El Episcopado es hoy el mejor exponente del Pase Foral en su máxima expresión «ni se acata ni se cumple», al contrario de quienes nos gobiernan de cerca, que «cumplen» incluso cuando no toca. Sin embargo, la jerarquía católica «pasa» una y otra vez de las sentencias que le condenan por vulneración de derechos fundamentales del profesorado de religión. La última, por despedir por quinto año consecutivo a una profesora por haber participado en una huelga legal en 1999.

El problema radica en que la relación laboral de las y los docentes de religión católica es con la Administración ­es decir, les contrata y paga la Administración del Estado o las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia­, pero son los obispos quienes les seleccionan cada curso, pudiendo despedirles sin más motivo que aducir falta de idoneidad. En la última década han sido numerosos los despidos episcopales por causas tan «justas» como divorciarse, casarse por lo civil, tomar copas o participar en una huelga legal y, aunque las personas afectadas han ganado los juicios, lo cierto es que se han quedado sin empleo. Esto sucede porque la Administración hace una flagrante dejación de sus funciones, poniendo en manos de la jerarquía unos poderes que, debiendo ser públicos, dejan en clara inde- fensión al profesorado de Religión Católica.

La falta de claridad de conceptos y principios han creado esta situación, digna del franquismo, donde la jerarquía eclesiástica se niega a reconocer: a) la separación Iglesia-Estado; b) la cualidad de trabajadores que tiene el profesorado de religión; c) la libertad sindical reconocida por convenios internacionales y normas estatales, d) la libertad de cátedra y, e) la libertad de pensamiento. De este modo, al profesorado de religión en centros públicos ­financiados por el conjunto de la sociedad­ se le obliga a realizar un trabajo de catequización que no le corresponde. La catequesis, en todo caso, corresponde a la Iglesia y a sus fieles.

El pase foral se puede ver de modo claro en la práctica en la “Instrucción pastoral sobre la situación actual” donde la Conferencia Episcopal española establece sus orientaciones morales afirmando su «Verdad», sobre todo en política. En este documento los obispos dicen que «es absolutamente necesario respetar el recto funcionamiento de las instituciones, especialmente la libertad de los jueces», para a continuación desmentir esta afirmación. Su portavoz, Martínez Camino ­el mismo que sostiene que «la unidad nacional es un bien que no puede ponerse a subasta»­ ante el procesamiento del arzobispo de Granada por posible delito de injurias y calumnias, acoso moral, coacciones y lesiones psicológicas a un ex canónigo y ex archivero de la catedral, mantiene que «Las autoridades del Estado no pueden intervenir en la vida religiosa, no es su competencia. Los jueces no pueden gobernar a la Iglesia, no es su competencia». Nada, que no reconocen más autoridad que la suya, incluso en los múltiples casos de pederastia que se dan en su Iglesia, para los que ahora plantean que las y los católicos celebren una jornada de ayuno y penitencia para expresar su solidaridad con las víctimas de los sacerdotes pederastas. Penitencia barata para quitarse el sentido de culpa. ¿Cuándo se darán cuenta estos señores de que como institución tampoco es de su competencia sentar doctrina, salvo para sus fieles, y mucho menos interferir en cuestiones políticas/legislativas?

Pero no va por ahí la cosa. Los obispos consideran «antesala del totalitarismo» que Parlamento y dirigentes de un grupo político que está en el poder crean que pueden legislar según su propio criterio. ¿Para qué hacen falta elecciones teniendo a la Iglesia? debe ser su conclusión. Sus demonios actuales son: la insólita definición del matrimonio, el apo- yo a la ideología de género, el divorcio exprés, la creciente tolerancia con el aborto, la producción de seres humanos como material de investigación y la educación para la ciudadanía. Como se lee, están en contra hasta de la ideología de género, lo cual no es de extrañar en una institución que de partida discrimina a las mujeres. Y encima tienen el morro de afirmar que no pretenden «imponer la fe ni la moral cristiana a nadie, ni que queramos inmiscuirnos en lo que no es competencia nuestra». Todo esto no sería grave si no fuera por la enorme influencia social que todavía tiene esta Iglesia. -

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