Los procesados se despiden con orgullo del juicio 18/98
No podía acabar de otra manera. Con la presidenta del tribunal fuera de sus casillas, abroncando a la defensa y amenazando a los acusados, y éstos tributando un homenaje a su amigo y compañero Jokin Gorostidi. Murillo dejó el juicio visto para sentencia y la Sala clamó: «Gora Euskal Herria askatuta!".
Iker BIZKARGUENAGA
Le correspondió a Iñigo Iruin la última intervención de la defensa en este juicio, y el abogado dedicó sus postreras palabras a explicar que le hubiera correspondido a él defender ante la Sala a Jokin Gorostidi, fallecido en la primavera del año pasado, precisamente la víspera de declarar ante el tribunal.
Recordó que la Fiscalía acusaba al histórico militante abertzale de un «delito de integración» por su labor en favor de los deportados políticos vascos, por sus viajes hasta los últimos confines del mundo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de estas personas.
Una actividad «política y humanitaria» que, como recordó el letrado, Gorostidi desarrolló siempre «desde su militancia política, a la que dedicó su tiempo y que dio sentido a su vida».
Y una actividad que fue además el origen de graves enfermedades que pusieron en riesgo su vida, hasta que el 18/98 se la arrebató definitivamente.
«No vamos a escuchar sus últimas palabras, pero Jokin dejó escritas en unas líneas su pensamiento acerca de este juicio», detalló Iruin ante el silencio de todos los presentes.
A continuación, el letrado leyó lo que este infatigable independentista vasco escribió hace casi dos años en idaztiñoa, coaderno en la que multitud de vecinos, deportistas y representantes de agentes sociales, sindicales y políticos de Deba expusieron sus reflexiones sobre este proceso judicial.
Primero en euskara, y luego en su traducción al castellano, para que los jueces entendieran lo que habían oído, el letrado detalló cómo Gorostidi recordaba (sus palabras están reproducidas literalmente en la página 4) que había sido condenado a dos sentencias de muerte en el Proceso de Burgos, y denunciaba que 35 años más tarde volvía a estar «secuestrado» por «la estrategia de guerra del Estado español» en el sumario 18/98.
El veterano abertzale reclamaba «la palabra y la decisión» para Euskal Herria, y advertía que mientras esto no fuera así «no nos callarán».
Iruin, tras leer las últimas palabras de quien también fue su amigo, valoró que si hubiera estado presente en la Sala Gorostidi hubiera agregado a esas palabras su «orgullo» por compartir banquillo con el resto de los procesados.
«Ejemplo a seguir»
«Ese orgullo es compartido también por estos nueve letrados, que aceptamos la defensa de todas estas personas y que lo volveríamos a hacer como muestra de afecto y de solidaridad hacia ellas», declaró entonces Iruin y, subiendo unos grados la intensidad de la emoción que albergaba en ese momento a los ciudadanos y ciudadanas vascas que le escuchaban, agregó que «podréis absolverlos o condenarlos, pero lo que no podréis impedir es que amplios sectores de Euskal Herria hayan visto en estas personas un ejemplo a seguir en la defensa de los derechos».
Una ovación por parte de los acreedores de tan emotivas palabras cerró la última intervención del abogado.
Estas palabras, y la espontánea respuesta de los acusados, no gustaron a los jueces que componen el tribunal, y la presidenta, Angela Murillo, anunció que el alegato final de los procesados sería por la tarde.
Sin solución de continuidad, los magistrados abandonaron sus asientos y desaparacieron por los despachos de la Audiencia Nacional, mientras que el secretario judicial citaba a las partes a las 17.30.
En este sentido, el juicio no podía tener un final que reflejara mejor lo que han sido estos 16 meses. Las rabietas que han caracterizado la actuación de la presidenta en todo este tiempo, sus arbitrarias decisiones y sus amenazas. El último día de la vista oral no podía tener otro desenlace que ése.
Los procesados, los familiares y amigos que habían acudido a la última sesión del juicio, y los miembros del grupo de trabajo 18/98+ que habían viajado hasta Madrid para expresarles su solidaridad, marcharon entonces a comer a la espera de que llegara la hora de regresar a la Audiencia Nacional.
Seis horas después fueron volviendo en grupos a la sede del tribunal especial español.
Dentro de la Sala, la jueza Murillo tomó otra vez la palabra para advertir a los 52 encausados que en sus últimas intervenciones debían cuidarse de «ofender a la moral» y de «faltar al respeto del tribunal». Añadió que debían «ceñirse al objeto pertinente» de este juicio, y apuntó que como presidenta podría cortarles cuando considerara oportuno.
«Lo vamos a conseguir»
Pero el medio centenar de personas que se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional durante año y medio por su trabajo, en diferentes ámbitos, en favor de los derechos de Euskal Herria tenían muy claro qué iban a decir ante el tribunal.
Uno a uno fueron pasando ante el micrófono -el único que no hizo uso de su última palabra fue José Ramón Antxia, que en todo el juicio ha mantenido una línea de defensa aparte del resto- para explicar que hacían suyas las últimas palabras de Jokin Gorostidi.
Desde Txente Askasibar, el primero, hasta Joxe Mari Olarra, el último, todos valoraron que lo que dejó escrito su «compañero y amigo» reflejaba fielmente lo que querían transmitir al tribunal. Algunos hicieron también referencia a la brillante actuación de los letrados de la defensa, para asumirla como propia, y varios otros agregaron, tras identificarse «plenamente» con lo dicho por Gorositidi, que «lo conseguiremos».
Cuando todos dijeron lo que tenían que decir, volvió a hablar la magistrada Murillo. Y lo hizo, sin sorprender a nadie en absoluto, para censurar la actuación de la defensa y amenazar, una vez más, a los acusados.
«En los últimos días, igual que durante toda la vista, se ha permitido a la defensa realizar disertaciones fuera de lugar, con el objeto de hacer viable este juicio, que tantas veces se ha pretendido obstaculizar, cuando no impedir», lanzó la presidenta, en lo que fue toda una exposición de sus posiciones.
Agregó que en este tiempo los jueces han apercibido a los procesados en varias ocasiones y, haciendo referencia a lo ocurrido por la mañana, anunció que «se deducirá testimonio» en su contra «sin perjuicio de otras medidas cautelares» que pudieran acordar sobre ellos.
Dicho esto, la presidenta dejó el juicio «visto para sentencia», y fue entonces cuando desde algunos bancos se gritó «Gora Euskal Herria askatuta!», que fue respondido al unísono en toda la Sala.
Ésta poco a poco fue quedándose vacía, y los procesados -todos menos Iker Beristain, que permanece preso- marcharon hacia Euskal Herria para, por primera vez en mucho tiempo, no volver a pensar en su viaje de regreso a Madrid el lunes.
Sin pruebas contra Olarra
Todo esto, con ser mucho, no fue lo único que sucedió en la sesión de ayer, ya que después de que el abogado de José Ramón Antxia defendiera la inonencia de su patrocinado, Iñigo Iruin abordó las acusaciones que pesan contra su «gran amigo» Joxe Mari Olarra.
El letrado destacó que el fiscal ni siquiera es capaz de encuadrar al ex mahaikide en ninguna de las organizaciones que considera «terroristas» en este sumario -KAS, Ekin y Xaki-, sino que lo considera, al igual que a Nekane Txapartegi, una «pieza suelta» de este proceso.
Y es que la «prueba» principal que pesa contra este militante abertzale son las declaraciones que la Guardia Civil hizo firmar a Mikel Egibar, en las brutales condiciones que ya casi nadie desconoce en este país.
Los documentos que antes de iniciarse el juicio la acusación esgrimía contra Olarra, tras la vista sólo los presenta para «corroborar» las declaraciones de Egibar. Iruin recordó que los policías que acusaban a su defendido de responder al sobrenombre de «Eneko» y tener relación con ETA admitieron los errores de sus informes, y evidenció que Olarra no era tal persona.
La vista oral se inició el 21 de noviembre de 2005, y ha finalizado 479 días después. Casi 16 meses de juicio, en el que, a pesar de lo manifestado por el tribunal previamente, los acusados han tenido que acudir a la práctica totalidad de las sesiones.
Jabier Salutregi explicó que «después de diez años» podrían decir mucho sobre cómo «se ha pisoteado el derecho a la información», pero al igual que sus compañeros valoró que las palabras de Gorostidi reflejaban lo que sentía.
Quizá en esta ocasión el mal humor de la presidenta del tribunal se debió al robo de su chaqueta. Al parecer, a Angela Murillo le sustrajeron esta prenda de vestir el martes por la tarde, en la propia Audiencia Nacional. Para que luego digan...
Al acabar el juicio, acusados, familiares y miembros de la plataforma 18/98+ partieron hacia Euskal Herria. Pero Iker Beristain tuvo que quedarse en Madrid. El preso político fue despedido entre gritos de ánimo de sus compañeros cuando se lo llevaron.
1970eko urtean `Burgosko Prozesua' 31/69 Sumarisimoan bi heriotz zigor jaso nituen.
2005eko urtean berriz 18/98 auzian.
Atzo eta gaur Espainiako Estatu-gerraren estrategiak bahitua.
Euskal Herriak hitza eta erabakia behar du, eta hori lortu arte ez gaituzte isilduko.
Utzi bakean Euskal Herria!!!
Atzo, gaur eta beti: GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!
Una veintena de componentes de los grupos de trabajo 18/98+ llegaron en la mañana de ayer a Madrid procedentes de Euskal Herria con el objetivo de expresar su solidaridad con los procesados, así como para hacer entrega a los jueces que componen el tribunal de las 15.000 autoinculpaciones recabadas dentro de la campaña «J'accuse».
Tenían intención de reunirse con los magistrados, y también esperaban regresar a Euskal Herria a mediodía al tiempo que los acusados, pero Ángela Murillo, Nicolás Póveda y Luis Martínez Salinas no estaban por la labor. Además, la Policía española propició que su camino a la villa castellana fuera, además de largo, desagradable.
«Realizamos las mismas actividades»
Xabier Barber y Martxelo Otamendi ejercieron de portavoces de un grupo en el que, entre otros, se encontraban el mahaikide de Batasuna Patxi Urrutia; Arantza Santesteban, integrante de la comisión negociadora de la izquierda abertzale; Xabier Sarasuna, de Aralar; el profesor universitario Joseba Garmendia; y el miembro de ESAIT Martxel Toledo.
A las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova y con una fuerte presencia policial a modo de testigo, Otamendi y Barber explicaron a los medios los motivos que habían originado su viaje.
Detallaron que los grupos de trabajo 18/98+, nacidos «al calor del sumario del mismo nombre y de los demás que están relacionados con él», están formados por personas que defienden los derechos civiles y políticos y que consideran que esos derechos fundamentales «están siendo conculcados a lo largo de todos estos sumarios, desde su instrucción, durante su desarrollo y hasta el final».
Tras señalar que pretendían hacer entrega de las 15.000 autoinculpaciones recabadas en los últimos meses, valoraron que se trata de un «número importante, «probablemente el mayor conseguido nunca en Europa». Barber apostilló también que esas autoinculpaciones «son diversas desde el punto de vista geográfico», ya que, a pesar de que la mayoría proceden de Euskal Herria, hay también muchas suscritas en Madrid, en Catalunya y en otros lugares del Estado español. Entre ellas, además, se hallan numerosas personalidades del ámbito cultural, deportivo y social.
«Pensamos que las personas encausadas lo son por realizar unas actividades políticas y sociales públicas, que en modo alguno constituyen motivo de delito», explicaron ambos portavoces al referirse al objeto de esta iniciativa solidaria, agregando que «estas 15.000 personas lo que decimos es que también queremos ser encausadas por los mismos motivos, porque realizamos actividades sociales y políticas del mismo estilo».
A pesar de valorar que «estos juicios nunca debieron empezar», al constatar que ya lo han hecho los integrantes de la plataforma 18/98+ exigieron la libre absolución de todos los encausados en este sumario y la liberación de los jóvenes condenados en el sumario contra Jarrai, Haika y Segi que permanecen encarcelados.
Asimismo, reclamaron que finalicen de una vez todos estos juicios, «por la salud de la sociedad». «Porque tiene que terminar de una vez esta continua conculcación de los derechos civiles y políticos del sector que más se está implicando en construir Euskal Herria, pero en general de toda la sociedad vasca», apuntaron.
Retenidos, identificados y grabados
Estas personas no tuvieron un viaje tranquilo hasta Madrid, ya que a unos 40 kilómetros de esta ciudad el autobús en el que viajaban fue interceptado por la Policía española, que obligó a todos sus ocupantes a que bajaran del vehículo.
Según explicaron, los agentes policiales les identificaron uno a uno, y sacaron fotografías de sus documentos de identidad, así como a ellos mismos, además de grabarles.
Los integrantes de los grupos de trabajo 18/98+ denunciaron esta actuación, que consideraron destinada a «tratar de impedir u obstaculizar este acto» de entrega de las autoinculpaciones y retrasar su llegada a Madrid para solidarizarse con las personas enjuiciadas.
Una vez hecha esta denuncia, introdujeron las dos cajas repletas de los documentos autoinculpatorios dentro de la Audiencia Nacional, al objeto de hacérselas llegar a los jueces del tribunal.
Éstos, sin embargo, no admitieron las 15.000 autoinculpaciones y declinaron reunirse con los miembros de la delegación vasca. Al parecer, la presidenta sí se habría mostrado dispuesta a hacerlo, pero su colega Nicolás Póveda, sobre cuyo proceder ya se ha dado cuenta en todo este tiempo, rechazó esta posibilidad de plano.
En cualquier caso, los representantes de 18/98+ anunciaron que guardarán esa ingente cantidad de documentos, y mostraron su disposición de entragárselos al tribunal cuando los magistrados así lo quieran.
Desde que el pasado otoño se diera inicio a esta campaña de autoinculpaciones, han sido muchas las personas que han depositado su firma y sus argumentos en los escritos habilitados para ello.
Control cuando volvían a casa
La persecución policial no se centró sólo en los integrantes de este grupo solidario, sino que también afectó a los propios procesados. Las dos furgonetas que regresaban a Bilbo desde Madrid fueron interceptadas a última hora de la noche en un control de la Guardia Civil en el peaje de la A-68 entre Laudio y Arrigorriaga. Uno de los vehículos, tras ser registrado minuciosamente, pudo seguir su camino una hora después.
El otro, sin embargo, permanecía detenido en el peaje al cierre de esta edición como consecuencia del desvanecimiento que sufrió uno de los encausados.
I. B.
