El Gobierno de Lakua romperá el convenio que desde 1994 mantenía con el Ejecutivo español para la prestación de diversos servicios educativos y sanitarios en las cárceles de la CAV, ante el «desprecio» del Gobierno del PSOE a su petición de la transferencia de las competencias en materia penitenciaria.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, aseguró ayer que el tripartito seguirá ofreciendo y financiando estos servicios, que cuestan cuatro millones de euros al año, pero sin sujeción a convenio alguno con Madrid, «a no ser que el Gobierno central diga que no lo hagamos», aclaró.

«Insoportable desidia»

La medida, adoptada en Consejo de Gobierno, se ha tomado en respuesta a la «insoportable desidia» con la que Madrid «desprecia las justas demandas de reconocimiento de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika», según informó Azkarraga, quien también acusó al Gobierno español de responder con el «silencio» a la petición de convocar la Comisión Mixta de Transferencias para analizar la demanda.

En todo caso, aseguró el consejero que el tripartito «mantiene la voluntad política de que esta decisión no afecte al funcionamiento» de los servicios que se prestan en educación, sanidad, información, formación profesional, atención social o apoyo a la excarcelación, porque los más de mil presos recluidos en cárceles vascas «no tienen culpa alguna de la desidia de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias».

El Departamento de Justicia ha presupuestado en 2007 más de 805.000 euros para subvenciones a asociaciones para acción social penitenciaria, al Turno de Asistencia Legal Penitenciaria y al Servicio de Asistencia a la reinserción. Desde Sanidad, se dedicaron durante 2006 más de 1,6 millones de euros a ingresos hospitalarios, consultas especializadas, urgencias, etcétera. Y Educación destina diecio- cho profesores para impartir clases a adultos en las prisiones. Además, el coste de los profesores de primaria y secundaria es de 676.500 euros.