El auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) conocido ayer confirma la imputación de Patxi López, secretario general del PSE, y de Rodolfo Ares, responsable de Organización del mismo partido, como autores de un delito de desobediecia por reunirse con Batasuna «con plena conciencia de su ilegalidad». Esta reunión se produjo en Donostia en julio del pasado año, por iniciativa del PSE y en el marco de una ronda de contactos con otras fuerzas políticas vascas tras el alto el fuego de ETA.

La resolución del TSJPV desestima formalmente el recurso de súplica interpuesto por la defensa de ambos políticos para que se archivaran las querellas de PP y Foro de Ermua, y sigue adelante con la causa abierta, en la que también están encausados los mahaikides de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena, y el lehendakari Juan José Ibarretxe.

La decisión del citado tribunal no está avalada por la unanimidad de los miembros de la Sala, dado que uno de los tres magistrados, Nekane Bolado, ha hecho patente un voto particular discrepante con el auto y favorable a la petición de los abogados y del propio fiscal del TSJPV de exculpar a López y Ares.

No obstante, prevalece la opinión de los jueces Fernando Ruiz Piñeiro y Antonio García, quienes en el texto del auto ponen de relieve que los dirigentes del PSE concertaron y llevaron a cabo la reunión con la formación abertzale «con plena conciencia de su ilegalidad».

«No como personas físicas»

En el auto se recuerda que el Foro de Ermua pidió a los dirigentes del PSE que no acudieran al encuentro y les alertó de que el TSJPV ya había admitido a trámite su querella contra el lehendakari tras una reunión idéntica con representantes de Batasuna. Además, la Sala asegura que, en la reunión, «Otegi, Etxeberria y Dañobeitia actuaron en nombre de Batasuna, y no en el suyo propio como personas físicas».

En un tono aún más valorativo, el auto asegura que «no se puede interpretar, a no ser por ignorancia u ofuscación, como un intento de criminalizar el diálogo, o de impedir restringir o condicionar el ejercicio de derechos fundamentales, pues ninguna denuncia o querella cabría admitir si no concurrieran indicios denotando en los hechos la implicación de un partido ilegalizado».

Antecedentes sin repercusión

El auto analiza, pero finalmente no tiene en cuenta, dos autos judiciales anteriores dictados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, respectivamente. En el primero de ellos, datado la víspera de la reunión, Baltasar Garzón rechazaba prohibir el contacto entre ambos partidos, argumentando que el auto de suspensión de actividades de Batasuna «no puede extenderse a la prohibición de hablar o exponer ideas que, a priori, no se sabe si tendrán contenido delictivo o no», porque eso conduciría a una «resolución de contenido político». Garzón mantuvo esta tesis una vez desarrollada la reunión, negándose al día siguiente a cursar una petición de la asociación Dignidad y Justicia para citar a declarar a como imputados a los miembros de Batasuna y como testigos a los del PSE.

El segundo auto fue dictadopor el Tribunal Supremo el 13 de noviembre de 2006, y en él rechazó una querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. y el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, por «autorizar» la reunión de los representantes del PSE con Batasuna.

Reacciones «tranquilas»

Tras la decisión del TSJPV, Patxi López y Rodolfo Ares declararán el próximo mes de marzo, si el tribunal sigue los mismos plazos que aplicara en el caso abierto contra Ibarretxe, Barrena, Otegi y Petrikorena.

Tanto Patxi López como Rodolfo Ares reaccionaron ayer ante el auto «con tranquilidad», según la literalidad de las palabras de Ares en declaraciones realizadas a este periódico. El responsable de Organización aseguró que acudirán al juzgado «sin convocar manifestaciones previas».

Por su parte, Patxi López se mostró convencido de que las causas abiertas acabarán «en la nada», aunque manifestó su preocupación por «la judicialización de la política que pretende hacer permanentemente el PP o sus organizaciones apéndices», con asuntos «que deberían sustanciarse en lo que es el debate, la crítica política».

La Ejecutiva del PSE también hizo público un comunicado en el que, tras destacar en su primer punto el «respeto a la decisión adoptada por el alto Tribunal Vasco», reiteran que «estamos convencidos de que ni Patxi López ni Rodolfo Ares cometieron ninguna ilegalidad por reunirse con representantes de la izquierda abertzale, que están en posesión de todos sus derechos políticos y civiles».

Además, pusieron el acento en que «dicha reunión tenía como objetivo pedir a la izquierda abertzale que dejara de ser parte del problema y fuera parte de la solución, y que se alejaran de la violencia y cumplieran con la legalidad vigente».

Desde el mismo partido, José Antonio Pastor sumaba un matiz en su valoración de la decisión judicial al manifestar que ésta demuestra «la miseria política del PP», por presentar la querella, y «el victimismo con el que jugó el Gobierno Vasco» en el encausamiento del lehendakari. Pastor insistió en que la decisión «deja en evidencia las mentiras de los nacionalistas, especialmente de la portavoz Miren Azkarate, que trató de manipular dando la impresión de que había trato discriminatorio entre las actuaciones contra el lehendakari y las actuaciones contra los dirigentes del PSE».

Precisamente, fue Miren Azkarate quien expresó ayer «el apoyo y la solidaridad» del Ejecutivo de Lakua hacia los dirigentes del PSE y calificó de «inaudito e injusto» que se admita una querella criminal «simplemente por hablar». Además, puso a disposición de López y Ares a los abogados que defienden en esta misma causa al lehendakari.