Una de las claves del articulado sobre el que se ha discutido esta semana es el establecimiento de un precio fijo para todos los libros, salvo para los manuales de texto, cuya tarifa se liberaliza. De esta manera, se acabará con los descuentos libres que se aprobaron en 2000, durante el mandato de José María Aznar, «con efectos perversos para las librerías», tal y como ha denunciado la Federación española de Gremios de Editores.

En cualquier caso, la liberalización del precio de los libros para la enseñanza obligatoria ha causado «incertidumbre» en el sector y no son pocas las voces que se han alzado en contra. El debate de los últimos días ha dejado al descubierto la delicada situación que atraviesan los libreros en todo el Estado español. Las asociaciones que les representan creen que con la futura ley no está garantizada su supervivencia y reclaman a la Administración mayores apoyos.

En cuanto a las medidas dirigidas al fomento de la lectura, el plan plurianual propuesto en el proyecto de Ley prevé una inversión de 431 millones de euros hasta 2014. Este presupuesto se destinará principalmente a mejorar la dotación bibliotecaria. Uno de los objetivos que persigue la norma es el de alcanzar una disponibilidad media de entre 1,5 y 2,5 libros por habitante, tal y como establecen las directrices de la Unesco.

El texto recoge, asimismo, la necesidad de realizar campañas de promoción del hábito de la lectura, especialmente entre el público infantil y juvenil, al tiempo que plantea la creación del Observatorio de la Lectura y del Libro, con el cometido de analizar la situación del libro, la lectura y las bibliotecas.

El proyecto de Ley moderniza la definición oficial de libro, adecuándola a los cambios producidos por la aparición de las nuevas tecnologías. Según esto, se entiende por libro la obra científica, literaria o de cualquier otra índole que constituya una publicación unitaria editada en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura.

La Ley del Libro viene a sustituir a la regulación en vigor, que data de 1975. En Euskal Herria, algunos aspectos de la nueva redacción han sido bien recibidas, no así otros, como el precio libre para los libros de enseñanza.

El Gremio de Editores de Euskadi no oculta su satisfacción por el reconocimiento del precio fijo para el resto de las publicaciones. «La gran competencia en el sector se establece entre la oferta de las distintas editoriales, lo que permite el pluralismo cultural y el mantenimiento de las librerías al precio más bajo posible. Asimismo, impide utilizar el libro como reclamo comercial, con lo que se reconoce la doble vertiente del libro como producto y bien cultural».

Son palabras de Andrés Fernández, secretario del Gremio de Editores de Euskadi, que, sin embargo, no puede estar de acuerdo con la excepción realizada con los libros de texto, aunque afirme que la redacción actual «con precio libre es mejor que la de descuentos ilimitados. No sabemos las consecuencias de esta decisión, que en ningún caso será positiva para las librerías», augura.

El Gremio de Editores echa en falta «un reconocimiento más explícito de las librerías como canal natural de comercialización del libro» y desearía que la aplicación de la Ley fuera inmediata a su publicación, «ya que puede ver la luz en el período de la próxima campaña de comercialización del libro de texto y no sería normal que durante la misma se dieran dos sistemas de comercialización: descuentos ilimitados y precio libre».

Lo que sí le convence es la actualización del concepto de libro, acercándolo a la realidad tecnológica, y que se reconozca la lectura «como un instrumento necesario para el desarrollo de las personas y la pluralidad». Al tiempo, cree insuficiente la dotación económica recogida en la memoria que acompaña al anteproyecto.

De momento, la Asociación de Libreros de Navarra no tiene una posición. En nombre propio, el presidente de la agrupación, Jesús Sancha, resalta dos aspectos de la ley. «Que el libro mantenga el precio fijo está muy bien porque, de alguna manera, garantiza la supervivencia de las librerías». Aplaude, asimismo, «que se elimine como concepto el descuento en el libro de texto de la enseñanza obligatoria».

Sancha augura que «el día que se liberalice el precio del libro, si eso ocurre, estaremos perdidos, ganarán las grandes superficies, sin ninguna duda». Cita, a modo de ejemplo, la desaparición de las tiendas de discos en Iruñea. «Cuando alguien defiende que se pueda copiar, la libertad de comercio y de precio, ha de tener en cuenta que lo que eso acarrea es el desierto cultural más absoluto».

«Reduccionista»

Algunas de las críticas más duras al proyecto de Ley del Libro las ha dirigido el colectivo de bibliotecarios, que la ha calificado de «reduccionista», ya que «no regula el sistema bibliotecario ni define el modelo de gestión». Llama la atención sobre el hecho de que el articulado se ocupe únicamente de las bibliotecas de carácter público, dejando al margen las escolares, las universitarias y las privadas.

Susana Cerezo, de la Asociación Vasca de profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación, apunta que «no es acertado incluir las bibliotecas dentro de una Ley que incluye al libro y al ámbito editorial porque da la sensación de que las bibliotecas se circunscriben a ese tipo de documentos y, hoy en día, todo el mundo sabe que no es así».

Las competencias sobre las bibliotecas están trasferidas a las comunidades autónomas. Así, el único quehacer de la Administración de Estado sería el de potenciar la cooperación bibliotecaria. «Una ley de bibliotecas debería hablar de los requisitos de los modelos de gestión, de los estándares a cumplir -sostiene Cerezo-, cuestiones que no se mencionan en esta Ley».

Las novedades en el ámbito informático han supuesto una verdadera revolución en cuanto a la oferta de fondos de las bibliotecas, el servicio al usuario y la forma de trabajar en ellas. «Esto no se tiene en cuenta», critica la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación.

En las sesiones que han tenido lugar en el seno de la Comisión de Cultura, los partidos políticos catalanes y gallegos han criticado «la invasión competencial». Finalmente, ERC, CIU, IU-ICV y BNG decidieron retirar sus enmiendas a la totalidad, tras negociar con el Ejecutivo.

El proyecto de ley sigue ahora su curso. El martes finaliza el plazo para la presentación de enmiendas parciales y el jueves se constituirá la ponencia. El 14 de marzo tendrá lugar un nuevo debate en comisión.