hizo un paralelismo con la insumisión. «Los insumisos no estábamos de acuerdo con las prestaciones sociales sustitutorias recordó Manzanos, porque pensábamos que esos trabajos deberían hacerlos personas cualificadas y de forma remunerada».
