Esta semana ha comparecido en el juicio por los atentados del 11-M en Madrid el entonces comisario jefe de los desactivadores de explosivos de la Policía española, Jesús Sánchez, para declarar que descartaron desde el primer momento que el explosivo empleado fuera el que utiliza habitualmente ETA y que así lo fueron comunicando a sus superiores políticos.

Al hilo de esta noticia, el diario digital «Izaronews» -cercano a una sensibilidad jeltzale- informaba el jueves, citando fuentes de la Ertzaintza, de que la Policía autonómica conocía desde la misma mañana del 11-M los datos que manejaban los Tedax, «en virtud de `un pacto no escrito' entre los artificieros de todas las fuerzas policiales (Ertzaintza, CNP, GC y Mossos) que consiste en que independientemente de la unidad actuante y del lugar geográfico donde se produce un hecho crítico -una explosión, desactivación o hallazgo de un artefacto- los agentes intervinientes siempre comunican entre sí los datos relevantes del incidente, como sistema de detonación, explosivo, trampas etc., y ello al margen de tensiones políticas del momento o gobiernos de turno, porque `los políticos no se juegan el pellejo y los desactivadores sí'».

Según este diario digital, estos datos, unidos a otros que la Ertzaintza fue recibiendo de servicios de información y sumados a las declaraciones de Otegi, hicieron que esa misma mañana se llegara al convencimiento de que se trataba de un ataque yihadista. El encargado de transmitir estos datos a la cúpula del Departamento de Interior fue el entonces director de Investigación de la Ertzaintza, Natxo Ormaetxe. Y a él le llegaron también los mensajes de desconcierto de los especialistas policiales cuando comprobaron que al día siguiente el Gobierno de Lakua y el PNV seguían sin descartar a ETA. Según señala «Izaronews», Natxo Ormaetxe «declinó ratificar o desmentir» estos datos, «limitándose a confirmar la existencia `desde siempre' de esa relación de comunicación entre artificieros. `Además de fenomenal, me parece muy comprensible', añadió».

Una referencia mas a sumar

El dato ofrecido por «Izaronews» se convierte en una referencia más a sumar a las ya existentes y que hacen sospechar de la actuación de Lakua. El 25 de julio de 2004 GARA adelantaba que el Centro Nacional de Inteligencia español se había puesto en contacto con la Ertzaintza la misma mañana del 11-M para solicitarle información sobre posibles activistas yihadistas.

Con posterioridad, en los trabajos de la Comisión de Investigación del Congreso, el diputado del PNV Emilio Olabarria, le aseguraba a José María Aznar, que «responsables policiales del Ministerio del Interior, no de la superior jerarquía o de la más alta jerarquía, se dirigieron a responsables policiales de la Ertzaintza y a responsables policiales de los Mossos d'Esquadra preguntándoles, durante la mañana del día 11, qué sabían sobre terrorismo islamista en Euskadi y en Cataluña». Así puede leerse en el Diario de Sesiones correspondiente al 29 de noviembre.

Pese a tener esos datos desde la misma mañana del 11-M y a que al mediodía Arnaldo Otegi habló con Juan José Ibarretxe y con Josu Jon Imaz para asegurarles que la izquierda abertzale descartaba cualquier implicación de ETA en el atentado, el Ejecutivo de Lakua siguió alimentando las dudas.

El lehendakari fue el primer cargo institucional en señalar directamente a ETA a las 9,30 de la mañana del día 11. Por la tarde, pese a todos los datos, el Departamento de Interior insistía ante periodistas y políticos en esa autoría. El 12-M, Ibarretxe pedía por la mañana «información fehaciente sobre la autoría» y mantenía que las palabras de Otegi no eran suficientes. «Trasladar esas explicaciones -afirmaba- le correspondería única y exclusivamente a ETA». Por la tarde, la portavoz, Miren Azkarate, se negaba a comentar la llamada de ETA negando su participación. Todavía el 13, tras conceder verosimilitud a la llamada, Lakua se limitaba a decir que «cada vez cobra más fuerza» la hipótesis de Al Qaeda. Eso sí, el 14 de marzo, Ibarretxe denunciaba que Madrid había actuado «de mala fe», al «no haber dicho a tiempo quiénes eran los autores, porque era un acto de justicia para con las víctimas y para hacer un análisis político correcto».