En el tercer trimestre de 2006 se han firmado en Euskadi un total de 219.413 contratos, de los que 18.475 fueron indefinidos, es decir, el 8,4%. En el mismo periodo de 2005 esta proporción era de el 6,1%. Son por lo tanto datos positivos, pero insuficientes para mejorar la calidad de nuestro empleo. Sin embargo, las conversiones de contratos tempora- les a indefinidos han pasado de 5.310 en 2005 a 10.697 en el mismo periodo del 2006. Por lo tanto, se produce un aumento destacable de las conversiones en indefinidos del 101%, es decir, las conversiones en indefinidos se han duplicado con respecto a las del tercer trimestre de 2005.Si analizamos cómo se ha repartido este aumento de la contratación indefinida por conversión de temporales concluimos que esta vez han sido dos de los grupos más desfavorecidos los mayores beneficiados: las mujeres y los más jóvenes, elemento muy positivo de grado cualitativo, y no sólo cuantitativo, de los efectos de la aplicación del pacto por la mejora del empleo acordado en el Diálogo Social con el Gobierno de Zapatero.
Desde el punto de vista jurídico, el problema de la precariedad en el empleo es el problema de la debilidad de la respuesta institucional ante hechos que se sitúan al margen de la ley y esa debilidad existirá mientras falten instrumentos, normativos y de gestión, que aseguren el cumplimiento de los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.
UGT-Euskadi percibe con nitidez que las instituciones confunden la naturaleza de su respuesta al problema de la baja calidad en el empleo. Tienen la convicción de que luchar en serio contra el empleo de baja calidad en derechos supone un posicionamiento inaceptable para toda Administración Pública. Ese es un planteamiento equivocado. Toda reivindicación tiene un presupuesto ideológico, una toma de postura ante cómo abordar hechos de alcance colectivo. Pero, en un momento dado, la reivindicación desde un sector de la sociedad muere repentinamente: cuando se hace norma. En ese momento cualquier intimación a su cumpli- miento ya no es una reivindicación, sino una exigencia de la ciudadanía.
Las cifras muestran la baja calidad en el empleo vasco y evidencia la inhibición institucional. El problema de la temporalidad en el empleo es el de la debilidad de la respuesta de las instituciones vascas. La ausencia de diálogo social motiva que sigamos siendo la tercera comunidad autónoma que menos contratos indefinidos formaliza. Estamos mejorando, pero se puede hacer más.
El Gobierno vasco y su lehendakari a la cabeza tienen la capacidad de gestionar la fortaleza de las instituciones vascas para acometer una mejora en la calidad del empleo, y la posibilidad de asegurar el cumplimiento real de los derechos de los trabajadores/as por medio de la cooperación y la coordinación con la Administración del Estado. La CAPV es competente y responsable del diario y notorio incumplimiento de la legalidad. La corresponsabilidad de otras administraciones no mitiga la suya ni la solapa.
La inspección de trabajo, estatal y autonómica, guiada por el Gobierno vasco, debe controlar que el programa de fomento del empleo se aplica de manera adecuada, verificando periódicamente las contrataciones y las vigencias en las relaciones de trabajo. Debe acercar las oportunidades del fomento de empleo al tejido empresarial vasco.
Con respecto a la conversión automática a contratos fijos ante encadenamiento de contratos temporales, el Gobierno vasco debería tomar la iniciativa y elaborar las instrucciones precisas a los órganos de inspección para que no se permitan movilidades funcionales, de cambio de empresa o extinciones de contratos con la intención de evitar una inminente conversión segura de acuerdo a la ley.
Todas las administraciones públicas en la CAPV tienen, como tarea pendiente, legalizar la situación de un altísimo porcentaje de su personal que ve vulnerados sus derechos no sólo en tanto empleados públicos sino en cuanto a trabajadores en lo que se refiere a su posición de empleador. Debe cumplir la ley también dentro de su casa.
Todo ello desde el diálogo social. Somos un país que necesitamos ponernos de acuerdo y establecer un marco adecuado para resolver mediante el diálogo los problemas de los trabajadores y trabajadoras vascos. El propio lehendakari debe liderar y posibilitar que esto se produzca. La sociedad vasca lo demanda. -
