Al cumplirse ayer un año del anuncio de alto el fuego permanente, Txema Montero -coordinador de la tribuna de debate de la Fundación Sabino Arana- comentaba en Radio Euskadi que «nunca ETA, en ningún proceso de paz, dio tanto y recibió tan poco». El abogado -que mantiene relaciones con expertos internacionales en mediación de conflictos- añadió que se imaginaba a la dirección de la organización armada «observando con estupefacción la subasta a la baja entre el PP y el PSOE para ver quien había hecho menos durante un proceso de paz».

Cuando ETA hizo pública su decisión de acallar sus armas, anunció que lo hacía con la intención de «impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para que mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, el pueblo vasco pueda realizar el cambio político que necesita». Nadie se escandalizó del contenido político que tenían el primer párrafo del comunicado y todos los restantes. De hecho, «El País», en su editorial, señaló que «el tono general del escrito, relativamente sobrio y bastante medido, parece indicar que se trata de un texto pactado. Lo que remite a la existencia de alguna forma de contacto previo, directamente o a través de intermediarios». El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que ha estado en los entresijos de los contactos con la izquierda abertzale en los últimos años, declaraba tener «fe ciega en que este proceso de paz va a salir porque sus cimientos están muy bien construidos».

De todo ello cabe deducir la aceptación por todas las partes del contenido político del proceso y la existencia de acuerdos previos e, incluso, cabe pensar que se habría fijado algún tipo de calendario. El 10 de julio de 2006 GARA publicaba que el Gobierno español se comprometió a respetar las decisiones que adopten los ciudadanos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa sobre su futuro y a adoptar diversas garantías para el proceso, como no efectuar detenciones, disminuir la presencia policial y aceptar de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale pudieran desarrollar la vida política en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales, sin limitaciones de derechos civiles y políticos. ETA, por su parte, se comprometió a no realizar acciones contra personas y bienes ni actos de abastecimiento de armas y explosivos. Hubo, por tanto, bases políticas, de meros principios democráticos a desarrollar después por los partidos, y garantías «técnicas».

En público, el Gobierno español ha negado siempre la existencia de este acuerdo. En conversaciones privadas con políticos vascos, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido la versión de que ésa es la interpretación que ETA hizo de las conversaciones que dieron paso al alto el fuego.

Pronto se vio, sin embargo, un interés por desfigurar mediáticamente los contenidos del proceso. No había pasado ni una semana desde el anuncio de alto el fuego cuando el Gobierno ya comenzaba a realizar filtraciones a medios afines para centrar los contenidos en claves de «paz por presos». Y al tiempo que desde sus periódicos amigos el Ejecutivo anuncia la inminencia de una reunión con ETA, siempre en esos términos, el balance real de los tres primeros meses de la tregua es de 35 detenciones, 20 actos prohibidos, 10 accidentes por la dispersión y no menos de 300 controles policiales en las carreteras vascas.

Mientras le fue posible, la «estrategia informativa» del Ejecutivo de Zapatero trató de eludir los contenidos políticos. Sin embargo, a finales de mayo se produce una crisis al citar la Audiencia Nacional a declarar, por iniciativa del fiscal, a ocho mahaikides. El difícil momento se supera con un declaración pública de Patxi López reconociendo a la izquierda abertzale como interlocutor, anunciando una futura reunión y mostrando la necesidad de pasar de la fase de contactos a la de negociaciones incluyentes. Había, además, un compromiso con la izquierda abertzale para tratar y trabajar unas bases mínimas que den inicio al proceso de diálogo y negociación antes del 31 de julio. Como ya era ineludible hablar de las reuniones entre partidos, la propaganda del PSOE se dirigió a centrar la cuestión en la necesidad de legalización de Batasuna para que fuera posible un diálogo directo con la izquierda abertzale. Primero se acuña el concepto de «pasar por el aro» y después se lanza la especie de que la formación independentista estaba dispuesta a legalizarse pero que sus bases más radicales lo impidieron.

Pasado el plazo del 31 de julio sin inicio de negociaciones y sin cumplimiento de otros acuerdos, a mediados de agosto tanto Batasuna como ETA denuncian la crisis del proceso. Tras las primeras declaraciones de manual de los partidos, lo cierto es que a partir de setiembre comienzan las conversaciones discretas entre las formaciones para tratar de buscar un acuerdo de mínimos que impulse definitivamente el proceso.

En esta fase, las filtraciones interesadas que salen de fuentes gubernamentales se centran en primer lugar en alimentar la idea de que las conversaciones van por buen camino para, a las pocas semanas, hablar de los obstáculos que pone la izquierda abertzale, bien porque no acepta «mayorías transversales» como proponen el Partido Socialista y el PNV (cuando lo cierto es que la propia Batasuna defiende que los acuerdos no se podrán fijar si no participan de ella las dos sensibilidades o tradiciones políticas existentes) o bien porque, de pronto, se dice que eleva el listón de sus exigencia por orden de ETA.

Lo cierto es que lo que produce el bloqueo es el pulso sobre su definición, sobre si es un proceso político de normalización democrática o la simple disolución de una organización armada. Incluso las referencias a la influencia de la kale borroka o el robo de pistolas en Nimes son más utilizadas en las declaraciones públicas que en las reuniones privadas. En esas conversaciones entre los partidos se producen avances, pero encallan al intentar concretar las garantías de que no haya nuevas marchas atrás.

Resulta llamativo que cuando en las conversaciones internas las cosas se ponen feas, la maquinaria informativa del Gobierno se centre en infundir optimismo a la sociedad. Por su impacto, se recordará por mucho tiempo la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en vísperas del ataque contra el aeropuerto de Barajas. Pero cabe recordar que pocas semanas antes tanto el Ejecutivo como el PSE lanzaron coordinadamente el mensaje de que no preveían una ruptura del proceso y lo hicieron en clave propagandística.

El atentado de la T4 supone, evidentemente, un punto de inflexión. La muerte de dos personas, aunque no deseada por ETA, además de ser una desgracia irreparable, introduce un cambio cualitativo en los efectos de la bomba.

El Gobierno español y el PNV -no así el Ejecutivo de Lakua en sus primeras declaraciones- dan por roto el proceso. Aunque hoy se admite de forma generalizada que lo que cabe entender es que ha entrado en una fase distinta. Casi todos los mensajes se centran en la necesidad de que ETA ofrezca mayores garantías que las que antecedieron a la declaración de alto el fuego del 22 de marzo de 2006. Pero a nadie se le puede escapar que si la organización armada consideró que el proceso se había deteriorado de tal manera que decidió poner una bomba de semejantes dimensiones, también estará pensando en que el Gobierno de Rodríguez Zapatero deberá afianzar más sus compromisos si de verdad está interesado en alcanzar una paz duradera.

Una derivada del atentado del 30 de diciembre es que desde ámbitos cercanos al Ejecutivo de Zapatero se ha empezado a utilizar como un elemento propagandístico siguiendo el estilo de los manuales de contrainsurgencia. Ahora resulta que para enero había planes de hacer todo lo que no se había hecho durante los meses anteriores. Se dice y se escribe que ya estaba diseñado un plan de acercamiento de presos y de excarcelación de aquellos que estaban enfermos. Y se dice y se escribe también que, en las condiciones anteriores al atentado de la T4, la legalización de un partido de la izquierda abertzale para las próximas elecciones era poco menos que un mero trámite administrativo.

Y esto nos devuelve a la cuestión de la desnaturalización del proceso. El discurso oficial se centra ahora en que ETA dé el paso hacia su final definitivo o que, como alternativa, Batasuna muestre su rechazo a ETA. Incluso los hay que andan con una regla midiendo las declaraciones de Arnaldo Otegi u otros dirigentes y encontrando en ellas novedades prodigiosas aunque siempre insuficientes. Y estas condiciones se consideran imprescindibles tanto para el avance del proceso como para una hipotética presencia de la izquierda abertzale en los futuros comicios.

Lo grave es que esta confusión de planos se produce en un momento en el que la izquierda abertzale ha hecho un esfuerzo por presentar una propuesta que parte de la realidad actual, que puede ser mayoritariamente aceptada y que además -según asegura- conduce a la superación definitiva del conflicto y de sus consecuencias.

Ante esta oportunidad histórica, el triángulo que se suponía conformaban el PSOE, el PNV y Batasuna vuelve a convertirse en una línea recta en uno de cuyos extremos se sitúan la Moncloa y Sabin Etxea y en el otro la izquierda abertzale (que como es ilegal no tiene sedes oficiales). Y cada cual tira de su lado de la cuerda apurando tiempos. El Gobierno cree que le puede resultar rentable para quebrar la posición de la izquierda abertzale chantajearle con la negativa a aceptar candidaturas independentistas en las próximas elecciones. Junto a él, el PNV -pese a mantener un discurso en contra de la Ley de Partidos- se suma al discurso del PSOE, quizá porque desde el punto de vista partidista no le interese ni una futura autonomía a cuatro, ni que la izquierda abertzale demuestre que el marco autonómico es superable ni que esté presente en los ayuntamientos y juntas generales. Entre tanto, también la izquierda abertzale trata de hacer valer las consecuencias futuras que tendría volver a quedar excluida.

En este contexto tan enmarañado se juega estos días una partida crucial para el futuro de Euskal Herria. Y volviendo a las palabras de Txema Montero sobre que «nunca ETA había dado tanto», lo cierto es que la izquierda abertzale le ha puesto sobre la mesa al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la mejor oferta que haya tenido nunca un Ejecutivo español para conseguir una paz justa y duradera. «La paz -decía esta misma semana Arnaldo Otegi- se puede estar rozando con la punta de los dedos». Para ello hay que admitir la naturaleza política del conflicto y de su solución.