Arístides Luciano Vera, Roque Rodríguez, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Agustín Acosta y Gustavo Lescano esperan desde la prisión argentina Marcos Paz la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre, el Juzgado Nacional de lo Correccional y Criminal número 4, a cargo de Ariel Lijo, concedió la extradición de estos seis paraguayos por el secuestro y muerte en 2004 de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, cuyo cuerpo apareció en febrero de 2005. Ellos niegan los hechos y la única prueba acusatoria es un testimonio más que dudoso.

«Paraguay es un país con grandes desigualdades sociales y una dura lucha política entre los sectores de la oligarquía paraguaya, muy ligados a Estados Unidos. Es una de las oligarquías más conservadoras de Latinoamérica. Tras 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner, los que gobiernan ahora, del Partido Colorado, son los continuadores de la dictadura en una supuesta democracia. En los últimos cinco años han muerto 200 campesinos y, entre 3.000 y 4.000 marines ocupan el país, principalmente en la frontera con Bolivia», subraya a GARA el abogado argentino Negro Soares que está al cargo de la defensa de estos seis presos paraguayos, cinco pertenecientes al Partido Patria Libre (PPL) y otro al movimiento campesino.

A la hora de analizar su situación, Soares se remonta a 2002, año en el que mataron al vicepresidente de Paraguay. El entonces presidente, Raúl Cubas, tuvo que dimitir por la revelación de su implicación en esta muerte. «Este hecho trajo consigo una gran lucha interna política con vínculos con la oligarquía y el narcotráfico. En 2004, se produjo el secuestro de Cecilia Cubas y un considerable aumento de la represión contra los movimientos populares y agrarios. La dirección del Partido Patria Libre fue básicamente diezmada, casi todos están presos o exiliados», remarca. A modo de ejemplo, recuerda la detención ilegal e intento de desaparecer a dos dirigentes del PPL en enero de 2002. Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí fueron secuestrados y torturados durante dos semanas. Tan sólo una filtración y la acción de sus propios familiares y amigos consiguió rescatarlos con vida de una prisión clandestina. La implicación de los aparatos del Estado fue un hecho notorio y constatable que provocó la destitución de los ministros de Justicia y de Interior así como del fiscal general. El caso esta en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este clima repreviso, los seis optaron por presentarse voluntariamente ante el juez de instrucción Pedro Mayor que, al no haber pruebas, rechazó en varias ocasiones procesarlos por la muerte de Cecilia Cubas y la adopción de cualquier medida cautelar. Pero en cuanto el Gobierno paraguayo supo que, siguiendo la recomendación del embajador argentino en Asunción y en compañía de su abogada, habían ido a Argentina en busca de asilo, solicitó su extradición.

Tres de ellos fueron detenidos por la Interpol en la sede del Cepare (Comité de Elegibilidad para Refugiados) el 2 de mayo. Otros dos lo fueron en una modesta casa de Florencio Varela y el último, cerca de su lugar de trabajo. En contra de lo que suele suceder en este tipo de casos, el proceso judicial se llevó a cabo en un tiempo casi récord. «A los abogados de la defensa no nos permitieron ninguna prueba y el magistrado aceptó la extradición». El pasado martes Soares presentó el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, la máxima instanci judicial argentina. Ese mismo día, 4.000 personas exigieron la puesta en libertad de estos seis presos paraguayos, que han recibido el respaldo de la mayoría de organismos de derechos humanos.

«En el recurso adjuntamos la declaración pública del presidente Duarte, que dijo que `no parará hasta aniquilar los últimos residuos del Partido Patria Libre'. Si los extraditan, lo más probable es que los maten porque a sus compañeros y allegados los están acribillando en sus domicilios o en la cárcel. Hay elementos suficientes para que Argentina les dé refugio», concluye Soares. Ahora, se abre un indeterminado periodo de espera. Saben que hay muchos intereses políticos en juego pero «están muy esperanzados y agradecidos por la solidaridad recibida».