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ANÁLISIS

«Enseñar los dientes"

El pasado 21 de enero, «El País" afirmaba que tras el atentado de Barajas «el PNV pide extremar la presión policial frente a ETA". El subtítulo de la información venía a anticipar lo ocurrido el sábado en Bilbo al anunciar que los jeltzales «defienden `enseñar los dientes a Batasuna para que no campe a sus anchas'". En poco más de mes y medio, la Ertzaintza ha cargado contra tres movilizaciones nacionales. En la carga de Bilbo se combinan elementos como la decisión política de fondo, la premeditación en la actuación policial y la desproporción. Y es la tercera carga contra una movilización nacional en apenas mes y medio

Ramón SOLA

El 6 de enero a las puertas de Anoeta, el 10 de febrero en la Parte Vieja de Donostia y el pasado sábado en las calles de Bilbo. En apenas ocho semanas, la Ertzaintza ha impedi- do con fuertes cargas hasta tres movilizaciones nacionales de la izquierda abertzale. El nivel de violencia utilizado, además, va in crescendo: la carga del sábado sólo puede ser comparada, por su virulencia y efectos, con la del 13 de febrero de 1997, cuando la Ertzaintza disparó fuego real en la calle Autonomía, y la del 14 de setiembre de 2002, tarde en la que arremetió contra la multitud en Zalbuburu usando incluso una tanqueta para lanzar agua a presión.

Ni el Gobierno de Lakua, teórico responsable de la Ertzaintza, ni el PNV, a quien apuntaban las palabras del mahaikide Pernando Barrena, han dado una explicación mínimamente válida sobre sus intenciones, más allá de respaldar la actuación policial. Pero sí lo hizo el diario ``El País'' el pasado 21 de enero. Tres semanas después del atentado de Barajas, el rotativo más próximo al Gobierno español informaba del contenido de los contactos mantenidos por respon- sables de PSOE y PNV tras el atentado de Barajas, destacando un encuentro mantenido por responsables de Interior de Madrid y Lakua el 11 de enero. El titular de la noticia era concluyente: «El PNV pide extremar la presión policial frente a ETA». Y el subtítulo, un anticipo de lo ocurrido en Bilbo: «Los nacionalistas defienden `enseñar los dientes a Batasuna para que no campe a sus anchas'».

A los miles de testigos o víctimas de la carga no les queda duda alguna sobre su premeditación. Así lo remarcaba ayer el mahaikide Joseba Permach en los micrófonos de Info7: «Cualquiera pudo ver que la actitud de la Policía del PNV fue provocadora, que buscaban incidentes desde el principio. No se había visto algo así en años. Por poner un ejemplo, más de media hora antes de la manifestación había ya unidades de la Brigada Móvil donde la gente se estaba reuniendo. Fuimos por una calle paralela, y ahí aparecieron. Se dirigieron única y exclusivamente a mí, me pidieron el carnet y me dijeron que iba a ser detenido si se iniciaba la manifestación. Lo hicieron poco después, mientras apaleaban a un buen número de ciudadanos». Para Permach, no hay duda alguna de que «detrás había una decisión política, y que no se tomó en Madrid, sino en Gasteiz o en Bilbo», en alusión a la sede del Gobierno de Ibarretxe o la del PNV.

Lakua y Sabin Etxea han dejado pasar 48 horas antes de dar una opinión. Juan José Ibarretxe no se refirió al tema en una comparecencia celebrada ayer junto al rector de la UPV para hablar curiosamente de perspectivas de paz. La portavoz de su Gobierno defendió luego la actuación de la Ertzaintza y cargó dialécticamente contra Batasuna. No ha abierto la boca el consejero de Interior, Javier Balza, ni el presidente del PNV, Josu Jon Imaz. El portavoz de este partido, Iñigo Urkullu, entrevistado ayer por ``El Correo Español'', se limitaba a argumentar que «todo el mundo sabe que la Ertzaintza es y tiene vocación de ser una policía integral. Por tanto, es también una policía judicial que tiene que cumplir con los mandatos judiciales. Quien prohíbe la manifestación es el juez, no Interior».

Nada más lejos de la realidad. Como mostró este diario ya el sábado, Baltasar Garzón prohibió con un auto la manifestación convocada inicialmente, pero no la segunda. Lo mismo ocurrió el pasado 6 de enero, con el acto por la amnistía convocado primero en el Velódromo de Anoeta y luego a sus puertas y que fue impedido con una fuerte carga. Entre otras consecuencias, una vecina de Zaldibia de 73 años, María Antonio Nazabal, resultó con la clavícula rota por un pelotazo disparado a dos metros de distancia. Tampoco el 21 de febrero fue la Audiencia Nacional quien vetó la movilización convocada por varios jóvenes después del veto inicial de Garzón a la denuncia de la sentencia contra Jarrai-Haika-Segi. La Ertzaintza decidió tomar los accesos y el centro de Donostia, irrumpir en la Parte Vieja y cargar a pelotazos produciendo diversos contusionados y una joven detenida.

En esta ocasión, ni siquiera se ha entablado el recurrente debate sobre el origen y la «proporcionalidad» de la carga, en el que Lakua tendría todas las de perder en vista de las imágenes, del número de heridos y de situaciones como la de María Murgoitio, de 81 años, con doble fractura de pelvis. Todos los testigos confirman que no hubo incidente alguno previo. Es cierto que la Ertzaintza está facultada legalmente para intervenir en este caso si considera que la movilización es delictiva, pero en esos casos en términos legales debe sopesarse primero si los daños que se van a producir no son mayores. El Departamento de Interior habría podido perfectamente dejar discurrir la manifestación y haber elaborado posteriormente un atestado identificando a sus responsables para una eventual sanción. Pero prefirió cargar.

La necesidad de «proporcionalidad» es una cuestión admitida por el propio Balza en el Parlamento en diversas ocasiones, como cuando la Ertzaintza no actuó contra una manifestación por los presos celebrada en Donostia el segundo domingo de traineras y que había sido pro- hibida expresamente. En agosto de 2005, tras otra fuerte intervención contra la habitual marcha de la izquierda abertzale en vísperas festivas y que provocó una treintena de heridos, el consejero de Interior explicó cuál era su criterio al respecto: «No se puede cargar contra cientos de personas si no están provocando un desorden público. Nos lo prohíbe la legislación. Sin embargo, cuando se empezó a quemar contenedores y a lanzar gritos apologetas es cuando intervino decididamente la Ertzaintza. Esa es la proporcionalidad». Está claro que en Bilbo ni se quemaron contenedores ni hubo gritos antes de que los encapuchados golpearan a los manifestantes. Aunque para Miren Azkarate, éstos «buscaron con ansiedad la situación de graves disturbios que se produjeron».

Ante el silencio del titular de Interior, ha sido el sindicato ErNE el que ha tratado de salir al paso de esta eventual acusación, que podría ser llevada a los tribunales. Su portavoz, Cándido Martínez, afirmaba ayer que la carga «fue proporcionada» ante la actitud «prepotente y chulesca» de los manifestantes «que se quisieron saltar la ley cuando y como querían». Martínez censuró incluso a uno de los socios del tripartito, Ezker Batua, por expresar ciertas reticencias y recordar el derecho a manifestarse: «La Ertzaintza es la fuerza actuante del Gobierno y, por lo tanto, tenemos que tener su respaldo, por lo que no entendemos la crítica», subrayó el portavoz de ErNE.

La actitud de la Ertzaintza, en cualquier caso, ni es nueva ni se corresponde con la afirmación hecha por Ibarretxe en setiembre pasado de que la Policía autonómica sería «un agente activo para conseguir la paz». Antes y después de recurrir a la fórmula de las cargas masivas ensayada en tres ocasiones tras la apuesta por «extremar la presión policial», la Ertzaintza ha estado detrás de varias operaciones tildadas de «montaje» en Orereta, Bilbo o Donostia.

En setiembre, el mismo día en que el PNV había insistido en emplazar a la izquierda abertzale para que frenara la kale borroka, ertzainas detuvieron en Orereta a dos vecinos acusados de quemar la estación de EuskoTren. El juez Garzón les exculpó y reveló que la hora de la detención había sido manipulada en el atestado. Dos meses después, también la Ertzaintza se encargó de los atestados por los enfrentamientos en Bilbo que fueron presentados por el alcalde, Iñaki Azkuna, como intento de quemar vivo a un policía municipal, versión negada por múltiples testigos. E igualmente es la Ertzaintza quien ha mandado a la Audiencia Nacional las diligencias contra varios menores por un ataque a las flores de la tumba de Gregorio Ordóñez que tuvo también amplísimo seguimiento mediático. La semana pasada se supo que no hay actuación alguna contra ellos.

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