A propósito del borrador de decreto de escolarización del Gobierno de UPN, el tema de la inmigración ha vuelto a saltar a la actualidad.

Se trata de una realidad cada vez más notoria y evidente. De hecho, en Navarra contamos ya con una población de alrededor de un 10% procedente de otros territorios. Y a la hora de abordarla vemos necesarias las siguientes consideraciones:

El significado etimológico de inmigración hace referencia a la acción de llegar a un país con la intención de establecerse en él. No se trata de un fenómeno reciente sino de un hecho inherente a la condición humana.

No obstante este término tiene unas connotaciones bien definidas. Inmigrante es, hoy y en Navarra, el sudamericano, magrebí, africano, rumano... que habita, por lo general, en enclaves y barrios determinados y que conforma un colectivo marginal y problemático. ¿O es que acaso al hablar de inmigrantes pensamos en el camerunés que milita en las filas de Osasuna, el ejecutivo alemán de la Volkswagen, el médico madrileño de la clínica universitaria o la maestra extremeña, andaluza o gallegas?

Miles y miles de personas se ven abocadas a abandonar sus lugares de origen en busca de otros horizontes, en un mundo donde las desigualdades sociales son cada vez mayores y está cada vez más claro que las miserias de unas personas son consecuencia del bienestar de otras y viceversa.

Este tema no debe pasar inadvertido para la educación en cuanto que, como servicio público, debe velar por evitar desigualdades sociales debido a su papel primordial en la construcción de un mundo justo y solidario. Sin embargo, ¿en qué estado se encuentra hoy la educación en Navarra? Es más, ¿podemos hablar propiamente de una enseñanza pública navarra? A nuestro juicio no. Primero porque da la espalda a la historia y realidad de una comunidad a la que se niega la posibilidad de decidir; y segundo porque apuntala un modelo social, económico y cultural ajeno a los valores de justicia, igualdad y solidaridad.

Como consecuencia directa del sistema educativo que padecemos, no podemos menos que mencionar también esa «inmigración lingüística»; para que nuestros hijos e hijas puedan estudiar en la lengua de Navarra, el euskera, precisan traspasar diariamente la frontera que divide la zona no-vascófona de la mixta.

Por todo ello, queremos denunciar el borrador puesto que lejos de realizar un planteamiento integrador e inclusivo supone más de lo mismo, es decir, una muestra más de la política educativa de UPN, que ha llevado a convertir la enseñanza pública en un ghetto para los inmigrantes y dentro de la misma al modelo D en una reserva de indígenas. A la vez que ha fomentado, subvencionado y premiado a la enseñanza privada a costa de recortar presupuestos a los centros de titularidad pública.

Pero de la misma manera, tampoco podemos apoyar el manifiesto firmado por la mayoría de los sindicatos y diversos colectivos. Y no podemos hacerlo porque lejos de criticar el mencionado decreto en lo que tiene de discriminatorio y segregador, se centra en la demanda del reparto equitativo del alumnado inmigrante entre la enseñanza pública y privada/concertada, lo cual, a nuestro juicio, es una solución parcial y discutible, ya que entre otras consecuencias supondría desarraigar aún más a las alumnas y alumnos procedentes de otros países de su realidad más cercana, su barrio, y plantea la cuestión en términos erróneos en cuanto que centra la solución en compartir la carga de una realidad a la que, en nuestra opinión, hay que hacerle frente en clave positiva, invirtiendo recursos y tomando medidas adecuadas y con garantías.

Estas medidas tienen que estar orientadas en la dirección de garantizar el derecho que tienen las familias a elegir libremente el centro, respetando el derecho de escolarización del alumnado en su barrio y en la opción lingüística elegida y asegurando la calidad educativa para todas y todos, así como la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

También, que en el proceso de admisión del alumnado en los centros se asegure la respuesta a toda la demanda dentro de su entorno más cercano; para ello, las Comisiones de Escolarización, que deberán adoptar las medidas para garantizar la legalidad de todo el proceso, deberán informar con antelación sobre toda la oferta educativa existente en su ámbito más cercano.

Y sobre todo, reunirse, hablar y tener en cuenta los planteamientos que pueda hacer la población inmigrante y sus asociaciones y federaciones.

Además, y exceptuando a las ikastolas, la oferta en euskara en la enseñanza concertada es nula, y así seguirá siéndolo mientras no se tomen medidas al respecto, por lo que derivar a las y los alumnos inmigrantes a colegios de este tipo, hoy y en Navarra, equivale a condenarlos a una educación monolingüe.