El Ayuntamiento de Gasteiz ha decidido paralizar los sorteos de parcelas para cooperativistas, a la vista de los fraudes llevados a cabo por las cooperativas y que ha provocado la denuncia por parte de numerosas asociaciones de vecinos de la capital, que aseguran que la estafa asciende a 60 millones de euros.

De hecho, la decisión se hizo pública después de que el representante de la asociación Zazpigarren Alaba, Guillermo Perea, compareciera en la Comisión de Vivienda, en nombre de todas las asociaciones de vecinos denunciantes - Gazteiz Txiki, Zazpigarren Alaba, Judimendikoak, El Mineral, Betiko Gasteiz, Bizigarri, Errota Zaharra y Erreka Txiki-.

Perea hizo una exposición de las numerosas irregularidades cometidas por «empresas disfrazadas de coperativas», que obligan a los cooperativistas de los polígonos de Salburua y Zabalgana a adquirir las lonjas de sus viviendas ¯ofertadas a un precio superior al del mercado¯ o inflan los gastos de gestión.

El representante de las asociaciones recordó a los grupos políticos del Ayuntamiento que, conociendo cada uno de los proyectos básicos y siendo el responsable, entre otros, de firmar las licencias de obra y de habitabilidad, «el Ayuntamiento es conocedor de todas las contingencias que se han producido». «Más aún teniendo el antecedente de lo sucedido con las 354 viviendas de los cooperativistas de Mariturri, en las que quedó demostrado el fraude», apostilló.

Por ello, nada más comenzar su exposición pidió la comparecencia del concejal de Vivienda, Jorge Ibarrondo, y el alcalde de la capital, Alfonso Alonso -ambos del PP-, «porque ellos son los máximos responsables de lo que ha sucedido». Ibarrondo tomó la palabra posteriormente, para dar cuenta de la decisión tomada por el Consistorio. Por su parte, Alfonso Alonso, «que se encontraba en una sala contigua acompañado por el gerente de la sociedad urbanística Ensanche 21 siguiendo el transcurso de la comisión», no compareció.

Las asociaciones denunciantes también han pedido la creación de una comisión especial, en la que ellos tengan representación, para investigar a las empresas responsables, ayudar a los cooperativistas y volver la situación a la legalidad del precio que corresponden a las VPO.

PP y PSE se negaron a aceptar la creación del citado órgano, alegando que la sociedad Ensanche 21 ya atiende a los afectados. «Nadie va a ir a esa sociedad a contar su problema, porque inmediatamente se van a enterar la cooperativas», replicó Perea, al tiempo que subrayó la necesidad de mantener el anonimato de los afectados para que cese el chantaje.

Las citadas asociaciones de vecinos han anunciado que el próximo día 23 tienen intención de ir al pleno municipal, donde exigirán un vez más la creación de la comisión especial. Además, han adelantado que acudirán posteriormente a la Fiscalía, donde aportarán todas las denuncias y los datos de los que disponen sobre este asunto.