Cesar Arrondo

Universidad Nacional de la Plata (Argentina)

Vulnerar o terminar con los derechos civiles, políticos y culturales parece ser el fin último del macroproceso 18/98. A la Audiencia Nacional le da lo mismo inculpar a la Mesa Nacional de HB, a KAS, a los miembros del Diario «Egin», a la Fundación Zumalabe, al lehendakari, a Arnaldo Otegi, a los jóvenes independentistas, o a José Luis Elkoro.

Para la Audiencia Nacional, todo lo que tiene olor a vasco debe ser objeto de enjuiciamiento, y así ha sido durante 17 meses, en los cuales, un importante número de personas han tenido que comparecer en Madrid cada semana, sin importar las distancias, los inconvenientes, los trastornos y las humillaciones.

Las penas solicitadas por el fiscal parecen constituir números provenientes del azar, donde se solicitan años como si fuera un juego de apuestas, con el singular argumento de vincular toda actividad institucional o militante nacionalista a ETA. Ahora, el Fiscal de la causa Enrique Molina ha solicitado una reducción en las penas originalmente pedidas, como si se tratara de las rebajas de las grandes tiendas.

Mientras tanto, la resolución del conflicto vasco deberá esperar, al igual que la unidad abertzale, la reanudación del diálogo y la humanitaria liberación de Iñaki de Juana.

Sólo la movilización del pueblo vasco, la ausencia de violencia, el diálogo como medio de resolución y el respeto de todas las ideas constituyen los denominadores que nos llevarán a concretar los grandes objetivos nacionales, que sólo serán posibles si se logra garantizar el derecho a decidir del pueblo vasco.