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Los arrantzales denuncian que se sienten perjudicados por el Gobierno español

Las cofradías de arrantzales criticaron ayer en el Parlamento de Gasteiz la falta de apoyo del Ministerio español de Pesca ante la grave situación del sector, y advirtieron del peligro que supone la «campaña experimental" de anchoa autorizada por al UE para entre abril y junio.

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Los presidentes de las Federaciones de Cofradías de Arrantzales de Bizkaia y de Gipuzkoa criticaron ayer en el Parlamento de Gasteiz la próxima «campaña experimental» de la anchoa que la UE ha admitido en el Golfo de Bizkaia. El representante de las cofradías guipuzcoanas, Jaime Tejedor, advirtió de que la campaña «aumenta el riesgo de colapso de la especie y el conflicto con la flota francesa» y reiteró su reclamación de que no se convierta en una pesca comercial encubierta. Tejedor pidió un pronunciamiento de la Cámara de Gasteiz en este sentido y por el cierre de la pesquería.

Además, denunció que tras tres años de crisis del recurso, que está poniendo en peligro la economía de 1.700 trabajadores, «la flota de bajura vasca está olvidada por la Administración pesquera de España» y «si nos tienen presentes es para acabar con nosotros». En este sentido, criticó actitudes «chulescas» del Ministerio y recordó que no se han cobrado las prometidas ayudas por el cierre de la pesquería en 2006.

Sector primario

Por otro lado, el consejero de Agricultura y Pesca, Gonzalo Sáenz de Samaniego, también en el Parlamento de Gasteiz, negó que el sector primario atraviese una crisis y aseguró que en 2006, «se incrementó un 2% la incorporación de mano de obra al sector productivo» en la CAV.

Admitió que «la situación no es la que quisiéramos» pero «padecemos los mismos problemas que el resto de Europa», matizó. Según sus datos, en 2006 el 20% de la renta agraria dependía de las subvenciones y la renta agraria real de la CAV aumentó un 0,8%. Además, abogó por planes que apoyen la incorporación de jóvenes y una industria agroalimentaria como motor del sector.

cuotas

Bruselas ha propuesto a los estados de la UE que aclaren la situación sobre traspasos de cuotas o derechos pesqueros que se producen entre ellos y en los que observa poca transparencia

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