El máximo órgano de justicia de las Naciones Unidas emitió ayer su esperado veredicto en relación a la acusación de genocidio planteada por las autoridades de Bosnia-Herzegovina contra Serbia. La Corte Internacional de Justicia ha emitido una sentencia salomónica en la que se constata que existió genocidio, pero exclusivamente en el ataque cometido por las milicias serbias en la ciudad de Srbrenica. Al tiempo, el tribunal establece que no existen pruebas para acusar a Belgrado de promover o de ayudar a la masacre de cerca de 8.000 ciudadanos bosnios en el citado «enclave seguro», bajo protección de los cascos azules de las Naciones Unidas.

La decisión de la Corte era esperada con especial interés, dada la trascendencia del caso, al ser no uno o varios particulares sino un estado el juzgado por tan grave delito. De antemano se atisbaban dificultades sobre una condena en toda regla contra Serbia. No hay que olvidar que ya en los Acuerdos de Dayton de 1995 se impuso una lógica de construir la nueva realidad en los Balcanes sobre los cimientos de la guerra, al darse carta de naturaleza en los nuevos mapas a lo ganado por las armas. En consonancia, el proceso judicial sobre el genocidio bosnio se ha caracterizado por ser un trance tortuoso y con pocos resultados. Sólo algunas condenas a mandos militares, en su mayoría serbios.

Que la Corte dictaminara que en Srbrenica hubo genocidio era lo esperado. El TPIY lo había establecido ya. Cosa distinta es por qué no se ha ido más allá. Quizás la comunidad internacional no quiere hacer pagar más a la nueva Serbia y a sus ciudadanos por los crímenes pasados. Quizás espera que, a cambio, Belgrado agilice la entrega de presuntos criminales de guerra, en un intento de cerrar con mejor balance los trabajos del tribunal el año próximo. O quizás, simplemente, la comunidad internacional ha concluido que es un mal precedente fijar responsabilidades políticas sobre lo actuado en una guerra en la que la ONU y la OTAN tienen las manos manchadas de sangre.