Los conceptos en el debate sobre Nafarroa están tan tergiversados y desde hace tanto tiempo que los discursos políticos tienen poco que ver con la realidad de las cosas. Así, esta misma semana portavoces de UPN, del PSN y de Batasuna han coincidido en afirmar que la decisión sobre Nafarroa corresponde a los navarros, pero no hablan de lo mismo. Y probablemente hubo personas que salieron a la calle ayer pensando que reivindicaban precisamente eso.

La propia imagen de la marcha, plagada de banderas rojigualdas, clarifica conceptos: la iniciativa no reivindicaba que los navarros decidan, sino que los españoles continúen decidiendo por ellos. El lunes, Mariano Rajoy ya proclamó que «Navarra será lo que decidan los navarros y los españoles». Y a la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, se le «escapó» ayer algo parecido: «Navarra es de todos». ¿De todos?

A la clarificación tampoco contribuye la rueda de prensa de Josu Jon Imaz el miércoles en Iruñea, contraponiendo la decisión de la ciudadanía navarra con ETA como si fuese esta organización quien se la niega. Ni las comparecencias en Madrid de Uxue Barkos situando a Zapatero como una especie de valedor de la voluntad de la ciudadanía navarra.

La izquierda abertzale ha propuesto una fórmula de solución al conflicto basada en el respeto a la decisión de la ciudadanía navarra. Frente a ello, la única opción es el actual estatus, o sea, que el conjunto de los españoles decida qué es lo que tienen que ser los navarros, a los que por si acaso es mejor no preguntar. Un estatus que se impuso en 1512, 1839, 1936 ó 1982, siempre por la fuerza, y que ha logrado la adhesión que se vio ayer. Esos, y no otros, son los términos del debate. La marcha pro-española contribuye a visualizarlo.