La repatriación de Iñaki de Juana Chaos ha abierto, como era previsible, una fuerte tormenta política en el Estado español. Nada más conocerse la decisión, estrictamente ajustada a la ley y adoptada con incomprensible tardanza, el PP lanzaba una campaña engrasada durante meses de política de desgaste hacia Zapatero.

Dentro del esquema desestabilizador en el que mueve sus fichas políticas, la convocatoria de movilizaciones apenas aporta novedades. Desde que perdiera las elecciones, la política de la derecha española se ha basado en deslegitimar la actuación del Gobierno, y más concretamente sus escasos movimientos en relación al llamado proceso vasco. La teoría conspirativa con respecto al hecho más cruento ocurrido en Europa Occidental desde la II Guerra Mundial ha ocupado gran parte de la legislatura. Con el 11-M en una mano y la denuncia constante en relación a Euskal Herria, en la otra, el PP se ha esforzado en sembrar de dudas el mandato del PSOE.

Parte de su artillería sobre el 11-M ha quedado desgastada por los primeros compases del juicio, en los que se ha puesto de manifiesto lo absurdo de ligar a ETA con esos hechos. Sin embargo, el temor a que el proceso vasco se retome pese al atentado de ETA en la T4, le ha llevado a dotarse de inmediato de otro reclamo. El «caso De Juana» le sirve para tensionar el panorama, aun a costa de situarse definitivamente en los extremos, al cargar nada más y nada menos que contra el Tribunal Supremo español.

Ante la embestida, el PSOE opta por ajustar cuentas y se dispone a poner sobre el tapete sus datos sobre la política penitenciaria bajo el mandato de Aznar. El objetivo del PP al convertir la política vasca en un ariete y a los presos vascos en un arma arrojadiza es claro. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo del PSOE al bajar a la arena a airear estadísticas parciales y manipuladas a interés de parte sobre los presos vascos? Puede alegarse una legítima defensa en la refriega política, pero esa lectura es de consumo interno español. Vista desde Euskal Herria, esta batalla destapa, de nuevo, la utilización política de un colectivo integrado, sólo en cárceles españolas, por más de medio millar de personas. Esas personas carecen de derechos en tanto que estos se administran, como se ve, a conveniencia de quien gobierna en Madrid.

Por ello, miente el PP y se suma a su mentira el PSOE al arrojarse a la cara la estadística de una política penitenciaria caracterizada por la cicatería y la arbitrariedad. Fue en 1989 bajo un gobierno de su partido -y el asesoramiento del PNV- cuando se activó la dispersión. Zapatero tiene en sus manos finiquitar tres décadas de vulneración de derechos de los presos y, por extensión, de todo un país.