Salhaketa, organismo que trabaja para que se respeten los derechos de las personas presas, ha analizado el modo de vida de las mujeres en la cárcel de Araba. Ha hecho público un informe que recoge declaraciones de presas, además de datos actualizados que revelan una situación «preocupante». Datos basados en el estudio que finalizaron en 2003 la Comisión de Mujeres del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia y la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Araba.

Según explicaron los portavoces César Manzanos y Marta Aldanondo en el encuentro que mantuvieron ayer con la prensa, esa información coincide con la que aportó el Ararteko en 1996. Sin embargo, «desde que se realizaron esos diagnósticos, la situación se ha ido deteriorando progresivamente», lamentaron.

El módulo II de mujeres de la cárcel de Langraiz tiene sucias paredes, cristales rotos y gran humedad. Hay celdas de castigo; una pequeña sala para tomar un café y comprar productos básicos, y una habitación donde las presas reciben clases arropadas con abrigos. El aire frío les ha pintado de azul los labios y las uñas.

Graves problemas de salud

La limpieza de los espacios comunes de los módulos corre a cargo de las mujeres, al igual que el acompañamiento y el cuidado de presas enfermas, nuevas y víctimas del «protocolo del suicidio». Según denunció Salhaketa, muchas no están en condiciones de cumplir esas funciones, ni física ni anímicamente. Porque, a pesar de que las mujeres presas y sus circunstancias son diferentes, sufren por parecidas problemáticas: consumo abusivo de drogas, problemas graves de salud -retirada de la menstruación e infecciones vaginales, por ejemplo-, no tener apoyo económico y tener que mantener a familiares fuera de la cárcel.

La asociación criticó, asimismo, que en Langraiz hay personas con graves enfermedades mentales. Aseguró que la cárcel no es el mejor sitio para que mejoren, menos aún si no reciben la atención médica que necesitan, como sucede en Araba. «Una semana una presa estaba totalmente fuera de sí, con un desequilibrio sicológico impresionante ¯declaró otra presa¯. En lugar de ingresarla en enfermería para que la atendiera un médico, la encerraron en una celda de castigo».

Trasladan sin avisar a quienes denuncian presuntas coacciones sexuales y a las personas que han participado en protestas; se mezclan las presas; no existe sección abierta; las mujeres no pueden acceder a los beneficios penitenciarios debido a las sanciones; hay poco personal técnico... Según informó Salhaketa, las mujeres de Langraiz tienen que hacer frente cada día a numerosos problemas.

Por todo ello, la organización que trabaja en favor de las personas encarceladas exigió el cierre inmediato de ese departamento, así como el cumplimiento de algunas medidas: por ejemplo, abrir centros de régimen abierto; cumplir las necesidades económicas básicas de las presas; ofrecer un servicio de orientación e inserción sociolaboral; flexibilizar las condiciones del régimen de visitas, y reforzar los servicios médicos de seguimiento y revisión.

Salhaketa incidió en que los planes del Gobierno español «no sirven en absoluto para paliar las condiciones en que viven las mujeres presas que habrían de estar en servicios de ejecución penal específicos y no anexos a un centro para hombres». Se refirió, en concreto, al actual plan de construcción de centros polivalentes, con una media de 500 celdas en las que se puede recluir a más de mil personas, como la que quieren construir en Iruña-Oka.

No es la única asociación que ha mostrado su rechazo a esa decisión. La plataforma contra la construcción de macrocárceles en Langraiz y Zubieta está reuniendo adhesiones en sus correos electrónicos: makroes petxerikez@gmail.com y bel tza@correo.cop.es. Denuncia que no se han estudiado las necesidades de plazas para fundamentar la pertinencia de esos proyectos. Por eso, precisamente, cree que se ha utilizado el argumento de que las cárceles de Langraiz y Martutene están en condiciones deplorables, no porque al Gobierno le preocupen las personas recluidas. Además, «no se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos, no se han evaluado los impactos medioambientales y se apuesta por mantener la penalización y el encarcelamiento como la fundamental respuesta a los conflictos sociales», defiende.