El martes concluirá en la Audiencia Nacional el juicio por el sumario 8/97, uno de los mayores emprendidos por kale borroka. Tras una década de espera, la vista oral se ha desarrollado a velocidad vertiginosa y ha permitido constatar algo que los jóvenes llevaban tiempo denunciando: la inexistencia de prue- bas. En consecuencia, ayer reclamaron la absolución para todos.

La base de la imputación (que llevó a plantear inicialmente un total de 401 años de cárcel para doce personas, a cinco de las cuales se les pedían más de 56 años) procede de declaraciones de menores de edad que fueron incomunicados en dependencias policial y denunciaron haber sido torturados. Ahora, en el juicio, todos ellos «han negado lo declarado en su día», según destacaron ayer los acusados en una comparecencia en la que repasaron el desarrollo del juicio.

El resto de testigos no aportó «nada nuevo», añadieron. Y eso que la vista se ha convertido en una auténtica procesión de policías españoles, guardias civiles o ertzainas. «Por poner un ejemplo, el 9 de marzo testificaron 38 policías nacionales, dos ertzainas y un militar», recordaron. Pero todos se han limitado a remitirse a los informes elaborados hace nada menos que diez años, y siempre en base a las declaraciones autoinculpatorias hechas en los calabozos.

Por si ello fuera poco, «en algunas declaraciones se pudieron aportar pruebas en las que se demostraba que alguno de los inculpados no podía estar presente en las acciones que se nos atribuían».

Así las cosas, el fiscal rebajó el viernes la petición inicial en más del 75%. Retiró los cargos a dos personas; a una de ellas, Mikel Varela, se le pedían al inicio 37 años de cárcel, y en su día pasó además diez meses preso. La acusación de «colaboración con banda armada» ha decaído.

Una situación habitual

Los jóvenes, que comparecieron arropados por sus familiares y por miembros del movimiento pro-amnistía, hicieron una lectura más general de la situación para concluir que este tipo de juicios «jamás tendrían que haber empezado».

Así, detallaron que en ellos «las pruebas fundamentales son las declaraciones logradas mediante la práctica de la tortura, incluso a menores de 16 años», que «la falta de pruebas es evidente», que «la presunción de inocencia brilla por su ausencia» y que además «las peticiones son enormes para las pocas pruebas que se presentan».

Todo ello está muy directamente relacionado con la ubicación de estos procesos en la Audiencia Nacional española, del que dijeron que «es un tribunal que deja en evidencia la falta de garantías procesales para tener un juicio justo, que ampara la tortura, que vulnera los derechos civiles y políticos básicos y que persigue las ideas políticas, como ha quedado demostrado en el juicio 18/98». «La Audiencia Nacional no tiene cabida en un marco democrático», apostillaron como colofón.

El juicio concluirá este martes con la exposición de los informes finales de las partes. Atrás quedan decenas de detenciones, varios años de cárcel acumulados, diez años a la espera de la vista oral y la petición fiscal inicial de 401 años, ahora rebajada de forma muy considerable. Pero los acusados subrayan que no cabe otro desenlace que la exculpación general: «Estamos convencidos de que, con un criterio justo, esto debería terminar en absolución para todos».