«Los que permitieron el genocidio siguen en las esferas de poder»
«La desaparición de López nos dio la convicción de lo imprescindible que son los juicios y terminar con la impunidad», subraya a GARA Guadalupe Godoy, abogada de este testigo clave que desapareció hace cinco meses. Afirma que con esta desaparición han querido lanzar un mensaje de «nosotros todavía estamos y aún podemos». Las amenazas a abogados, organismos y víctimas se han intensificado.
Guadalupe Godoy es una de las abogadas de Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave para condenar a cadena perpetua a Miguel Etchecolatz, ex director de investigaciones de la Provincia de Buenos Aires y responsable de uno de los centros clandestinos de detención durante la última dictadura argentina. En esta entrevista a GARA, analiza las repercusiones de esta desaparición.
El domingo se cumplieron cinco meses de la desaparición del argentino Jorge Julio López. En esta entrevista concedida a GARA, su abogada, Guadalupe Godoy, analiza la trascendencia de este hecho y sus posibles consecuencias para los futuros procesos judiciales contra represores de la dictadura militar. Pese al incremento de las amenazas, Godoy remarca que, lejos de «paralizar, el miedo nos moviliza, porque no estamos solos».
¿La desaparición de Jorge Julio López supone para Argentina un regreso al pasado?
No es un regreso al pasado, pero lo que marca es la impunidad de ese pasado que continúa presente en una sociedad donde no hubo justicia y se vuelve a discutir lo que pasó hace 30 años. Las secuelas hacen que una gran parte de la sociedad no sea indiferente. Hay angustia por los nuevos juicios porque aquí la impunidad no terminó cuando se logró la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y no sabemos cómo va a continuar después del juicio a Miguel Etchecolatz y sin Jorge Julio López entre nosotros.
¿Cómo influye esta desaparición en las personas que deben testificar en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura?
No hay testigos que se nieguen, pero si hay temor y angustia por lo que pueda pasar. Aquí se habla de la seguridad de los testigos pensando que la desaparición de López es un mensaje hacia ellos. Pero no desaparece antes declarar, sino un día antes de la primera sentencia que afirmó que en Argentina hubo un genocidio. Es un mensaje de `nosotros todavía estamos y todavía podemos'. Limitarlo a los testigos sería deslindar este miedo y asignarlo a un sector reducido de la sociedad. Habrá unos 6.000 potenciales testigos y, en realidad, es una forma de no asumir que ante un hecho como éste, estamos todos en riesgo. ¿Cuál es el futuro de una sociedad que puede aceptar pasivamente la impunidad como forma de sobrevivir?
Los testigos están temerosos pero no sé cuántos sobrevivientes o familiares han dejado de sentir miedo, porque los represores conviven con nosotros, son dueños de empresas de seguridad y siguen tanto en las fuerzas de seguridad como en los estamentos militares.
Todos los que permitieron que hubiera un genocidio en este país se enriquecieron y siguen en las esferas del poder. Es un miedo que se reinventa de alguna manera y no ha dejado de estar presente en la sociedad durante estos años.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, señaló a los policías «sin gorra» como autores del secuestro. ¿Creen que López es víctima de sectores de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de «mano de obra» residual de la dictadura? Los organismos de derechos humanos que nos querellamos contra Etchecolatz tuvimos la certeza desde los primeros días que había militares y policías involucrados, retirados unos y en activo otros.
La Policía bonaerense es un gigantesco ejército de 60.000 efectivos, pero el mismo gobernador reconoció que sólo controlan a 20.000 y que el resto no se subsume al poder político.
Estas personas tienen una relación muy estrecha con los que participaron en la dictadura como estructura y en secuestros, narcotráfico y numerosos casos de gatillo fácil y tortura durante la democracia. El aparato represivo del Estado se comporta según las necesidades sociales y, más allá de que vivamos en una democracia formal, el modelo político, económico y social de la dictadura está vigente en muchos aspectos. Una provincia que tiene una sobrecogedora tasa de desocupación y que vivió la crisis de 2001 con niveles de indigencia nunca vistos, necesita un aparato represivo fuerte, que a veces trabaja para el poder político y otras veces para sus intereses, entre estos, mantener la impunidad de lo ocurrido hace 30 años.
En los últimos meses y coincidiendo con esta desaparición, varios grupos y personajes han irrumpido en la vida pública reivindicando la dictadura. ¿Qué rol juega la sociedad civil?
No hay connivencia de la sociedad. La sociedad es víctima del exterminio de los 70 y no ha podido reconstruirse como tal, porque perdió su movimiento obrero y estudiantil y la capacidad de pensar que el campo popular puede unirse y pelear por sus derechos. Toda esa pérdida fue ahondada por los modelos económicos de los años 80 y 90 y en la actualidad. En esto ha contribuido el Gobierno porque, si bien ha hecho un trabajo en materia de derechos humanos que hay que reconocer, lo ha planteado en términos de debates militantes; quienes militaban en la izquierda, por un lado, y la derecha y militares, por el otro. Esto termina siendo una teoría remixada de los dos demonios y la sociedad siente que está fuera y que el debate es entre dos sectores minoritarios.
Los organismos que conformamos la organización Justicia Ya, (una coordinación para los juicios), tratamos de romper esa visión al solicitar que se reconociera un genocidio, porque cuando hablamos de un plan sistemático de exterminio tenemos que saber que se realizó para poder implementar un nuevo modelo político, social, económico, cultural, y para eso no se exterminó a cualquiera. Pero tampoco exclusivamente a la militancia de los 70, que muchas veces se mitifica, sino a todos aquellos que tuvieran formas de participación social, política, gremial, estudiantil y cultural a todos los niveles.
Una de las tareas es demostrar que el daño fue a nivel social. Tenemos que romper con esos términos confrontativos de un pequeño sector contra otro. Lamentablemente, el Gobierno en su forma discursiva, ha colaborado mucho en difundir esta concepción y la sociedad no puede permitirse debatir porque no se siente parte de esta forma de presentarnos. Después de 30 años, es muy difícil rediscutirlo en esos términos y más aún cuando la figura de López crece en el inconsciente colectivo como la imagen del desaparecido en democracia.
¿Consideran que tras cinco meses hay gestos políticos fuertes que impulsen la investigación? ¿Son optimistas respecto a su aparición con vida?
No somos optimistas, es muy difícil serlo. Causa mucha impotencia escuchar al ministro de Interior decir que es optimista, no sabemos por qué. López desnuda que durante estos años hubo una política más reclamativa que efectiva. No se tomaron las medidas necesarias para que el aparato represivo tuviera menos poder o dejara de tenerlo.
A partir de esta desaparición, las autoridades nos reconocieron que había efectivos en actividad cuyos legajos confirman que revistaron en centros clandestinos de detención. Entonces, no somos optimistas con respecto a López. Este pesimismo está ligado a la toma de conciencia de la existencia de un aparato represivo que tiene capacidad operativa y a que el poder político no está tomando las medidas para que los secuestros no vuelvan a suceder.
López también tenía que declarar contra otros represores en la causa abierta por la vulneración de derechos en Comisaría Quinta. ¿Lo ocurrido con él puede tener relación con los que aún no están condenados?
La Comisaría Quinta es un caso paradigmático en la ciudad de La Plata. En esta causa están imputados todos los oficiales de la Policía de la provincia, desde la cadena de mando hasta los últimos cuadros. Los organismos insistimos en que no podemos juzgar a los represores de uno, porque los testigos se mueren, están cansados o porque se produce una revictimización a nivel judicial. López tenía que declarar y hay que evitar que quienes buscan justicia sean revictimizados. ¿Cuántas veces más tienen que hacerlo? López también tenía que declarar con relación a la Unidad 9, una cárcel donde iban aquellos que quedaban «blanquedos», es decir, a disposición del poder ejecutivo y donde hubo tortura, desapariciones y asesinatos.
El próximo caso es el de Christian Von Wernich, un ex capellán de la Policía bonaerense acusado de privación ilegitima de la libertad, torturas y posible participación en homicidio. ¿Cómo se preparan para afrontar este proceso?
Es otro caso paradigmático porque estamos hablando de un capellán y lo que implica el poder que la Iglesia Católica tiene en nuestro país. Es una causa que abrirá las puertas hacia las complicidades civiles que hubo en el genocidio y, lamentablemente, al papel que jugó la Iglesia en esos años. Con todos los temores que tenemos por los testigos y cómo se encaren los nuevos juicios, aquí será donde comprobemos cuáles van a ser los efectos de la desaparición de Jorge Julio sobre el movimiento de derechos humanos en general y sobre la sociedad platense en particular. Seguramente, habrá sectores de la Iglesia que presionarán. Sabemos que algunos grupos de derecha católicos que, habitualmente desempeñan actividades como boicotear o amenazar, saldrán en defensa de Von Wernich.
Desde la agrupación HIJOS hasta abogados, testigos y jueces están recibiendo amenazas.
No he recibido amenazas, pero creo que la mayor amenaza ha sido la desaparición de Jorge Julio. Muchos empezamos a darnos cuenta que la habíamos recibido y la ignoramos. La dimensión que implica una desaparición que no es comparable con ningún e-mail o llamada telefónica. La agresión que significa su ausencia es más que suficiente para todos.
Es difícil pasarlo a un plano personal porque lógicamente aparecen temores, pero uno tiene que pensar que los temores en Argentina siempre han estado vigentes y no sólo con los fantasmas del pasado porque durante la democracia también han sucedido hechos.
López reafirma la necesidad de desmontar esa estructura. A diferencia de la década de los 70, donde el miedo paralizaba, ahora el miedo nos moviliza porque no estamos solos. Existen los organismos de derechos humanos con capacidad de proteger, cuidar y reforzar la tarea que estamos haciendo. La desaparición de López nos dio la convicción de lo imprescindible que son los juicios y de terminar con la impunidad.
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