La gran contribución del PNV al proceso democrático está siendo, estos últimos días, cambiar el nombre de la izquierda abertzale por el de «izquierda radical». No es que los independentistas vascos se tengan que sentir ofendidos con esa denominación que machaconamente repiten Urkullu y sus correligionarios, pues la acepción de «radical» poco tiene de negativa para quien quiera cambiar las situaciones injustas desde la raíz. Mucho peor resulta, pongamos por hipotético caso, que a uno se le pueda llamar «nacionalista pusilánime», «jelkide entreguista» o «cipayo clientelista».

Sin embargo, detrás de esta sospechosa insistencia en acuñar la nueva denominación para la izquierda abertzale, que debiera tener, al menos, el derecho a llamarse como quiera, sí parece intuirse una intencionalidad de carácter electoral por parte de la cúpula peneuvista. En cierta forma, parece que desean teñir la oferta de Batasuna de cierto extremismo, para evitar así que se le acerquen sectores abertzales «moderados», por llamarlos de alguna forma, en una eventual situación de bonanza electoral para el independentismo vasco. Es curioso, la izquierda abertzale está ilegalizada y de lo único que se preocupa el PNV es de que, si alguna vez tiene ocasión de concurrir a las elecciones con algo de normalidad, lo haga con las opciones de crecimiento lo más mermadas posibles. Su preocupación sobre la conculcación de derechos y la reparación de injusticias pasa a muy segundo plano cuando se trata de mantener el poder de gestión institucional, y más ahora que los comicios están a la vuelta de la esquina.

El electoralismo propio de la confrontación partidaria más cutre parece imponerse en las últimas semanas, donde las noticias y declaraciones sobre posibles pactos y otras componendas electorales toman preeminencia respecto a todo, incluido aquello que, según sus propias declaraciones, suponía la prioridad absoluta para toda la clase política: la búsqueda de la paz.

Lo único cierto y constatable ­verificable, por usar el lenguaje al uso de los últimos meses­ es que determinadas fuerzas no hacen otra cosa que poner obstáculos al proceso (excusas como la legalización, confusión con el debate sobre el número de mesas y teorizaciones huecas para deslindar la «pacificación» de la «normalización») con la misma fuerza que dedican a preparar las elecciones. -