USURBIL
Entre febrero de 2003 y julio de 2005, las fuerzas policiales españolas y francesas llevaron a cabo siete redadas que supusieron la detención de 116 personas. Unos arrestos que, según sus impulsores, se llevaron a cabo contra «el aparato de captación de ETA» y que tenían «carácter preventivo». El significado de esta expresión fue clarificado en su día por el entonces ministro de Interior español, Mariano Rajoy: «Hemos detenido a 35 personas, y ahora veremos en comisaría de qué les podemos acusar».Este próximo jueves comienza en la Audiencia Nacional el primero de los juicios. Dieciocho personas se sentarán en el banquillo:Mikel Pardo (Iruñea), Tomás Insausti (Iruñea), Unai Redin (Iruñea), Ainara Calvo (Iruñea), Mikel Jauregi (Bilbo), Josu Lezama (Zalla), Iñaki Ramos (Barakaldo), PeruAranburu (Lekeitio), Unai Dañobeitia (Lekeitio),Asier Bengoa (Gasteiz), Agurtzane Izarza (Gasteiz), Unai Berrostegieta (Gasteiz), Iratxe Yáñez (Gasteiz), Asier Ortiz de Guinea (Gasteiz), Aiala Manrique (Gasteiz), Arritxu Andrés (Donostia), Aiora Epelde (Donostia) y Arkaitz Rodríguez (Donostia).
Salvo los dos últimos, el resto permanece en prisión preventiva. La mayoría, desde hace tres años y medio. Además, hay otras 85 personas a la espera de juicio. Un total de 103 imputados. De ellos, 70 fueron encarcelados y 36 se hallan todavía en prisión. Quienes están en libertad tuvieron que abonar un montante que supera el millón de euros en fianzas.
Para denunciar el inicio de este nuevo macrojuicio, Askatasuna ofreció ayer en Usurbil una rueda de prensa en la que enmarcó esta causa dentro de «la paranoia del todo es ETA» y consideró que es «la continuación de juicio por el 18/98». Por ello, invitó a la ciudadanía a responder de la misma manera.
Julen Larrinaga, en nombre del organismo antirrepresivo, centró sus críticas en el papel que juega la Audiencia Nacional, que tachó de «tribunal de guerra» cuya función es actuar contra toda persona que defiende el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro.
Larrinaga instó al Gobierno que preside en la actualidad José Luis Rodríguez Zapatero a «desactivar» este «tribunal de excepción» que está «condicionando la vida política» de este país. Subrayó que para ello únicamente es necesario tener «voluntad política» y que el proceso político abierto en EuskalHerria no podrá avanzar con este tipo de «injerencias».
