La libertad de expresión es un derecho fundamental recogido en todos los tratados internacionales, incluida la Constitución española. Un derecho esgrimido por unos y otros, defendido y reclamado por autoridades políticas, institucionales y judiciales, pero que en Euskal Herria se ha visto restringido en inmumerables ocasiones siguiendo determinados intereses. Es el caso de Iñaki de Juana, con el que se ha abierto una vía por la que se podría además fabricar jurisprudencia aplicable al resto de los presos o a cualquier ciudadano.

«Construiremos nuevas imputaciones para que no salgan a la calle», afirmó en julio de 2005 el ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, sin empacho alguno. Pero, ¿cómo se sujeta a derecho la creación ad hoc de nuevas imputaciones por dos artículos de opinión? ¿Y cómo se entiende que se desprenda de ellos una petición de 96 años?

El abogado Alvaro Reizabal constata a GARA la continuada «ingeniería jurídica» que el Estado español ha construido en el caso de su defendido, Iñaki de Juana. Una ingeniería en la que los artículos ­«El Escudo» y «Gallizo», publicados en GARA en diciembre de 2004­ son sólo la herramienta para lograr «un fin malvado con actuaciones ilegales»: mantenerlo en prisión a pesar de haber cumplido toda la condena bajo la acusación de «pertenencia a banda armada» y «amenazas terroristas».

«En mi vida he visto muchas burradas de todo tipo, y más en la Audiencia Nacional, pero una cosa tan desvergonzada, nunca», afirma Reizabal.

Una aseveración con la que se muestra de acuerdo el representante de Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia Julen Arzuaga. Afirma que en el ámbito internacional sí ha habido casos, en su mayoría contra periodistas, en los que el estado ha cercenado la libertad de expresión «con objeto de silenciar a la voz disidente» ­pone como ejemplo los casos de Rusia y Turquía­, pero remarca que en el caso de De Juana había otro objetivo añadido: «No sólo silenciarlo, sino también mantenerlo preso».

A juicio de este miembro de Behatokia, «reducir el caso de Iñaki de Juana a una mera cuestión de imputación por un delito de opinión sería ver únicamente la punta del iceberg», ya que «sólo ha sido una artimaña, una excusa» para poder retener al donostiarra en prisión después de agotar la vía de las revisiones de las redenciones concedidas.

Marlaska y Pedraz reculan

El abogado de De Juana recuerda que la Fiscalía española, alertada por la inminente salida del donostiarra ­fechada para el 25 de octubre de 2004­, emprendió una vía que «nunca antes» había sido abierta: revisar e impugnar todas las redenciones concedidas de forma oficial durante el periodo carcelario.

Rememora también que de esa forma consiguieron las autoridades españolas retrasar la salida del prisionero alrededor de diez meses, pero que se vieron forzados a construir una nueva imputación con el fin de impedir su excarcelación.

El fiscal Ignacio Gordillo fue quien instóal juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska a que analizara el artículo «El Escudo». El magis- trado remitió al Ministerio Público una providencia en la que preguntaba sobre el archivo del caso, al no observar delito alguno. Ante ello, Gordillo solicitó al juez del tribunal especial que tomara declaración a De Juana, lo que se llevó a cabo el 10 de enero de 2005.

Para asombro de la defensa, sin previo aviso, en aquella vistilla el fiscal presentó como prueba el segundo de los escritos publicados en este diario, «Gallizo». Pero no acabaron ahí las sorpresas, ya que Grande-Marlaska ordenó prisión preventiva para el donostiarra. En esa vista, a juicio de Reizabal, «algo ocurre» para el cambio de criterio del juez.

Para más inri, durante esta travesía judicial ha habido un segundo juez, Santiago Pedraz, que no observó indicio alguno de delito en los artículos y que incluso ordenó su puesta en libertad en un auto. La Fiscalía y el propio Gobierno del PSOE criticaron de forma airada la decisión, y la Sección Primera de la Audiencia Nacional invalidó la decisión de Pedraz, ordenándole que imputara al preso los delitos de «pertenencia a banda armada» y «amenazas terroristas». Y así fue. El 3 de agosto de 2005, última fecha oficial para su liberación, De Juana no abandonó la cárcel.

El vecino de Donostia ya aludía en la entrevista que publicó GARA el 22 de setiembre al «convencimiento de que la jurisprudencia que se cree en este asunto afectará a todos los presos políticos y a la libertad de expresión, y no sólo a mí», así como a la «íntima necesidad de decir basta a tanta agresión». Se trataba de los argumentos primordiales por los que emprendió una huelga de hambre a la que puso punto final el 8 de octubre tras 63 días de lucha.

Dos veces, «Imposible»

Esa posible creación de jurisprudencia en base al caso de De Juana la confirma su abogado, quien subraya el procesamiento por «pertenencia a banda armada». Reizabal asegura que «es imposible» procesar a una persona dos veces por el mismo delito, máxime cuando el imputado ha estado en ese periodo entre rejas. Alude a una sentencia firme del Tribunal Supremo español para ello, e incluso a las conclusiones emitidas por un fiscal la semana pasada durante un juicio en la Audiencia Nacional española, en las que se rechaza ese supuesto por «fuerza mayor» al tratarse de un preso.

«Decir que artificialmente se van a construir imputaciones para mantener en la cárcel a una persona es hacer el llamado ‘Derecho del enemigo’. Porque, ¿para qué están entonces las leyes?», pregunta Reizabal, quien recuerda que todos y cada uno de los recursos interpuestos por la defensa han sido rechazados.

Concretamente, trae a colación el caso sobre el artículo titulado «Gallizo» y en el que, para el juez instructor y la Fisca- lía, existe un delito de «amenazas terroristas» contra cinco responsables penitenciarios que semanas antes de la publicación de la carta habían sido designados como tal y anunciados en los medios de comunicación del Estado español.

Pero además, en ese escrito De Juana Chaos cita al PNV y, en concreto, a su diputada en Madrid Margarita Uria. Se da el caso de que Uria no consta, al contrario que el resto de los mencionados en el artículo, como «amenazada». El juez ni tan siquiera admitió que la jeltzale se personara en el tribunal a petición de la defensa.

En cuanto al presunto delito de «amenazas terroristas», cabe destacar que esta misma semana el diario “El País” informaba de que la Audiencia Na- cional y el Tribunal Supremo han castigado habitualmente el citado delito con una pena de dos años de prisión. Por cierto, el mismo periodo que Iñaki de Juana lleva en la cárcel después de cumplir de manera íntegra la condena impuesta en aplicación del Código Penal de 1973.

A pesar de que durante la última semana las especulaciones sobre la rebaja de la petición fiscal han obtenido amplio eco en los medios de comunicación, Reizabal señala que ante los supuestos no se actúa y que acudirá al juicio a hacer frente a la «burrada e injusta» acusación que mantienen las partes implicadas: imputaciones por delitos de «pertenencia a banda armada» y «amenazas terroristas», por los que se piden 96 años de prisión contra De Juana. Por dar otro dato comparativo, son más años de cárcel que los que se impondrían a quien hubiera acabado con la vida de tres personas.

A día de hoy, lo único constatable es que Iñaki De Juana se enfrentará el próximo día 27 a esta petición por haber escrito dos artículos y que continúa encarcelado pese a haber cumplido la condena hace dos años. -

DONOSTIA