El pasado miércoles se cumplió un mes desde la detención e ingreso en la cárcel de Núria Pòrtulas, educadora social vinculada al movimiento libertario de Girona. Fue acusada de liderar un grupo de apoyo a presos anarquistas italianos que, siempre según la acusación policial, planearía empezar a cometer sabotajes y atentados contra bienes y personas. Para sustentar esta acusación, los Mossos d'Esquadra se basaron inicialmente en unas anotaciones que supuestamente encontraron en una libreta de la detenida cuando la retuvieron semanas antes en un control de carretera.

Para lograr que el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz firmara el auto de prisión condicional para Núria, la Policía aseguró que en su ordenador y su teléfono móvil habría pruebas de la culpabilidad de la joven. El juez la envió a la cárcel en espera de recibir el informe de la Policía catalana. El caso está ahora en manos de otro juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, quien aún no se ha pronunciado porque está a la espera del informe que relate lo que hay de inculpatorio en el ordenador y el teléfono. El abogado de Núria Pòrtulas, Benet Salellas, asegura que Del Olmo ya ha reclamado, sin recibir respuesta, dos o tres veces el informe a los Mossos.

La plataforma que exige la libertad de la prisionera asegura que lo único que hay de cierto es que la chica participaba en un grupo de solidaridad que ha convocado alguna concentración y ha pegado carteles. El grupo se creó, especialmente, para pedir la libertad de Juan Surroche, otro chico catalán que fue detenido y extraditado a Italia a mediados de enero bajo la acusación de participar en una acción de grupos anarquistas contra la deportación de trabajadores inmigrados. Según los Mossos d'Esquadra, Núria Pòrtulas aspiraba a liderar un salto cualitativo de las acciones del grupo.

Situación paradójica

La patata caliente se encuentra en las manos de los Mossos. Es por eso que la campaña focaliza sus movilizaciones en ICV. Este partido se encuentra en una situación difícil, pues anteriormente se había solidarizado con otros detenidos bajo la legislación antiterrorista.

Benet Salellas explica que la Conselleria de Interior no ha aceptado hablar con él sobre el caso. Quien lo ha logrado es la familía de Núria, aunque están muy molestos porque en un primer momento desde la Conselleria les dijeron que tenían pruebas concluyentes para encarcelarla, pero luego en el atestado no había nada de esto.

Las entidades que piden su libertad abarcan un abanico muy amplio de la sociedad de las comarcas de Girona, pues se incluyen desde colectivos libertarios y independentistas hasta asociaciones juveniles y ecologistas, pasando por los ayuntamientos gerundenses de Sarrià de Ter y Sant Julià de Ramis y también la agrupación de CDC de Girona.