Servicios sociales en Euskal Herria
La Ley de servicios sociales en la CAV no se cumple
El Ararteko, Iñigo Lamarka, denunció ayer en el parlamento de Gasteiz que muchos municipios incumplen la ley al no contar con recursos suficientes para atender las necesidades de personas en situación de exclusión grave. Asimismo, instó a «clarificar el reparto competencial» y las funciones de las diferentes administraciones en este ámbito, y a crear «servicios específicos» para atender todos los perfiles.
GASTEIZ
El Ararteko de la CAV compareció ayer ante la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas del Parlamento de Gasteiz para presentar el informe extraordinario sobre “Respuesta a las necesidades básicas de las personas sin hogar y en exclusión grave”, del que ya dio cuenta el pasado mes de junio a la presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao. El Ararteko explicó que la intervención social en la CAV se caracteriza por una gran multiplicidad y variedad de organismos y administraciones que intervienen en la atención a la exclusión social. Por otro lado, casi todos los recursos y dispositivos destinados a las personas sin hogar se encuentran concentrados en las tres capitales. En conjunto, se dispone de un total de 1.135 plazas para todo el territorio, de las cuales el 81,2% están destinadas a la media estancia y el 12,8% son de acceso directo y de baja exigencia. Asimismo, indicó que nueve de cada diez dispositivos se hallan ubicados en municipios de más de 50.000 habitantes, y denunció que muchas localidades de más de 20.000 habitantes incumplen la ley al no contar con recursos para atender a las personas en situación de exclusión. Lamarka afirmó que «en los ámbitos rurales las redes son más sólidas» y permiten dar una «ayuda solidaria para integrar a estas personas». Sin embargo, entre el ámbito rural y las capitales existe un área urbana, de municipios de entre 5.000 y 50.000 personas, en la que se aprecian «deficiencias notables».
«Demanda invisible»
«La ley exige que haya recursos en los municipios de más de 20.000 habitantes», recordó el Ararteko, quien exigió el cumplimiento de esta normativa así como la ampliación de la oferta, con el fin de hacer visible la demanda existente y que muchas veces no se advierte. Añadió que las personas excluidas tienen «una gran movilidad y tienden a ir allí donde hay recursos», motivo por el cual «no hacen valer la demanda allí donde van». «Por eso no se explicita una demanda notable de recursos en esa franja urbana, a pesar de que hay una demanda invisible que atender», insistió. El Ararteko abogó por dar tanto una respuesta institucional como una respuesta social, a través de valores como la «solidaridad activa y la implicación de la sociedad», y anunció que, sobre este tema, la institución que lidera planea desarrollar dos informes, uno sobre convivencia entre iguales y otro sobre transmisión de valores. Además, lamentó que en la CAV «existe un cuarto mundo» y dijo que es «imposible» determinar cuántas personas hay en situación de exclusión grave. «Sólo sabemos los usuarios de los servicios, pero hay personas que no se acercan a ellos porque desconocen su existencia o porque su grado de marginación es muy elevado», apuntó. Asimismo, añadió que también hay otras personas que no acceden a estos recursos «por miedo» en referencia a inmigrantes irregulares y porque creen que «se les delatará», lo que hace que estas personas «sean invisibles e imposibles de detectar».
La inmigración
En relación con este tema, denunció que algunos ayuntamientos interpretan el ordenamiento jurídico de modo «excesivamente restrictivo» a la hora de permitir el empadronamiento de los inmigrantes en Araba, Bizkaia o Gipuzkoa, por lo que les pidió que «hagan una lectura más amplia». También apuntó la «dilación excesiva» de los procedimientos para adquirir el permiso de residencia que se ha contemplado, lo que hace que muchas personas permanezcan en el «limbo jurídico» mientras se resuelve su situación. «Solicitamos a las administraciones correspondientes que obren con rapidez y diligencia y con una interpretación lo más generosa posible para proteger los derechos que están en juego», agregó Lamarka.
Normativa común
El informe del Ararteko presenta una serie de recomendaciones para superar los problemas detectados, como «clarificar el reparto competencial y las funciones que deben desarrollar las diferentes administraciones» y «la necesidad de desarrollar una normativa común en materia de servicios sociales y de infraestructuras sociales». Asimismo, reclama la «planificación y el liderazgo político en la creación y defensa de recursos contestados socialmente» y el «desarrollo del espacio sociosanitario», y denuncia que «tenemos una sociedad excluyente». También apuesta por «crear nuevos recursos o revisar los actuales, con el fin de incrementar la capacidad de respuesta», e insta a «apoyar un modelo social solidario como elemento clave de cohesión social».
Cambio de perfil
El Ararteko cifró en 1.800 las personas en exclusión social, y destacó que durante los últimos años se ha producido un «cambio notable» en estas personas respecto al tradicional perfil de los «sin techo». Apuntó que ya no responden al prototipo de «hombre solitario, de mediana edad, que se desplazaba de un lugar a otro con sus bolsas y que presentaba signos evidentes de trastorno sicológico». Dijo que las personas que acuden a los centros de acogida o a los comedores hoy día presentan «características muy diferentes», y añadió que muchas de ellas son inmigrantes (aproximadamente el 50%), que cada vez son más jóvenes y que cerca del 20% son mujeres. Sobre este tema, Lamarka agregó que una de las características de la exclusión actual es que «en muchos casos no se trata de situaciones de vulnerabilidad sino de personas con una vida estructurada que, en un momento determinado y por diferentes razones, se sumergen en una situación de exclusión grave». En este sentido, matizó que «la diversidad ha crecido y, por tanto, también las necesidades han variado», aunque lamentó que esto haya provocado enormes diferencias entre los distintos territorios de la CAV.
Pacto local contra la pobreza
Por otro lado y dentro de la Internacional para el cumplimiento de las de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Plataforma Pobreza Cero de Nafarroa se reunirá durante esta semana y la siguiente con diferentes partidos políticos para abordar la posibilidad de firmar un pacto local de contra la pobreza.
Interven, el primer sistema de teleasistencia doméstica
Ayer fue presentado en la capital gasteiztarra Interven, el primer sistema de teleasistencia doméstica para personas mayores dependientes. Se trata de una plataforma tecnológica que mediante sensores detecta el momento en que una persona mayor deja de hacer sus actividades habituales y avisa al asistente social. Los sensores también alertan sobre fugas de gas o de agua. Así se pretende aumentar la calidad de asistencia a las personas mayores. -
La plantilla de Nuevo Futuro exige el despido
BILBO Los trabajadores de la Asociación Nuevo Futuro han demandado a la Autoridad Judicial la rescisión de sus contratos con carácter de despido improcedente ante la situación que padecen y que, según denuncian, supone «un despido tácito sin ninguna posibilidad» de que la entidad «retome las actividades que voluntariamente ha abandonado». «Llevamos un mes sin ocupación, mano sobre mano», añadieron. En un comunicado remitido por ELA, los trabajadores criticaron que la asociación está, desde inicios de año, queriendo cesar en su actividad y pretende que los despidos que de ello se deriven le resulten baratos. Los empleados señalaron que la causa de querer cerrar no se sustenta en razones económicas, sino que la sustentan en su deseo de volver «a su espíritu fundacional, basado en un modelo socialmente arcaico». «En los centros contratan a trabajadores, que distribuyen en base a los roles clásicos: los hombres hacen las tareas que se suponen son de hombres y las mujeres, las de mujeres», añadieron. Según indicaron, para ello la asociación ha pretendido que le fueran admitidos sendos expedientes de regulación de empleo, pero le han sido rechazados. Además, señalaron que ha acordado su disolución a la vez que ha creado y registrado una nueva entidad, con el objeto de «exonerarse de riesgos en caso de reclamaciones, habiendo puesto a la venta sus locales». Intento de «chantaje» Los trabajadores señalaron que, ante el rechazo de la plantilla a la oferta de indemnizaciones de la asociación, «que ni tan siquiera cumplía lo establecido por las normas legales vigentes», ésta trata de «chantajearles». «Nos han agrupado en diversos pisos (sin teléfono ni gas, restricciones en la luz, y con carteles en sus ventanas de se vende), sin carga de trabajo alguno, además de habernos modificado las horas de trabajo sin que tengamos ninguna tarea que desarrollar, para evitar que pudiéramos encontrar algún otro trabajo, so riesgo de incurrir en un abandono del puesto de trabajo», añadieron.
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