La plantilla de Kemen está dispuesta a continuar con las movilizaciones para parar el expediente de regulación de empleo que ha presentado la empresa y supone la reducción de 56 puestos de trabajo de los 196 con que cuenta en la actualidad esta firma alavesa.

La pasada semana la plantilla llevó a cabo sendos paros de dos horas el miércoles y el viernes en contra de este expediente. El viernes, los delegados del comité de empresa llevaron a cabo además una marcha de protesta entre el polígono de Betoño, donde está situada la empresa dedicada a la fabricación de muebles de oficina, hasta la sede de la Delegación de Trabajo del Gobierno de Lakua.

Los representantes sindicales de LAB, UGT y ELA subrayaron que el origen del conflicto se sitúa en la orientación que dio la multinacional Haworth a la compañía alavesa cuando la adquirió hace seis años. Así, denunciaron que, en 2004, además de eliminar su red comercial integrándola en la estructura de la multinacional, y hacer perder el nivel productivo que tenía en el Estado español, la dirección redujo la plantilla de 350 a 196 personas.

Expediente

El pasado mes de noviembre la situación se agravó con la presentación del expediente de regulación de empleo. Según los sindicatos, la empresa plantea además un ajuste salarial para los trabajadores que no pierdan su empleo.

El comité exige al Departamento de Empleo que no dé su visto bueno al expediente, que en estos momentos se encuentra en período de consultas, y reclamó un plan industrial a la dirección para garantizar el futuro de la empresa.

Los representantes de los trabajadores culparon a la gestión de la propia dirección de haber llegado a una situación de pérdidas y creen que, sin un cambio en este modelo, las medidas que plantea a los trabajadores no van a garantizar el futuro de la empresa.

ELA y LAB ya denunciaron en 2004 que la gestión de la empresa había convertido los beneficios en pérdidas, había reducido la cifra de negocio en un 20% y conducía a un desmentalamiento industrial y a la pérdida de empleo. Acusaban además al consejero de delegado de pretender «una plantilla sumisa, recortar puestos de trabajo y eliminar la presión sindical».