Si el conflicto político que se vive en Euskal Herria cobrara mayor interés en el plano internacional (tarea en la que la diáspora tiene su cuota de responsabilidad), las acciones de la Justicia española en la tómbola global estarían en situación de derrumbe. Las fundamentaciones para prolongar y reducir condenas a presos vascos ya parecen algo más que interpretaciones antojadizas. Si tomamos por caso la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso Iñaki de Juana Chaos, vemos que de una instancia judicial a otra se puede pasar de una condena a 12 años y 7 meses por amenazas terroristas a otra de 3 años por el delito de amenazas no terroristas y enaltecimiento del terrorismo. Se ve, por este y otros asuntos judiciales, que en el caso vasco todo es materia opinable según de dónde provenga el acusado y cuáles son las necesidades del momento.

Por esa cuestión de pendular entre el exitismo y el derrotismo, durante años los argentinos nos creímos los peores del barrio por el nivel de influencia política en el poder judicial y por el alto grado de hipocresía de numerosos dirigentes. Pero si a las citadas actitudes judiciales le sumamos una reciente foto de Felipe González, junto a representantes de las organizaciones argentinas de derechos humanos Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, en la inauguración que se hiciera en Madrid de la muestra «Educar en la memoria para construir un futuro», podremos percibir que el problema es de mayor alcance y una vez más no nos tiene como principales protagonistas.

No obstante, si de mirar el vaso medio lleno se trata, coincido con el optimismo de la delegación de expertos internacionales en resolución de conflictos en cuanto a que el último atentado de ETA no implica necesariamente la ruptura del diálogo, y por lo tanto del proceso hacia la resolución pacífica y democrática del conflicto. Si algo parece estar cambiando luego del atentado de ETA es el reconocimiento que desde distintos sectores políticos vascos se ha hecho sobre la necesidad de un mayor involucramiento de la sociedad en pos del proceso de pacificación y normalización política en Euskal Herria, y la consecuente respuesta que la misma sociedad está dando.

Y diré que no se trata de una postura demagógica, como algún temeroso del populismo pueda pensar. Cuando una parte importante de la sociedad no legitima la violencia como herramienta para la resolución del conflicto (y lo que ayer fuera visto como contraviolencia ha pasado a ser percibido como violencia a secas), y las principales estructuras políticas no pueden salir del empantanamiento en el que se encuentran, sólo quedan dos caminos: o la resignación del más débil, en provecho no sólo del más fuerte sino además del astuto oportunista, o el protagonismo social que a través de nuevas y renovadas formas de participación democrática presione para una salida a dicha situación, que inevitablemente será desde la política a través de un nuevo equilibrio de fuerzas al interior del Estado. Es necesario que la sociedad haga una suerte de reapropiación de la política para compeler a las fuerzas que traban la resolución a salir de su ombliguismo, de un enfrentamiento de aparatos del que la sociedad no participa y del que no obtiene beneficio alguno. Qué mejor que pensarla desde el concepto de «fuerza instituyente».

Por otro lado, un objetivo como el de lograr el ejercicio del derecho de autodeterminación por parte de un pueblo requiere que sea en cierta forma conquistado por el sujeto hacia el que está destinado. Para mejor decirlo, todo proyecto político que no logra anclaje en la sociedad es letra muerta. Como supo afirmar el escritor y militante político argentino Rodolfo Walsh, cuando la teoría ha galopado kilómetros delante de la realidad, la vanguardia corre el riesgo de convertirse en una patrulla perdida.

Las molestias que en los defensores de la unidad del Estado español han causado las recientes movilizaciones y reclamos pacíficos por Iñaki de Juana y por el propio lehendakari Ibarretxe son una clara señal del camino que hoy toca recorrer.