Santurtzi fue escenario de la quinta edición de las jornadas sobre «la problemática de las jubilaciones anticipadas», que organizó la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas (Fevaas), integrada en la confederación Cepyp. La injusticia social con los prejubilados quedó patente en el encuentro y se recordó que muchos de ellos viven con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza, ya que fueron penalizados con coeficientes reductores de su pensión al ser expulsados del mercado laboral.

El aforo del cine Serantes se quedó pequeño para conocer de primera mano las posiciones de algunos partidos políticos y de lo que va a hacer el Gobierno español para deshacer el entuerto que «ha castigado a miles de prejubilados forzosos de las reconversiones a una penalización económica del 40%de su pensión de jubilación», como explicó Iñaki Vicente, presidente de la asociación.

Llevan más de trece años de lucha para lograr que aquellos que cotizaron durante más de 35 años a la Seguridad Social, como es preceptivo, tengan una jubilación del ciento por ciento de la pensión. Iñaki Vicente, precisó que «lo que aquí ha ocurrido no pasa en ningún sitio de la Unión Europea».

Memoria historica

«Hoy que se habla de recuperar la memoria histórica, nosotros nacimos durante la Guerra Civil, un poco antes o después. Tuvimos el caramelo de la postguerra con la dictadura de Franco:hambre en abundancia, carencia de medios de subsistencia, ¡ni para prepararnos para la vida laboral! Hicimos largas jornadas de trabajo. Nadie hablaba de vacaciones, ni de estrés, ni de conciliar la vida laboral. Los horarios y las condiciones laborales hoy serían consideradas inhumanas. Cuando, después de todas esas penalidades, esperas llegar a la jubilación, el Gobierno español, entonces presidido por Felipe González, del PSOE, nos ofrece otro caramelo: nos echa del mundo laboral y nos hunde en la pobreza. Nos priva del 40% de la pensión».

Para él, igual que el resto, la injusticia social «no será reparada hasta que no se nos equipare la pensión, aunque como se alarga el proceso muchos iremos quedando por el camino». Urruñuela recordó que en 1998 el Parlamento de Gasteiz aceptó las revindicaciones de la asociación y recordó que el Congreso español se pronunció en ese sentido a inicios del verano, al adoptar una iniciativa por la que al llegar a los 65 años, tras un expediente de regulación de empleo o despido colectivo, se eliminarían los coeficientes reductores y tendría que contar precisamente los años cotizados a la Seguridad Social para hacer el cálculo de la pensión.

A Santurtzi no acudió la representante del PSOE Isabel López i Chamosa, responsable de ese área y responsable de ese partido en el Pacto de Toledo. Algunos dijeron que «porque nos tiene miedo, después de tantas mentiras». En su sustitución participó Elvira Kortajarena, quien tuvo que escuchar que «López i Chamosa se comprometió el año pasado a resolver este problema, pero estamos en noviembre y no sabemos nada», según dijo el vicepresidente de Fevaas, a la vez que explicó que «nuestro problema, que nos obliga a muchos de nosotros a vivir en la pobreza, no se resuelve, pero los diputados sí se garantizan las pensiones en el futuro».

Kortajarena, diputada en el Congreso español por el PSOE, reconoció «la injusticia real» y adelantó que «nos comprometimos en Irun a activar las compensaciones y hemos hecho los deberes».

Cantidades en alzado

La normativa incluirá «una cantidad en alzado» para paliar «la desigual pensión que perciben los prejubilados», aunque no anticipó su cuantía. María Eugenia Martín Mendizabal, del PP, recordó a los presentes que «la cantidad de tanto alzado, no es la solución, pero precisó que «más vale pájaro en mano». El Gobierno español del PP tampoco está libre de culpa, porque durante las legislaturas de José María Aznar no se resolvió el problema. Sí que criticó al Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero que los complementos a mínimos para las pensiones se paguen con cargo a la Seguridad Social, «cuando deberían de proceder de impuestos específicos».

Emilio Olabarria, del PNV, afirmó que el comisario europeo Joaquín Almunia reconoció este fin de semana que un 41% de los jubilados en el Estado español lo han hecho antes de la edad prevista, «lo que genera una patología económica y social, como estamos comprobando» y recordó que 1,6 millones de personas se jubilaron con el 60% de su salario. Hizo hincapié en sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que las pensiones son «derecho de propiedad privada» para asegurar que las reducciones en las cuantías de las mismas «han supuesto una expropiación de un derecho».

Pidió que las pensiones «nunca estén por debajo del umbral de la pobreza» que «el INE las equipara al SMI, que se situará en torno a los 580 euros al mes en el Estado español y de 620 euros en Euskadi, según Eustat». Esta situación le llevó a concluir que prácticamente la totalidad de los prejubilados españoles viven por debajo de la pobreza,«lo que es un grave problema contra el derecho social de la UE». Aunque calló el porqué no aplica el PNV ese mismo sentido a la renta básica que es competencia de Lakua.

El senador de EA, José Ramón Urrutia, caminó por el mundo de los números y comentó que el problema es económico, porque «están realizando el cálculo de lo supondría reducir el superávit de la Seguridad Social», que cerrará con un excedente de 11.900 millones, según dijo ayer el ministro español Cadera. Urrutia reconoció que la demanda de los prejubilados «genera un precedente» y «le tienen miedo de cara a futuras peticiones».-