El Tribunal Correcional de París albergará hasta el mes de junio un proceso sin precedentes. Es, de hecho, la primera vez que se juzga en el Estado francés a una multinacional del petróleo implicada en una catástrofe ecológica. Seguramente ya este primer dato merezca una reflexión sobre la laxitud con que la legislación francesa, y en general la comunitaria, ha tratado unos delitos que ni son una excepción, porque se repiten sistemáticamente, ni tienen un efecto limitado, dado que sus graves consecuencias se extienden largamente en el tiempo.

El arranque del proceso judicial por el hundimiento del Erika se produce en un momento en que desde Bruselas se anuncia la intención de proceder a una unificación de la política de protección del medio ambiente. Es, sin lugar a dudas, una buena noticia que los socios comunitarios aborden la tarea de unificar los criterios con los que se previenen y combaten las prácticas anti ecológicas. Máxime cuando en el seno de la UE conviven culturas medioambientales muy diversas, algunas fuertemente comprometidas con la protección del entorno y otras mucho más descuidadas en esta materia.

En todo caso, si el objetivo es poner diques reales al abuso contra el hábitat natural, los gobiernos comunitarios deben estar dispuestos a pagar el precio de la incomprensión de sectores económicos muy poderosos, e incluso de ciudadanos que, por motivos de subsistencia económica, se ven obligados a defender, y así lo hacen, prácticas productivas que causan perjuicio a la salud de las personas y al entorno en el que éstas se desenvuelven.

Así ocurrió con el naufragio del Erika, una catástrofe a enmarcar en el contexto que la mundialización impone al comercio marítimo. El barco que se partió en dos a causa de una fuerte tormenta aquel fatídico 13 de diciembre de 1999 había sido construido en Japón en 1975, y hasta que sobrevino el naufragio cambió ocho veces de propietario y navegó hasta con tres banderas de conveniencia diferentes.

Aunque tales circunstancias complican el que se haga justicia en este tipo de accidentes, el proceso judicial abierto en la capital francesa señala con claridad a los presuntos responsables de la contaminación del Atlántico con 20.000 toneladas de petróleo. En el banquillo se sientan la petrolera Total, dos de sus filiales y doce personas particulares. Entre estas últimas figuran dos militares y un civil vinculados a la prefectura marítima de Brest. Hasta 72 partes civiles están representadas en este juicio, y todas ellas tratan de obtener una sentencia que permita compensar siquiera tardíamente el enorme daño causado. Por lo demás, parece evidente que la decisión del tribunal marcará un precedente cara a procesos futuros. En la mente de todos: el Prestige.