Al ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, le tocó ayer defender por dos veces la Ley de Partidos en el Congreso de los Diputados. Por la mañana, en su presentación ante la Cámara para dar cuenta del plan de trabajo de su Ministerio en lo que resta de legislatura. Por la tarde, en su respuestas ante el pleno a la pregunta de la parlamentaria de EA, Begoña Lasagabaster, sobre si «considera el Gobierno que la aplicación de la Ley, desde su aprobación hace cinco años, ha permitido cumplir adecuadamente los principios de seguridad jurídica, de proporcionalidad y de división de poderes».

Fernández Bermejo no sólo defendió la utilidad pasada y presente de la ley, sino que explicó que ha ordenado a la Abogacía del Estado que extreme la vigilancia sobre las candidaturas que puedan presentarse a los próximos comicios municipales y forales y que «tengan visos de connivencia o sucesión con partidos ilegalizados u organizaciones terroristas».

El ministro subrayó la labor que a lo largo de esta legislatura «ha prestado y seguirá prestando la Abogacía del Estado para garantizar la máxima efectividad del operativo que se establece en cada convocatoria electoral, de manera coordinada con el Ministerio del Interior, así como el apoyo prestado en la lucha antiterrorista». Además, se jactó de la intervención de esta institución en todas las actuaciones contra Batasuna y por la prohibición de diversas candidaturas abertzales.

Sus palabras no impidieron que desde las filas del PP se volviera a poner en duda la voluntad del Gobierno de impedir que Batasuna esté presente en las próximas elecciones y de no haber ilegalizado EHAK. «De usted y del fiscal general» depende que Batasuna «no vuelva a campar a sus anchas en las instituciones», afirmó el PP.

Críticas vascas

Desde los grupos vascos, tanto Margarita Uria, del PNV, como Begoña Lasagabaster, de EA, criticaron la Ley de Partidos. Lasagabaster añadió que «no es una ley buena, ni jurídicamente ni por conveniencia política», y mostró su preocupación por los efectos de su aplicación, entre ellos la apertura de un procedimiento judicial al lehendakari.

Bermejo aseguró que «es una ley que ha cumplido su labor». Y concluyó que «en tanto haya personas dispuestas a abusar» del Estado de Derecho, «existirá esa ley; el día que eso deje de pasar, creo que todos estaríamos dispuestos a derogarla».

Por otra parte, en los últimos días se ha conocido que la composición de la Sala del 61 del Tribunal Supremo -la encargada de ejecutar la sentencia de ilegalización de Batasuna y de prohibir cualquier otro partido- se ha visto alterada por el orden en el que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado los nombramientos para la Sala de lo Civil aprobados el 20 de abril de 2005. Debido al retraso en la publicación de dos nombramientos, la Sala del 61 tiene mayoría de jueces de derechas.

La cuestión es por qué el presidente del TS, Francisco José Hernando, hizo esos nombramientos en dos fases. Según explicó ayer el CGPJ, se debió a que los propios magistrados pidieron que se retrasara la publicación de sus nombramientos para cerrar los casos abiertos en sus anteriores puestos.