Los imputados son vecinos de Iruñerria que en los años 1995, 96 y 97 fueron acusados de pertenecer a «grupos Y». En esa época, los actos de «desorden público», como por los que se les inculpa, pasaron a ser actos de «terrorismo». Dentro de los severos castigos a los que han sido sometidos cientos de jóvenes en Euskal Herria bajo esa acusación, este juicio, el sumario 8/97, es el que tiene mayor volumen de penas en juego: piden 401 años en total, y hay personas con amenazas de 56 años.

Otra peculiaridad de este juicio es que se celebra después de que haya estado casi doce años aparcado. En 1997 la mayoría de los 26 detenidos salió a la calle bajo fianza, y los catorce menores quedaron libres de cargos «por falta de pruebas». El sumario se volvió a retomar el pasado agosto y los doce inculpados fueron llamados al juicio que estaba previsto celebrar en septiembre. Aquella vez se suspendió por petición de una de las defensas y se acordó aplazarlo hasta hoy. Cabe recordar que entonces el juez se mostró despreocupado por la fecha de celebración del juicio, y también en cuanto a las medidas cautelares respecto a los inculpados, ya que aseguró que «todos se han presentado, y no son peligrosos, a mí no me lo parecen». En septiembre hubo movilizaciones en toda Euskal Herria en contra de la Audiencia Nacional y los juicios políticos, apoyando a los inculpados.

Denuncian el juicio político

Imputados por la Audiencia Nacional (unos por el sumario 8/97 y otros en «juicios preventivos») comparecieron ayer junto a familiares y amigos. Denunciaron que «se trata de un juicio político contra jóvenes de izquierdas y abertzales» y argumentaron su denuncia exponiendo las características y el contexto del juicio. Situaron los hechos dentro de la campaña que hicieron los medios de comunicación en aquella época sobre actos de kale borroka, según los denunciantes «creando alarma social» y «dirigidos por el PP, recién llegado al Gobierno». Según aclararon, «la intención era abrir el camino a la represión y fue entonces cuando en Nafarroa se reforzó la Policía con la llegada de Francisco Javier Ansuátegui. Se detuvo a unos 300 jóvenes, muchos de ellos menores de edad». Denunciaron que «inventaron los `grupos Y' para imputarnos la relación con ETA. Son los primeros pasos del `todo es ETA'».

También explicaron que la acusación se basa en las autoinculpaciones o inculpaciones a terceros conseguidas en el periodo de incomunicación, y denunciaron que «aplicándonos la Ley Antiterrorista, nos tuvieron en manos de la policía sufriendo terribles torturas, incluso a los que eran menores de edad de 16-17 años». Recordaron que la Audiencia Nacional acepta declaraciones obtenidas bajo torturas. Así, «se cierra el círculo: se calma la alarma y se protege a la Policía», explicaron.