El fiscal del juicio por el sumario 18/98 decidió rebajar a la mitad la petición de penas para las personas acusadas en el caso. Si estuviéramos hablando de un juicio normal, sería una buena noticia. El problema es que, más que un juicio justo, el proceso por el 18/98 es una mezcla de proceso político y castigo anticipado, cuyo único fin es la criminalización de personas y organizaciones que no han cometido delito alguno, basándose exclusivamente en suposiciones de corte claramente político y naturaleza delirante. Y lo digo con cierto conocimiento de causa, ya que además de mi amistad con algunas de las personas imputadas y de haber seguido de cerca el caso, he sido colaborador de uno de los grupos criminalizados -la Fundación Joxemi Zumalabe- y acudí al juicio como testigo de la defensa.

El proceso ha metido en el mismo saco realidades muy diversas. Visto que casi todos los imputados pertenecen al ámbito ideológico de la izquierda abertzale, puede sonar raro decir que entre ellos y ellas existe una gran diversidad ideológica. Sin embargo, lo cierto es que trabajan en campos de acción muy diversos y tienen visiones de la realidad bastante distintas en muchas cuestiones. En realidad, lo único que tienen en común es pertenecer o haber pertenecido al entorno de la izquierda abertzale.

Ese nexo común, unido a la escandalosa ausencia de pruebas inculpatorias aceptables, nos lleva necesariamente a la conclusión de que el motivo por el que se les ha procesado es, precisamente, su vinculación con un determinado proyecto político, unida a su denuncia política conjunta del proceso. En este contexto debemos situar la exculpación del abogado Pepe Uruñuela. Me alegro de verdad de que se hayan retirado las acusaciones contra él, ya que pienso que no ha cometido delito alguno, pero igual opino de la mayoría de acusados y, sin embargo, siguen en peligro de ir -o volver- a la cárcel. Así que pienso que la clave de la exculpación de Uruñuela no es que sea inocente, que lo es, sino el hecho de haberse desmarcado ideológicamente de la izquierda abertzale, lo cual indica el criterio con el que actúa el fiscal del caso.

Especialmente grave me parece la petición fiscal contra los miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe. Como he dicho, he participado en las actividades organizadas por esa fundación y conozco su trabajo a favor del activismo, el asociacionismo y la promoción de redes sociales implicadas en la transformación pacífica de nuestra sociedad. Y no sólo se trata de una iniciativa transparente y claramente posicionada a favor de la resolución no violenta de los conflictos, sino que opino que los planteamientos que se promueven desde esa fundación están en las antípodas y son incompatibles con la visión militarista de la realidad que tiene ETA.

Por todo lo dicho, no voy a pedir que se absuelva a los encausados, ya que sería otorgar a la Audiencia Nacional legitimidad para juzgarles. Si ese tribunal excepcional se guiara en este caso por los criterios que se suelen identificar con un estado de derecho, el sumario se habría archivado. Así que lo único que cabe es repetir la petición de sobreseimiento y archivo, expresar mi solidaridad y apoyo a quienes se sientan en el banquillo y animar a la ciudadanía a manifestarse en la calle en contra de este kafkiano proceso. Tal vez no sirva de nada, pero cuando la persecución ideológica se disfraza de justicia y se llega a estos niveles de abuso, protestar es la única opción decente que nos queda.