Colectivo o individual, el derecho a decidir, valor intrínseco de la libertad personal, se encuentra maniatado. Del primero, a este país se le niega siquiera el plan- tearlo. El personal, a su vez, también se enfrenta a innumerables barreras cuando afecta a cuestiones como el aborto, la eutanasia, la investigación con células madre, la reproducción asistida... Son temas incómodos, muchas veces tabú, y, sin embargo, la sociedad los discute y la Iglesia católica pontifica.

Las mujeres portuguesas están de enhorabuena. El 8 de marzo el Parlamento luso aprobó la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer durante las primeras 10 semanas de embarazo. El primer ministro ha declarado que espera que la ley ponga fin a la lacra del aborto clandestino. Las estadísticas oficiales reflejan anualmente un millar de abortos legales... y la Asociación para la Planificación y la Familia calcula que en los últimos años han abortado en total clandestinamente en Portugal más de 350.000 mujeres de entre 18 y 49 años, con todos los riesgos que ello supone.

Como era de esperar, la Iglesia Católica ha puesto el grito en el cielo. En uno de los países europeos donde aún se siente con más fuerza su influencia, se ha apoyado en movimientos cívicos para, con todo su bagaje, ir contra el referéndum que ha posibilitado la ley, argumentando que se trata de un retroceso moral, que el obispo de Braganza ha equiparado con la pena de muerte. Todavía no pierden la esperanza de que la nueva ley no se aplique, ya que choca con el Código Deontológico de las y los médicos que, en principio, tienen prohibido practicar abortos.

Por aquí seguimos obligadas a reivindicar como derecho el famoso cuarto supuesto: que cada mujer pueda decidir libremente. El PSOE dejó este tema descolgado en sus anteriores gobiernos y, por lo que parece, tampoco tiene la más mínima intención de plantearlo ahora, a pesar de que se le llena la boca con sus leyes progresistas, la última la de Igualdad a la que ya nos dedicaremos otro día.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad conoce bien lo que está pasando con las mujeres que deciden abortar, incluso dentro del estrecho margen de la ley vigente en el Estado español. Según sus propios datos, en 2005 en Nafarroa 639 mujeres tuvieron que trasladarse a otras comunidades para ejercer su derecho a abortar. En este territorio el problema es grave, ya que es tal la presión político/moral que no se practican abortos ni en la sanidad pública ni en la privada. Se alude a la objeción de conciencia de las y los médicos. En la pública, esta «objeción» no es de recibo. Es inaceptable que se permita a las y los médicos inhibirse del cumplimiento de una ley. El Gobierno de UPN tiene armas para obligarles a ello, sólo hace falta querer y, sobre todo, respetar el derecho de las mujeres a decidir libremente.

Conclusión: hay que seguir peleando por conseguir este y los otros derechos a decidir que se nos están denegando.