En enero y marzo de 1992 el TSJPV dictó una sentencia revocando resoluciones anteriores que reconocían el carácter laboral de los contratos suscritos por la UPV y la nulidad del despido de cerca de cien profesores. Para el TSJPV los derechos laborales eran «circunstancias secundarias que han de ceder ante el superior valor de los intereses de una entidad pública». La razón de Estado se imponía una vez más. La mayoría de los afectados aceptaron el contrato administrativo, excepto nueve -que se convertirían un año después en seis- que nos declaramos al mismo tiempo objetores de conciencia al funcionariado e insumisos al contrato administrativo. Con la finalidad de abrir las puertas a todos los profesores que en un futuro aspirasen a un modelo contractual permanente no funcionarial.

Una vez despedidos iniciamos en solitario un largo camino de lucha que bajo el símbolo de nuestra pancarta ha consumido quince años. Nos vamos aquí a la exposición de los logros más importantes en el plano legal-institucional. Haciendo la salvedad de que esos resultados no son achacables en exclusividad a nuestros esfuerzos. También se derivan de la intervención de otros agentes y movimientos, y de la existencia de coyunturas y de pactos que los han hecho factibles.

En mayo de 1993 llegamos a un acuerdo con el rector Goiriena de Gandarias. Este acuerdo, que permitía nuestra incorporación a la UPV en unas condiciones justas, recogía una relación contractual ni laboral ni administrativa. Se demostraba, así, la posibilidad de modalidades de contratación en el marco de la autonomía universitaria. Su rechazo en la Junta de Gobierno -por dos votos- en absoluto anuló el sentido avanzado de esta experiencia histórica.

En mayo de 1995 la Junta de Gobierno de la UPV aprobó las Bases reguladoras de la Carrera del Profesorado. En ellas se contemplaba la creación de unas figuras de profesorado con contrato permanente equiparadas en derechos y deberes a la funcionariales vigentes. En octubre, una Comisión Técnica redactó la propuesta de memoria sobre el profesorado universitario, que no fue presentada en la Junta de Gobierno y el Gobierno de Gasteiz hizo caso omiso de ella.

En diciembre del 2001 el Parlamento español aprobó la Ley Orgánica de Universidades (LOU). En ella se introducía, por primera vez en la historia contemporánea de la universidad española, la contratación laboral. Otorgando a las comunidades autónomas una amplia capacidad para la creación de figuras temporales y permanentes con régimen laboral. Sin embargo, restringe su acceso a los órganos de gobierno universitarios, otorgando enorme poder a los cuerpos de funcionarios doctores, corriendo el peligro de convertirse en un profesor de segunda categoría.

En febrero del 2004 el Parlamento de Gasteiz aprobó la Ley vasca de Universidades. En ella se contemplan figuras propias de profesor contratado equiparadas a las funcionariales. En su articulo doce obliga a la UPV a «asegurar la presencia en los órganos de gobierno del personal contratado en condiciones equilibradas con el personal perteneciente a los cuerpos docentes universitarios». El Gobierno central (PSOE) presentó un recurso de anticonstitucionalidad contra varios artículos, paralizando su desarrollo en el aspecto clave del profesorado propio. Dos años mas tarde, como fruto de la negociación entre el PSOE y el PNV, este recurso sería retirado. Se dejaba de ese modo vía libre para el desarrollo de las figuras laborales y la puesta en marcha de las disposiciones transitorias que permiten a los antiguos contratados administrativos su incorporación a la condición de profesores permanentes.

En la actualidad se tramita en el Senado español el proyecto de reforma de la LOU, que mejoraría la representatividad de los contratados. También se están llevando a cabo negociaciones entre el Gobierno Vasco y los sindicatos en relación con los decretos que desarrollan la «ley Iztueta» en los aspectos relativos al profesorado contratado.

Nos encontramos pues a las puertas de ver materializarse algunos de los objetivos por los que emprendimos nuestra lucha. Para nosotros el contrato laboral es la base estructural para construir la categoría política de Profesorado Propio. En este sentido las declaraciones efectuadas en el Senado por el rector de la UPV Juan Ignacio Pérez aceptando que «la relación funcionarial para el profesor en los tiempos que corren no tiene ningún sentido» y abogando por una única figura de profesorado -supuestamente, laboral- nos complacen mucho. Van, aunque probablemente con presupuestos distintos a los que defendemos, en la dirección que siempre hemos formulado como objetivo estratégico. Resulta reconfortante que aquello que en otros tiempos se calificaba de imposible, hoy sea presentado como pleno de sentido para las autoridades universitarias y los nacionalistas vascos.