El fiscal del juicio por el sumario 18/98 finalizó ayer la exposición de su informe definitivo, y hoy harán lo mismo los representantes de la AVT, dando por acabadas, de esta forma, las intervenciones de la parte acusatoria de este macrosumario. A la acusación le tomarán el relevo los letrados de la defensa, antes de dar por concluida la vista oral de este larguísimo proceso.

Enrique Molina finalizó su extensa alocución pidiendo al tribunal un veredicto de culpabilidad para las 52 personas que permanecen encausadas -ya retiró la imputación contra Pepe Uruñuela en su escrito de conclusiones-, argumentando, para ello, que había hecho «una valoración objetiva» de lo visto a lo largo del juicio.

Esta «valoración objetiva», en cualquier caso, no le ha hecho variar un ápice su línea argumental sobre este caso, y ayer mismo insistió en la tesis que viene esgrimiendo desde hace ya varios años. Así, como ya había manifestado en anteriores sesiones, y valiéndose de la última sentencia del Tribunal Supremo español en el «caso Jarrai-Haika-Segi», sostuvo una vez más que es la «finalidad» y los «objetivos» de una organización la que definen su «carácter terrorista», agregando que «el concepto de terrorismo no siempre se identifica con el de banda armada».

Con estos mimbres, sostuvo la aplicación de esta definición para los organismos juzgados en este sumario, y valoró que si bien «ni KAS, ni el frente mediático -es como el fiscal denomina a «Egin»-, ni Ekin, ni Xaki son organizaciones armadas, participan de la organización unitaria» que para él constituye ETA.

Por esta misma razón, Molina solicitó a los jueces que declaren «ilícitas» a estas organizaciones, y ordenen su disolución, así como la de las empresas incluidas en el sumario. El fiscal no extiende esta petición a la Fundación Joxemi Zumalabe, a cuyos integrantes acusa de un «delito de colaboración».

Declaraciones bajo tortura

Tras enumerar y definir los delitos que atribuye a los imputados, Molina pasó a citar los «elementos de prueba» que ha observado en este juicio, y, en este sentido, se detuvo durante varios minutos en defender el «valor probatorio» de las declaraciones policiales realizadas por los imputados.

Hay que recordar que varios de ellos han denunciado ante la Sala las fuertes torturas sufridas a manos de la Guardia Civil o de la Policía española, que les obligaron a firmar declaraciones que ellos rechazaron tajantemente en la vista.

Sin embargo, después de admitir que la Justicia española sólo concede «cierto valor probatorio» a estas declaraciones que, en todo caso, deben ser ratificadas por otras pruebas, y tras señalar que «la voluntariedad de la declaración policial es un elemento necesario» para otorgarles ese relativo valor, el fiscal se escudó en que no hay ninguna sentencia condenatoria contra los guardias civiles y policías que torturaron a los procesados para defender su validez. «Corresponde al tribunal valorar si esas declaraciones fueron realizadas voluntariamente», expuso quien oyó hace meses los terribles testimonios de los torturados.

El representante del Ministerio Fiscal defendió también el carácter pericial de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía española que depusieron en la vista, así como la labor de los intérpretes que tradujeron las declaraciones de acusados y testigos, así como los documentos y grabaciones telefónicas aportadas a la causa. En este sentido, negó que fuera preciso que los intérpretes tengan título oficial.

Antes de concluir, achacó a la defensa y a los propios procesados la duración del juicio, que tantos costes -personales, laborales y económicos- les ha supuesto, y criticó la «tolerancia extrema» del tribunal ante los abogados defensores.