Las haciendas de la CAPV y el Gobierno Vasco han acordado una nueva reforma del IRPF, negociada de forma clandestina a lo largo de todo el año en el seno del Organo de Coordinación Tributaria. El acuerdo, que se hizo público el 22 de noviembre, se quiere aprobar en las Juntas Generales en el plazo de un mes.

Se niega, de esta manera, la posibilidad de debate público, político y social, de la materia más importante del autogobierno vasco. Una materia fundamental para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas porque la política fiscal determina de manera muy importante el modelo de sociedad que se quiere construir.

No nos gusta esta reforma. Ni en las formas ­no se han respetado los mínimos exigibles en cualquier sistema democrático­ ni en el contenido.

La CAPV está a la cola de la Unión Europea en presión fiscal y en protección social. Sin embargo, con esta reforma, se dejarán de recaudar 236,7 millones de euros al año. Cantidad que hubiera venido muy bien para aumentar el gasto social. Basta un ejemplo: el Gobierno Vasco destina tan solo 177 millones de euros a vivienda a pesar de las enormes dificultades, cuando no incapacidad, que decenas de miles de personas tienen para acceder a un piso. Con esa cantidad que se deja de recaudar se podría haber triplicado el presupuesto dedicado a este capítulo. Seguro que miles de jóvenes lo hubieran agradecido.

A estas alturas las cosas están muy claras. La opción de las instituciones de la CAPV es una opción neoliberal y de derechas. Es la política de bajar los impuestos directos, que casualmente dependen de la renta de cada uno, en lugar de cubrir importantes necesidades sociales: la ya mencionada de vivienda, servicios sociales, educación de 0 a 3 años, asistencia sanitaria buco-dental, salud mental, renta básica... Y luego se enfadan cuando hablamos de gure neoliberalak...

Salvar la cara

Las instituciones de la CAPV se han embarcado en una carrera propagandística para tratar de justificar esta nueva reforma fiscal. Se basan en dos argumentos falsos. El primero, que la reforma beneficia a todo el mundo. El segundo, que, sobre todo, salen mejor las rentas bajas.

Sin embargo, la reforma sí beneficia a las rentas altas. Quienes tienen rentas de trabajo de 8.000 euros anuales no pagan IRPF, ni con el impuesto vigente ni con la nueva propuesta; su ahorro es de cero euros. Por su parte, las rentas medias pagarán al año unos 130 euros menos, vamos, el chocolate del loro. Es a partir de los 60.000 euros de ingresos anual cuando se empieza a notar la diferencia, como consecuencia de la reducción del tipo marginal máximo del 48 al 45%. Así, por ejemplo, quienes tienen una base liquidable de 100.000 euros al año dejan de pagar 1.492 euros.

Resulta sorprendente que se trate de hacer creer que la reforma es progresista cuando se reduce el tipo marginal máximo de la tarifa general del impuesto del 48 al 45% y se aumenta el tipo mínimo del 15 al 23%. El tipo marginal en 1998 era del 56%, es decir, en poco más de 8 años las rentas altas han visto reducir la presión fiscal en 11 puntos, ni más ni menos.

Asimismo, se exime de la progresividad del impuesto a las rentas de capital y las plusvalías, para las que se establece un tipo fijo del 18%, inferior incluso al tipo mínimo de la tarifa general. De esta forma, se modifica sustancialmente la naturaleza misma del impuesto, cuya progresividad queda limitada, en la práctica, a las rentas de trabajo. El nivel de fraude existente, y no combatido, en las actividades empresariales y del capital las excluye de un planteamiento progresivo.

Esta y no otra es la cara verdadera, maquillajes propagandísticos aparte, del nuevo IRPF aprobado por las instituciones vascas. Por mucho que le moleste al diputado Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, cuyo único argumento ante nuestras críticas es que la reforma no es regresiva ni de derechas porque él es «de Basauri, hijo de un chófer de La Vasconia». Réplica de peso, sin duda.

Al señor Iruarrizaga se le escapa que la democracia es algo más que votar cada cuatro años. Tratar de justificar el oscurantismo y la falta de debate y de participación social sobre un tema tan trascendente porque «ellos han sido elegidos por el pueblo... y darán su aprobación final» es, como poco, una paradoja, si tenemos en cuenta que eso lo dicen los mismos que de manera reiterada hablan de la necesidad de diálogo social también en Euskal Herria. Dialogan, sí. Cuando, como, sobre y con quien les interesa.

En definitiva, por formas y, sobre todo, por contenido la reforma del IRPF debe paralizarse, y aprovechar así para abrir un amplio debate sobre el modelo de sociedad que queremos, sobre qué políticas sociales demanda la ciudadanía, sobre cuánto dinero se necesita para llevarlas a cabo y cómo y en base a qué reparto debe recaudarse. Hay que hablar y debatir de lo que realmente importa a la gente de a pie.

No valen políticas de hechos consumados. Ya no. -